Contexto Internacional

Si bien Alemania es el principal país de destino elegido para solicitar asilo por parte de los migrantes sirios, afganos e iraquíes que escapan de la violencia en sus países, las rutas para llegar a territorio germano se han vuelto cada vez más complicadas debido a que Hungría y otros países de tránsito para los refugiados han estado limitando los cruces en sus fronteras desde mediados de septiembre. Por ello, las personas en necesidad de protección internacional han buscado alternativas para llegar hacia Alemania u otros países de Europa Occidental; una de éstas ha sido Croacia, cuyas autoridades se han visto sobrepasadas para hacer frente a los numerosos flujos de personas. Simplemente, el pasado agosto representa el quinto mes consecutivo en el año que se ha alcanzado un nuevo récord en las entradas de migrantes a la Unión Europea (EU) con un total de 156 mil, lo cual se suma a los 500 mil de este 2015. Estas cifras son alarmantes, si se considera que tan sólo en 2014 se contabilizó la entrada de 280 mil;1 por lo que el flujo de este año ya ha duplicado al del pasado.

El 11 de septiembre pasado, el Secretario General de Naciones Unidas presentó el informe El futuro de las operaciones de paz de las Naciones Unidas: aplicación de las recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz. El informe contiene las nuevas premisas para guiar el trabajo de las operaciones de paz de dicho organismo, formuladas sobre la base de las recomendaciones que hizo un grupo independiente liderado por el ex presidente de Timor del Este, José Ramos-Horta. El Grupo consideró diversas cuestiones que afectan a las operaciones de paz, entre ellas, la naturaleza cambiante de los conflictos, la evolución de los mandatos, la planificación, los derechos humanos y la protección de los civiles. El examen abordó tanto las operaciones para el mantenimiento de la paz como las misiones especiales, a las que se denomina, de forma conjunta, “operaciones de paz de las Naciones Unidas”.  

A través del informe, Ban Ki-moon solicita dar prioridad a la prevención y a la mediación, hacer que las operaciones de paz sean más rápidas, flexibles y responsables ante los países en conflicto. Pugna por la adopción de un acuerdo marco global para afrontar los desafíos actuales a la paz y la seguridad, compromiso en el que pide el apoyo de los Estados miembros y destaca el reforzamiento de la colaboración entre Naciones Unidas y la Unión Africana (UA). El informe destaca la participación de la mujer en la prevención y solución de conflictos, y plantea una serie de medidas para impedir casos de explotación sexual y abuso por parte de personal participante en operaciones de paz.

El 10 de septiembre del 2015, El Tribunal Supremo de Venezuela declaró culpable al opositor político Leopoldo López, por considerarlo responsable de instigar a la violencia en las manifestaciones antigubernamentales del primer semestre de 2014 en distintas ciudades del país sudamericano, las cuales provocaron la muerte de cuarenta y tres personas y cientos de heridos. Preso desde que se entregó a las autoridades venezolanas en febrero del año pasado, López ha continuado su activismo político por medio de cartas a sus simpatizantes, una huelga de hambre durante junio del presente año, y la campaña, por parte de su esposa Lilian Tintori, de difundir internacionalmente el caso de López.

En el Palacio de Justicia en Caracas, Leopoldo López, quién repetidamente ha negado ser el responsable de las guarimbas—barricadas callejeras y la destrucción de la propiedad gubernamental en el contexto de las manifestaciones—escuchó la sentencia que lo condena a permanecer 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas en prisión, que cumpliría en la prisión militar de Ramo Verde, el centro penitenciario en el que se encuentra desde su encarcelamiento en febrero de 2014. Esta sentencia ha acaparado la atención internacional y ha sido criticada por considerarse que el proceso tuvo motivaciones políticas y adoleció de las garantías básicas del debido proceso

El domingo 13 de septiembre, un autobús que transportaba a un grupo de turistas mexicanos hacia el oasis de Bahareya, situado en medio del desierto y a 370 kilómetros al sur de la capital egipcia, fue atacado por helicópteros y aviones del Ejército. La agresión, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior de Egipto resultó en la muerte de 12 personas. A partir de la primera información que se divulgó sobre el accidente, las autoridades egipcias contabilizaban a 7 nacionales mexicanos entre los 12 fallecidos; sin embargo, y de conformidad con la conferencia de prensa que, en la mañana del 14 de septiembre, ofreció la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz-Massieu Salinas, el gobierno mexicano sólo confirmó el deceso de dos connacionales, al tiempo que reporta 6 heridos hospitalizados. La mañana del martes 15 de septiembre, sin embargo, la Cancillería actualizó las cifras, confirmando la muerte de 8 nacionales mexicanos en el incidente.

Aunque el gobierno egipcio ha reconocido su responsabilidad en el ataque, autoridades de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores han señalado que el grupo de turistas mexicanos se encontraba en una zona restringida, donde las fuerzas armadas y de policía se encontraban llevando a cabo un operativo para identificar y neutralizar a presuntos terroristas, miembros de la organización del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Por parte del gobierno de México, la canciller anunció que, siguiendo instrucciones del presidente Peña Nieto, desplegaría mayor personal diplomático en el país africano, a fin de atender a cabalidad todas las necesidades de los nacionales mexicanos que fueron víctimas del ataque.

El 19 de agosto tuvo lugar un ataque contra militares en el estado fronterizo de San Antonio del Táchira en Venezuela, donde reside un nutrido grupo de ciudadanos colombianos que cruzó la frontera como consecuencia de los conflictos armados en Colombia durante la década de los 60. De acuerdo con el gobierno venezolano, el ataque fue perpretado por paramilitares o contrabandistas colombianos; por lo tanto, esgrimiendo la necesidad de proteger la seguridad del país como argumento, el presidente Nicolás Maduro declaró un estado de excepción en varios municipios de la zona y ordenó el cierre indefinido de las fronteras entre el estado de Táchira y el departamento colombiano del Norte de Santander, donde se encuentran los principales puntos de cruce entre ambas naciones sudamericanas.

Asimismo, el mandatario venezolano decretó una mayor presencia militar en la región, con la intención de buscar a los responsables del atentado contra los uniformados venezolanos. Como resultado de las operaciones de vigilancia en la zona, las autoridades venezolanas detuvieron y deportaron a varios inmigrantes colombianos no autorizados. Sin embargo, conforme se fue incrementando la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada, se han generalizado los reportes de desalojos y deportaciones colectivas de ciudadanos colombianos, independientemente de su estatus migratorio. Esta situación ha agudizado la tensión que ha marcado las relaciones entre Caracas y Bogotá durante los últimos años, lo que ha llevado a Colombia a buscar el apoyo internacional para frenar las deportaciones y garantizar que los derechos de sus nacionales y los de sus familias sean respetados por parte del gobierno de Venezuela.

Del 24 al 27 de agosto se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, la Primera Conferencia de los Estados Parte (1CEP) del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés). Anterior a la fecha de entrada en vigor del ATT, México fue elegido para fungir como secretario provisional del Tratado y para presidir el proceso preparatorio de la 1CEP. Más de 120 representantes de los países miembros, organismos internacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, y algunos académicos, se reunieron con el objetivo de definir un régimen institucional para el funcionamiento e instrumentación del Tratado. Al concluir el encuentro, los Estados parte del ATT adoptaron el Reglamento de las Conferencias; el mecanismo de financiamiento o Reglamento Financiero; el Reglamento de la Secretaría; la sede permanente; y eligieron al titular de la Secretaría Permanente en la persona de Dumisani Dladla de Sudáfrica. Asimismo, se presentó un proyecto de formato de los informes nacionales. Debido a los relevantes avances y a las normas aprobadas, la Primera Conferencia fue calificada por el gobierno de México como un éxito.

El ATT fue adoptado en Nueva York, el 2 de abril de 2013, mediante la Resolución 67/234B de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Compuesto por 28 artículos, el Tratado tiene por objeto, según lo establece en su artículo primero, establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posibles para regular de mejor manera el comercio internacional de armas convencionales, así como, prevenir su desvío y eliminar su tráfico ilícito con el fin de contribuir a la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional. El instrumento entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, después de que se alcanzaran las 50 firmas necesarias para tal propósito.

El martes 8 de septiembre, el Senado de la República recibe en sesión solemne, la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes. Cabe destacar que la visita se da tan solo cinco meses después de que, el 18 de marzo pasado, Almagro fuese designado para sustituir a José Miguel Insulza. Igualmente, esta visita se da en el marco del proceso de reforma que se está llevando a cabo en el seno de la OEA, como respuesta a una crisis de credibilidad del organismo. Esta crisis y su consecuente reforma ocurren, a su vez, en medio de un proceso más general en el continente americano, caracterizado por la proliferación de nuevos esquemas multilaterales como la UNASUR, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza del Pacífico, lo que en opinión de algunos especialistas refleja la existencia de diversas razones por parte de las naciones americanas para construir más mecanismos de concertación entre vecinos.

Partiendo de la importancia inherente a la visita al Senado de la República del secretario general de la OEA, la organización más antigua del continente, la presente nota informativa, además de presentar una semblanza biográfica del secretario Almagro, comenta los aspectos más relevantes del proceso de reforma de la organización, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como organismo autónomo de la misma para, finalmente, esbozar algunas perspectivas a futuro de la organización.

Cada cinco años, desde el 2000, la Unión Interparlamentaria (UIP) organiza una Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Estas conferencias han sido concebidas y se realizan en conexión con las grandes cumbres de las Naciones Unidas. Como tales, tienen como objetivo realizar un balance de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad internacional y aportar una contribución parlamentaria a su solución. Del 31 de agosto al 2 de septiembre pasados, se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Al encuentro asistieron los líderes de los parlamentos de 140 países, los cuales suscribieron, al término de la Conferencia, la Declaración Final “Poner a la democracia al servicio de la paz y el desarrollo sostenible, construir el mundo que los pueblos quieren”. El documento está dividido en cuatro grandes temas: Nuestro mundo hoy, Democracia, Desarrollo Sostenible y Cooperación internacional.

En el documento final, los presidentes reconocieron que se necesitan esfuerzos fuera de lo común para construir un mundo libre de la guerra, la pobreza y el hambre; un mundo en el que cada individuo satisfaga sus necesidades y realice su potencial humano preservando el planeta para las futuras generaciones, y en el que sus derechos, libertades y dignidad sean plenamente respetados. Con tal motivo, refrendaron que la UIP es un espacio de gran importancia para dar voz a las inquietudes de los pueblos y para manifestar su determinación a desempeñar un papel frente a los desafíos del mundo de hoy, dando una dimensión democrática tangible a los esfuerzos colectivos destinados a construir un mundo mejor. La presente nota informativa reseña algunos de los principales aspectos que se discutieron durante la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, y que fueron plasmados en la Declaración final.

En medio de la mayor crisis política guatemalteca desde la vuelta a la democracia en 1985, el miércoles 2 de septiembre renunció el presidente Otto Pérez Molina, quien ha sido señalado como parte una red de defraudación fiscal al Estado guatemalteco; por lo que el ex mandatario tendrá que enfrentar un proceso judicial, para lo cual ya ha sido aprehendido. La denuncia de esta red de corrupción —conocida como “La Línea”— que incorporó a altos oficiales del gobierno de Guatemala se hizo pública en los medios guatemaltecos a partir de abril del presente año. Se trató de la primera vez en la historia contemporánea del país centroamericano, en que el presidente en funciones renunció a su cargo, un día después de que el Congreso de Guatemala decidiera retirarle la inmunidad en vista de las acusaciones en su contra. Así, en las próximas semanas, Pérez Molina se enfrentará cargos de asociación ilícita y cohecho pasivo. Cabe destacar que esta coyuntura se ha desenvuelto en el marco del proceso hacia las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebró el pasado 6 septiembre. En ese tenor, la presente nota de coyuntura tiene como objetivo analizar los acontecimientos y el desarrollo del proceso político–jurídico que derivó en la renuncia del presidente, reseñar la participación de los actores principales y esbozar posibles escenarios frente a la celebración de los comicios nacionales. Adicionalmente, se presenta como Anexo una cronología detallada de la evolución de los acontecimientos que desembocaron en la renuncia del presidente guatemalteco.

El 21 de agosto pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer la Estrategia de seguridad marítima para Asia-Pacífico, documento en el que se reconoce la importancia de la región y su dominio marítimo para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Explícitamente, en el texto de la estrategia se apunta que “tal como lo hacen las fuerzas estadounidenses en todo el mundo, el Pentágono continuará volando, navegando y operando allí donde el derecho internacional lo permita, con el fin de preservar la paz y la seguridad de la región Asia-Pacífico.”

El documento, titulado Estrategia de seguridad marítima para Asia-Pacífico: Consiguiendo los objetivos de seguridad nacional estadounidense en un entorno cambiante articula tres objetivos marítimos generales para la región: salvaguardar la libertad de los mares; disuadir a los conflictos y la coacción; y promover la adhesión a las normas internacionales.