Contexto Internacional

Si bien aplazadas hasta junio de 2015, las negociaciones entre el P5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia- los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más Alemania) e Irán en relación con el programa nuclear de este último, alcanzaron un acuerdo preliminar sin precedentes anunciado el 2 de abril pasado en Lausana, Suiza, con la participación como entidad facilitadora de la propia Unión Europea (UE). Luego de varios meses de complejas negociaciones para la implementación del Plan de Acción original acordado en Ginebra en noviembre de 2013, las partes consiguieron sentar las bases para lo que podría ser un acuerdo histórico en la materia a alcanzarse de manera definitiva a más tardar el 30 de junio de 2015. Por primera vez, señalan expertos, Irán ha aceptado reducciones sustanciales y limitaciones relevantes sobre su capacidad para producir material fisionable para armas nucleares por un periodo de 10 a 15 años, además de admitir inspecciones y monitoreo internacional de su programa nuclear por más de 25 años. A cambio, Irán se beneficiaría del retiro gradual de las sanciones que impusieron conjuntamente los Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Túnez conmemoró su independencia el pasado 20 de marzo, en medio del luto nacional por un brutal ataque. El pasado 18 de marzo, tres hombres trataron de irrumpir en la Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez. Al no poder ingresar a las instalaciones asesinaron a cerca de 20 turistas extranjeros y 3 ciudadanos tunecinos. Luego, se trasladaron al Museo del Bardo donde mantuvieron cautivos a varios rehenes. Los hechos han sido calificados por el gobierno tunecino como actos terroristas perpetrados por ciudadanos musulmanes de orientación salafista y entrenados por el Estado Islámico y la organización Al Qaeda, que han retornado al país después de una estancia en otros países en conflicto de la región, especialmente de Siria. Se trata, sin la menor duda, de una grave amenaza para el proceso de transición democrática iniciado en 2011, la estabilidad política alcanzada entre los miembros de la coalición gubernamental conformada recientemente el mes pasado, así como la seguridad de los ciudadanos del país que, para muchos, constituye el ejemplo más exitoso de consolidación de cambios políticos y sociales a partir de las denominadas Primaveras Árabes. Esta nota de coyuntura ofrece el perfil político del gobierno en coalición recientemente conformado y encabezado en los tres principales poderes –gobierno, mayoría parlamentaria y la presidencia de la República- por el partido laico Nidaa Tounes (El llamado de Túnez, en español). Asimismo, analiza los factores que podrían amenazar la democracia tunecina, enfocándose especialmente en dos: la participación de los movimientos islamistas durante el periodo de gobierno de la agrupación política islamista Ennahda en el periodo 2011-2013 y la cercanía geográfica con Argelia y Libia, países cuya inestabilidad política ha influido recientemente en la sociedad tunecina. Finalmente, plantea los retos sociales, económicos y de seguridad a los que se enfrenta el laicismo, principalmente tras los atentados terroristas y el resurgimiento de la violencia yihadista en el país.

En las últimas semanas, Yemen se ha venido sumergiendo en una lucha intestina a causa de conflictos étnicos, violencia y tensiones sectarias. Los rebeldes huthi -de origen chií- se han apoderado de una gran parte del territorio yemení desde el año pasado, con el argumento de luchar por más derechos para su comunidad. Por otra parte, se encuentran los sunitas, representados por el actual gobierno bajo el mandato del presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi. También está presente el grupo extremista yihadista, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) –que Estados Unidos considera como la rama más peligrosa de Al Qaeda-, cuyo principal objetivo es atacar blancos gubernamentales, al considerar que están aliados con Arabia Saudita y Estados Unidos, interfiriendo con ello en los asuntos internos del país. Para profundizar aún más la crisis interna, militantes del Estado Islámico han surgido también como facción violenta al interior del estado, al atribuirse la autoría de los atentados perpetrados el 20 de marzo en Saná, la capital de la nación.

El 13 de marzo del año en curso, Reino Unido decidió adherirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), institución financiera regional propuesta originalmente por China en 2013 y lanzada en octubre de 2014, convirtiéndose así en el primer país fuera de la región asiática en constituirse como miembro fundador del mismo. Pocos días después, el 16 de marzo, Alemania, Francia, e Italia aceptaron unirse al proyecto para crear dicha institución, y el 20 de marzo Suiza hizo lo propio. El objetivo primordial del BAII, cuyo establecimiento formal se espera a finales del presente año, consistirá en proveer financiamiento para proyectos de infraestructura en los países participantes, un ámbito en el que Asia experimenta aún una significativa brecha entre necesidades, objetivos, y recursos. En materia presupuestal, se espera que cuente con un capital de 100 mil millones de dólares (mdd), de los cuales 50 mil mdd han sido ya provistos por China, lo cual ha generado ciertas reacciones en torno a la gobernanza al interior de la institución en ciernes.

El pasado 16 de marzo tuvo lugar en la Habana, el tercer encuentro de las rondas de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. La reunión tuvo como objetivo abordar temas específicos vinculados con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El encuentro fue encabezado por la parte estadounidense por la secretaria de estado adjunta para asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y por la parte cubana, por la directora general de la Cancillería cubana para asuntos de Estados Unidos, Josefina Vidal. Esta reunión da continuidad a dos rondas de conversaciones anteriores realizadas en La Habana y Washington respectivamente. A diferencia de las dos reuniones previas, este encuentro se caracterizó por su hermetismo, en virtud de que no hubo acceso para periodistas, ni comentarios de las funcionarias o las respectivas delegaciones a la prensa.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, la delegación estadounidense volvió a Washington el lunes, sin haber dado declaraciones públicas y luego de que portavoces del Departamento de Estado estimaran originalmente que la ronda de conversaciones duraría hasta el miércoles.

El relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, visitó nuestro país del 21 abril al 2 de mayo de 2014, con el doble propósito de evaluar la situación de la tortura y los malos tratos cometidos en México, y cooperar en su prevención y erradicación. Sus observaciones sobre México, producto de esta visita, fueron incluidas en el informe presentado por el relator el 9 de marzo pasado en el contexto del 28 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Destacó que la tortura es una práctica generalizada en el país y que ésta ocurre con frecuencia durante los primeros momentos de la detención y hasta la puesta a disposición ante la autoridad.

A pesar de que el relator especial también reconoció las gestiones del Estado para homologar sus leyes de acuerdo con estándares internacionales, las reacciones del gobierno mexicano no se hicieron esperar. El embajador de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Jorge Lomónaco, negó que la tortura fuera un hecho generalizado en el país toda vez que “no corresponde con la realidad”, y pidió a los relatores especiales de la ONU que sustentaran sus informes con mayor objetividad. El objetivo de esta nota informativa es abundar sobre los elementos esenciales del informe del relator especial de la ONU así como sobre las respuestas que el gobierno mexicana dio a los señalamientos más relevantes.

El pasado 17 de marzo, Israel celebró elecciones legislativas en donde el partido Likud mantuvo el poder con el primer ministro Benjamín Netanyahu a la cabeza. La Comisión Electoral de Israel ha informado que los resultados oficiales definitivos se darán a conocer el próximo 25 de marzo. Aún cuando los sondeos predecían la victoria del líder de la Unión Sionista, Isaac Herzog, y horas antes de los resultados se hablaba de un posible empate entre la izquierda y la derecha, el Likud obtuvo 30 de los 120 escaños en el Parlamento, seguido de los 24 obtenidos por la Unión Sionista. Tras los resultados Netanyahu tiene una enorme posibilidad para comenzar un cuarto mandato y así mantener un gobierno de derecha cuya agenda estará concentrada en la seguridad nacional y decididamente en contra de nuevas negociaciones con Irán y con Palestina. Esta nota de coyuntura examina el proceso electoral para la elección del vigésimo Knesset, las posibles alianzas políticas después de los resultados electorales, y algunos elementos de la proyectada agenda de gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Conviene tener presente que el 2 de diciembre de 2014, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu rompió la coalición de gobierno, disolvió la XIX Legislatura del Knesset y convocó a elecciones legislativas anticipadas. La crisis política en el gobierno israelí derivó de la falta de consenso en la coalición gubernamental al no respaldar unánimemente las iniciativas y propuestas del primer ministro y su partido, el Likud, en particular el proyecto de ley que proponía convertir a Israel en el “hogar nacional del pueblo judío”. La ruptura fue definitiva en el momento en que el primer ministro cesó de sus cargos a los Ministros de Finanzas y de Justicia, Fair Lapid y Tzipi Livni, quienes mostraron importantes reservas a la política del gobierno israelí frente a las negociaciones nucleares del G5+1 con Irán, el aumento del presupuesto de defensa por 1,500 millones de dólares adicionales para cubrir esfuerzos bélicos y de seguridad en la franja de Gaza, la política hacia el conflicto palestino, así como a la política económica de Netanyahu.

Tal y como lo señalaban los pronósticos, con 33 votos a favor y una abstención, el pasado 18 de marzo, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) eligieron como secretario general al ex canciller uruguayo, Luis Almagro, quien asumirá el cargo el próximo 25 de mayo, en sustitución de José Miguel Insulza, quien estuvo al frente durante dos quinquenios consecutivos entre 2005 y 2015, luego de reelegirse en 2010. Huelga recalcar que este nombramiento se produce en un momento coyuntural clave marcado por las críticas contra la alegada inacción de la OEA ante las protestas en Venezuela y por el optimismo internacional derivado de la reanudación de contactos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos. Sin duda, Almagro goza de una gran reputación internacional, luego de fungir como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del ex presidente de Uruguay, José Mujica (2010-2015).

Conviene recordar que la Carta de la OEA establece en su artículo 108º que su secretario general es electo por la Asamblea General para un periodo de 5 años y no puede ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. Por ello, desde finales de junio de 2014, Almagro se postuló para obtener el respaldo de la mayor cantidad posible de los miembros de la organización. De cara a las elecciones del 18 de marzo de 2015, y tras casi 9 meses de campaña, dejó en el camino al juez peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego GarcíaSaýán, y al ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quienes retiraron sus candidaturas en octubre de 2014 y enero de 2015, respectivamente.

El pasado 2 de marzo, Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abrió la 28ª sesión regular de dicho consejo, misma que terminará el próximo 27 de marzo. A su vez, ese mismo día comenzó sus trabajos el Segmento de Alto Nivel en el cual funcionarios de diversos países se dirigieron a los 47 Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos para abordar temas de interés y preocupación nacional durante los siguientes cuatro días. Aunado a lo anterior, el 5 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, presentó su primer reporte anual en el que se detallan las actividades que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desempeñó en el período comprendido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014. Al respecto, cabe mencionar que éste constituye el primer reporte presentado por el actual Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, quien asumió dicho cargo el 1 de septiembre de 2014. Por su parte, el discurso pronunciado por el Alto Comisionado durante la presentación del informe, al hacer puntual referencia a la situación de derechos humanos en cerca de 30 países de todas las regiones del mundo, ha recibido una gran atención. Resulta imperante destacar el hecho de que México, junto con Venezuela, fueron los dos únicos países latinoamericanos mencionados como focos de preocupación en su discurso.

A tan sólo dos meses de que Dilma Rousseff asumió su segundo periodo como presidenta de Brasil, el pasado 1 de enero, se ha gestado una crisis política relevante a partir de un serio escándalo de corrupción y sobornos en el seno de la compañía estatal Petrobras, que involucra a 54 funcionarios y ex funcionarios públicos, quienes presuntamente desviaron 10 mil millones de reales ($3,700 millones de dólares) entre 2004 y 2012. Entre los principales imputados se encuentran los legisladores Eduardo Cunha y Renan Calheiros, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente. Cabe señalar que ambos son militantes del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), uno de los principales aliados del oficialista Partido de los Trabjadores (PT).