Contexto Internacional

Después de las elecciones legislativas del 17 de marzo pasado, en las que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu logró una sorprendente victoria, el 6 de mayo expiró la fecha límite -de un plazo máximo de 42 días- para que el líder del Likud formara coalición con otros partidos políticos y así dar inicio a un cuarto mandato al frente del gobierno. A pocos minutos del término plazo establecido por la legislación israelí y en medio de un ambiente político de ánimos exaltados, Netanyahu estableció el denominado “Gobierno 61” conformado por la unión de cinco partidos políticos: Likud, Kulanu, Hogar Judío, Shas y Judaísmo Unificado de la Torá. Si el acuerdo no se hubiera alcanzado, cabía la posibilidad de que el presidente Reuven Rivlin ofreciera la oportunidad al partido de la oposición, la Unión Sionista, de formar gobierno. Netanyahu ha declarado que próximamente propondrá al líder laborista de la Unión Sionista, Isaac Herzog, el Ministerio de Exteriores, con el objetivo de sumar el apoyo de los laboristas a la coalición. Por ahora, el primer inconveniente que enfrenta Netanyahu es que ha pospuesto la presentación de su gobierno, debido a la disputa que miembros de su partido enfrentan por presidir los ministerios de gobierno. En consecuencia, el primer ministro presentó una enmienda a la ley que permite al Ejecutivo designar de forma ilimitada el número de ministros y viceministros, para no perder la coalición, que aún se encuentra a debate. Esta nota de coyuntura analiza la nueva coalición de gobierno, las peticiones y concesiones a los partidos políticos que integran la coalición, las dificultades internas y externas a las que ya se enfrenta el primer ministro, y esboza un panorama tras la constitución del “Gobierno 61”.

El pasado 26 de abril, el Ejército de Nigeria anunció la liberación de por lo menos 700 personas en el marco de la contraofensiva lanzada a finales de febrero contra la organización terrorista Boko Haram. Entre los rescatados, destacan 200 niñas y 93 mujeres que se encontraban secuestradas en el bosque de Sambisa, uno de sus bastiones estratégicos, localizado en el estado de Borno, muy cerca de la frontera con Camerún. Sin embargo, las autoridades militares informaron que las personas liberadas no formaban parte del grupo de más de 200 niñas raptadas en abril de 2014 de una escuela de la localidad de Chibok, sino que provienen de Madagali, Damboa y Sumsiir1 . No obstante, la liberación de las 293 mujeres desató un clima de optimismo por el momento coyuntural clave en el que se produjo, luego de unas elecciones presidenciales pacíficas el mes pasado, y el lanzamiento de una ofensiva militar sin precedentes contra Boko Haram, que hasta el momento, ha rendido los frutos esperados, pues el Ejército recientemente informó que ha retomado el control de localidades estratégicas en Borno, Yobe y Adamawa, los estados con mayor presencia de esta organización.

El pasado 24 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras emitió un fallo que derogó el artículo 239º de la Constitución que prohibía la reelección presidencial desde 1982. Huelga recalcar que la ley señala también que "los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas", por lo que el fallo queda firme y los 128 diputados de 7 partidos políticos que conforman el Congreso Nacional no debatirán sobre el tema.

Es importante señalar que hace casi 6 años, el 28 de junio de 2009, el entonces presidente, Manuel Zelaya, fue separado de su cargo por una operación calificada por algunos como un golpe de Estado, luego de impulsar una consulta popular para reformar ese mismo artículo y permitir la reelección. Con esta nueva medida, el actual mandatario, Juan Orlando Hernández (2014-2018), como sus predecesores aún con vida, Porfirio Lobo (2010-2014), Roberto Micheletti (2009-2010), Ricardo Maduro (2002-2006), Carlos Flores (1998-2002), Rafael Callejas (1990-1994), Roberto Suazo (1982-1986), y el propio Manuel Zelaya (2006-2009), tendrán legalmente la posibilidad de contender por la presidencia para el periodo 2018-2022, en las elecciones generales programadas para el último domingo de noviembre de 2017.

La medianoche del 19 de abril del año en curso, el comandante del carguero portugués King Jacob emitió una señal de alarma al Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costera italiana al observar un barco pesquero con dificultades para navegar. Dicha embarcación se encontraba en el mar Mediterráneo, cerca de las costas de Libia y a una distancia de poco más de 100 millas de Malta y de la isla italiana de Lampedusa. Los ocupantes del pesquero, al ver el carguero portugués, corrieron hacia un lado de la nave para pedir socorro ante lo cual el barco se volcó. Los esfuerzos de rescate permitieron salvar a 28 personas mientras que el número de fallecidos en esta catástrofe asciende a 800, convirtiéndola así en el incidente más trágico jamás registrado en el Mediterráneo.

El pasado 15 de abril, guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emboscaron a un grupo de militares que realizaban operaciones de control en una zona rural del departamento de Cauca, en el suroeste del país. El saldo del ataque fue de 11 soldados muertos y 20 heridos, y el gobierno lo interpretó como una violación a la tregua que las FARC habían iniciado el 20 de diciembre de 2014. En consecuencia, el presidente Juan Manuel Santos, levantó la orden de suspender los bombardeos contra campamentos de las FARC, mientras que los guerrilleros argumentaron que se trató de una acción defensiva, toda vez que respondieron “a la incoherencia gubernamental de ordenar operativos contra una guerrilla con la que está en tregua”.

En medio de una enorme expectación y de un despliegue masivo de medios de comunicación, los días 10 y 11 de abril, 34 mandatarios de América Latina y el Caribe se reunieron en Panamá a fin de desahogar los trabajos de la VII Cumbre de las Américas. Este mecanismo creado en 1994 en Estados Unidos bajo la iniciativa y los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la finalidad original de discutir la eventual implementación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se ha reunido prácticamente cada dos años en distintos países del hemisferio en el contexto de una notable institucionalización a partir de la IV Cumbre celebrada en noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina. Luego de comprobar la falta de consenso necesario para negociar y eventualmente aprobar el ALCA, la agenda del mecanismo se ha transformado dejando en un segundo plano las discusiones esencialmente comerciales y de inversión, para abordar crecientemente los principales temas políticos, de cooperación, seguridad, desarrollo, sustentabilidad y derechos humanos que preocupan a los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos. En los márgenes de las reuniones plenarias y bilaterales entre jefes de Estado y de Gobierno de la que participan también activamente los cancilleres, entre otros ministros, la Cumbre también convoca a foros paralelos de enorme relevancia como los que reúnen a jóvenes, empresarios, autoridades universitarias y actores de la sociedad civil organizada de estos países.

En la madrugada del 2 de abril, cinco miembros del movimiento yihadista islámico de Somalia, AlShabaab –vinculado a Al-Qaeda-, tomaron por asalto la Universidad de Garissa. Los atacantes separaron a los musulmanes de los cristianos para luego disparar indiscriminadamente sobre estos últimos, y retener a 400 alumnos más, por alrededor de 16 horas. Las tropas kenianas respondieron ocho horas después del embate, cuyo lamentable resultado fueron 148 víctimas mortales, entre ellas cuatro de los cinco terroristas, 80 heridos y 535 estudiantes desaparecidos. De acuerdo con Hilda Varela, directora del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México, los ataques dejaron patente una demostración de la fuerza y capacidad militar del movimiento radical fuera de Somalia, y constituyó un acto de “castigo” por lo que consideran una inaceptable incursión keniana en los asuntos internos somalíes.

El pasado 30 de marzo el primer ministro británico, David Cameron, ingresó al palacio de Buckingham para informar oficialmente a la Reina Isabel de la disolución del Parlamento en función de lo establecido en la Fixed-term Parliaments Act o Ley Parlamentaria de Plazo Fijo aprobada en 2011. La ley establece mandatos fijos de cinco años para el Parlamento con lo que se puso fin al sistema por el que el primer ministro podía fijar de manera discrecional, y en función de la capacidad para encabezar una coalición de gobierno, una fecha para los comicios de renovación del mismo. Se trata de la primera elección bajo esta nueva norma que estableció la fecha de mayo de 2015 para la celebración de los primeros comicios. Tras quedar disuelto el Parlamento y una vez firmada la proclamación real con la que se convoca a una nueva legislatura, los partidos del Reino Unido comenzaron oficialmente la campaña para las elecciones. El actual primer ministro David Cameron, quien busca la reelección por un segundo periodo, anunció que éste sería su último periodo y prometió no postularse a un tercero. Entre los contendientes se encuentran el actual primer ministro David Cameron, del Partido Conservador, Ed Miliband, del Partido Laborista; Nigel Farage del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nick Clegg, del Partido Liberal Demócrata; Alex Salmond, del Partido Nacional Escocés (SNP) y Natalie Bennet, del Partido Verde.

El pasado 1 de abril del año en curso, Palestina se convirtió en el 123° Miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) al entrar en vigor para dicho país el Estatuto de Roma, tratado fundacional de dicho tribunal, mismo al que se adhirió en enero de este año. Ya en 2009 el gobierno de Palestina había buscado adherirse al Estatuto mediante una declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte. No obstante, después de un análisis que concluyó en abril de 2012 y fue conducido por la Oficina de la Fiscalía, liderada en aquel entonces por Luis Moreno Ocampo, el estatus de Palestina como “entidad observadora” de Naciones Unidas representó un obstáculo en dicha ocasión para la firma y ratificación del Estatuto.

Meses después, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU adoptó con una mayoría de 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones la resolución 67/19 mediante la cual se le otorgó a Palestina el estatus de “Estado observador no miembro” en las Naciones Unidas. Al respecto, la Oficina de la Fiscalía, al analizar las implicaciones legales de dicho cambio, determinó que éste no validaba de manera retroactiva la declaración efectuada en 2009 pero que ahora era posible para Palestina adherirse al Estatuto de Roma. De esta manera, el 2 de enero del año en curso el gobierno de Palestina presentó a la Secretaría General de la ONU los correspondientes instrumentos de adhesión al Estatuto y al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC, por sus siglas en inglés).

Si bien aplazadas hasta junio de 2015, las negociaciones entre el P5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia- los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más Alemania) e Irán en relación con el programa nuclear de este último, alcanzaron un acuerdo preliminar sin precedentes anunciado el 2 de abril pasado en Lausana, Suiza, con la participación como entidad facilitadora de la propia Unión Europea (UE). Luego de varios meses de complejas negociaciones para la implementación del Plan de Acción original acordado en Ginebra en noviembre de 2013, las partes consiguieron sentar las bases para lo que podría ser un acuerdo histórico en la materia a alcanzarse de manera definitiva a más tardar el 30 de junio de 2015. Por primera vez, señalan expertos, Irán ha aceptado reducciones sustanciales y limitaciones relevantes sobre su capacidad para producir material fisionable para armas nucleares por un periodo de 10 a 15 años, además de admitir inspecciones y monitoreo internacional de su programa nuclear por más de 25 años. A cambio, Irán se beneficiaría del retiro gradual de las sanciones que impusieron conjuntamente los Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU.