Contexto Internacional

El pasado 19 de octubre, en Canadá se celebraron elecciones generales por medio de las cuales se renovó el Parlamento, posterior a que el primer ministro Stephen Harper lo disolvió el pasado 2 de agosto. Después del periodo de campaña más largo en la historia electoral de Canadá, y dentro del cual se dio una variación considerable en las tendencias de voto para los principales contendientes, el Partido Liberal ganó la mayoría absoluta, con lo cual Justin Trudeau—hijo del ex primer ministro Pierre-Elliott Trudeau—se convirtió en el nuevo primer ministro canadiense. Adicionalmente, con esta victoria de los liberales se puso fin a casi una década de gobierno del Partido Conservador (PC) en la persona de Stephen Harper. Con estos resultados, los analistas internacionales esperan un giro considerable no sólo en la política interna canadiense sino también en el ámbito internacional, que moderen o incluso reviertan algunos de los posicionamientos que distinguieron la política exterior de Canadá durante el mandato del primer ministro Harper.

El 19 de octubre pasado, el gobierno de Estados Unidos decidió bloquear 15% de los fondos anuales que destina a la cooperación en materia de seguridad con México a través de la Iniciativa Mérida, establecida en 2008. La decisión fue tomada debido a que, en opinión del gobierno estadounidense, hay preocupación por la situación de derechos humanos en México. Cabe hacer mención que el porcentaje de los fondos requerido está condicionado al cumplimiento, por parte del gobierno mexicano, de determinados criterios en materia de protección y defensa de los derechos humnaos. Sin embargo y de acuerdo con el vocero adjunto del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, este año no se pudo comprobar dicho cumplimiento; en consecuencia, de los 148 millones que corresponderían originalmente a la Iniciativa Mérida, cinco millones se reprogramaron a tareas de erradicación de cocaína en Perú.

A partir de lo expuesto, la presente nota informativa describe las razones e implicaciones detrás de la suspensión de dichos fondos. Para ello, se expone de manera breve los objetivos y líneas de acción de la Iniciativa Mérida, los argumentos de Washington para justificar la suspensión y la respuesta de México ante la medida. Finalmente, y a partir de las opiniones de algunos especialistas, se presentan algunas consideraciones sobre la forma en que la reducción de los fondos afectará la operación de la Iniciativa.

Los jefes de Estado y de gobierno de la UE se reunieron el pasado 15 de octubre en Bruselas. En dicha reunión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció la construcción de un Plan de Acción Conjunto con Turquía para frenar la llegada a la Unión de refugiados provenientes principalmente de Siria. Sin embargo, aún falta concretar formalmente el acuerdo sobre el Plan de Acción, por lo cual, la canciller alemana Angela Merkel, ha entablado negociaciones directas con el gobierno de Ankara. El citado Plan obedece a que Turquía es el principal país de tránsito por donde pasan los migrantes en su intento por llegar a Europa. Ante esta coyuntura, Turquía está exigiendo el cumplimiento de ciertas condiciones para la concreción de este Plan (como la aceleración de su proceso de adhesión a la UE, la liberación de visados, entre otros), mientras que la UE afirma que Turquía deberá respetar el Acuerdo de Reasentamiento de 2013, el cual entrará en vigor entre 2016 y 2017 y establece que el país de Medio Oriente está obligado a aceptar a los migrantes indocumentados que hayan pasado por su país y arribaron a territorio de la UE. Por los motivos anteriores, el 18 de octubre, la canciller alemana visitó Turquía con la intención de solicitar su apoyo en la gestión de la crisis migratoria por medio del Plan de Acción, a cambio de lo cual prometió respaldar algunas de las solicitudes del gobierno del presidente Erdogan.

El pasado 9 de octubre, el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez—organización conformada por cuatro organizaciones de la sociedad civil—recibió del Comité Nobel Noruego el Premio Nobel de la Paz por haber contribuido a la construcción de la democracia pluralista en su país. Ello a partir del arduo y complicado diálogo nacional que impulsó entre laicos e islamistas a partir de la caída del gobierno del entonces presidente Zine el Abidine Ben Alí en enero de 2011, después de algunas semanas de movilizaciones sociales que marcaron el inicio del fenómeno conocido como la “Primavera árabe” en Oriente Medio y el Norte de África.

El pasado 30 de septiembre, el Senado de Rusia aprobó la participación activa de su fuerza aérea en operaciones militares contra objetivos en Siria. Ese mismo día, Moscú lanzó sus primeros ataques aéreos, decisión que, el gobierno ruso apuntó, se tomó después de que el presidente sirio, Bashar al Assad, solicitara ayuda militar para luchar contra los terroristas, y argumentó que los ataques tenían el objetivo de combatir al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y a otros grupos terroristas. Sin embargo, Estados Unidos señaló que los ataques aéreos rusos no estuvieron dirigidos a posiciones del Estado Islámico sino, más bien, de los grupos rebeldes que pugnan por la caída del gobierno de Assad, y que reciben entrenamiento y financiamiento estadounidense. La intervención abierta de Rusia tiene lugar después de cuatro años de guerra civil en Siria, en el marco de la cual se contabilizan aproximadamente más de 250 mil muertos y cuatro millones de desplazados, quienes han protagonizado una de las crisis más severas de refugiados en Europa. La presencia generalizada del Estado Islámico en territorio sirio2 complica aún más el escenario de un país con creciente injerencia, a partir de intereses encontrados, de Estados Unidos y Rusia.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), es la negociación comercial más grande y ambiciosa de la historia. Agrupa a 12 países en ambos litorales del Océano Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam . Juntas, esas economías representan aproximadamente el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial, con un total aproximado de 28 billones de dólares y una población de poco menos de 800 millones de personas. Asimismo, representan aproximadamente el 27% de las importaciones y el 24% de las exportaciones mundiales.

El pasado 25 de septiembre, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda aprobada por 193 países reunidos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible, y se enfoca en cinco áreas: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la asociación. Las nuevas metas de la ONU afectan a múltiples aspectos de la vida humana y de su entorno, fijan sistemas de revisión de cumplimiento cada cinco años y, por primera vez, ligan a países desarrollados y en desarrollo.  Por medio de la resolución titulada “Transformando el mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable”, los Estados miembros de Naciones Unidas reconocieron que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirmaron que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Cabe decir que los ODS fueron aprobados para un periodo de 15 años y entraran en vigor el 1 de enero de 2016, en sustitución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos en el año 2000.

El 24 de septiembre la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas, se declaró competente para examinar la demanda de Bolivia contra Chile para obtener una salida soberana al mar. La resolución se leyó en un acto público por el presidente de la Corte, Ronny Abraham, en el Gran Salón de la Justicia del Palacio de la Paz, en La Haya. De acuerdo con el juez Abraham, la Corte desestimó la objeción preliminar presentada por Chile. De los 16 jueces que componen la Corte, 14 votaron por declarar que ésta tiene competencia para abordar la demanda marítima de Bolivia, en la cual el país andino solicitó declarar la obligación del gobierno chileno de negociar un acceso boliviano al Océano Pacífico. El fallo es de carácter inapelable. El evento fue seguido en La Paz y Santiago por los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, acompañados de sus respectivos ministros. A la luz de estos acontecimientos, el objeto de esta nota informativa es enunciar los aspectos más sobresalientes del conflicto fronterizo entre ambos países, reseñar el contenido del fallo de la Corte, explicar cuál es el proceso a seguir a partir de la publicación del fallo y describir las posiciones del gobierno chileno y del boliviano ante el mismo.

Del 19 al 27 de septiembre, el papa Francisco realizó una visita a Cuba y a Estados Unidos. En su primer destino, destacan las reuniones con el mandatario cubano, Raúl Castro, y con el líder revolucionario, Fidel Castro. En EEUU, además de reunirse con el presidente Barack Obama, asistió a una sesión conjunta del Congreso y a la sede de las Naciones Unidas, donde pronunció sendos discursos. Además de los encuentros oficiales, durante su gira sostuvo encuentros con obispos, organizaciones de la sociedad civil, niños y familias inmigrantes, así como con otros sectores de la población cubana y estadounidense. De acuerdo con Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, el significado de la visita del papa Francisco a Cuba y Estados Unidos puede resumirse en las siguientes ideas: “paz, reconciliación y construcción de puentes, […] particularmente, la paz como la palabra más indicativa”. 1 Si bien el viaje es considerado histórico debido a la participación activa de la Santa Sede como promotor de las negociaciones que llevaron al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, los discursos del papa Francisco en ambas naciones abarcaron muchos más temas: reiteró su inquietud por el medio ambiente, la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la migración, la democracia, la libertad, la familia, entre otros.

El pasado 1 de septiembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó formalmente al Congreso de la Unión el Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A partir de este hecho, y de conformidad con sus facultades constitucionales, el Senado de la República citará a comparecer a distintos secretarios de Estado con motivo de la glosa del informe. Dentro de las referidas facultades también se encuentra aquella de “analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso”. A fin de apoyar a las senadoras y senadores de la República en el cabal cumplimiento de esta responsabilidad constitucional, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques publica mensualmente, a partir del inicio del presente año, el Observatorio de Política Exterior, mediante el cual se concentra y se reseña la actividad internacional del Ejecutivo federal. El Observatorio de Política Exterior clasifica la política exterior en cinco grandes categorías: 1) actividad multilateral; 2) giras, visitas, reuniones de trabajo y suscripción de instrumentos internacionales; 3) negociaciones comerciales; 4) cooperación internacional; y 5) migración y asuntos fronterizos.