Contexto Internacional

El 19 de agosto tuvo lugar un ataque contra militares en el estado fronterizo de San Antonio del Táchira en Venezuela, donde reside un nutrido grupo de ciudadanos colombianos que cruzó la frontera como consecuencia de los conflictos armados en Colombia durante la década de los 60. De acuerdo con el gobierno venezolano, el ataque fue perpretado por paramilitares o contrabandistas colombianos; por lo tanto, esgrimiendo la necesidad de proteger la seguridad del país como argumento, el presidente Nicolás Maduro declaró un estado de excepción en varios municipios de la zona y ordenó el cierre indefinido de las fronteras entre el estado de Táchira y el departamento colombiano del Norte de Santander, donde se encuentran los principales puntos de cruce entre ambas naciones sudamericanas.

Asimismo, el mandatario venezolano decretó una mayor presencia militar en la región, con la intención de buscar a los responsables del atentado contra los uniformados venezolanos. Como resultado de las operaciones de vigilancia en la zona, las autoridades venezolanas detuvieron y deportaron a varios inmigrantes colombianos no autorizados. Sin embargo, conforme se fue incrementando la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada, se han generalizado los reportes de desalojos y deportaciones colectivas de ciudadanos colombianos, independientemente de su estatus migratorio. Esta situación ha agudizado la tensión que ha marcado las relaciones entre Caracas y Bogotá durante los últimos años, lo que ha llevado a Colombia a buscar el apoyo internacional para frenar las deportaciones y garantizar que los derechos de sus nacionales y los de sus familias sean respetados por parte del gobierno de Venezuela.

Del 24 al 27 de agosto se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, la Primera Conferencia de los Estados Parte (1CEP) del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés). Anterior a la fecha de entrada en vigor del ATT, México fue elegido para fungir como secretario provisional del Tratado y para presidir el proceso preparatorio de la 1CEP. Más de 120 representantes de los países miembros, organismos internacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, y algunos académicos, se reunieron con el objetivo de definir un régimen institucional para el funcionamiento e instrumentación del Tratado. Al concluir el encuentro, los Estados parte del ATT adoptaron el Reglamento de las Conferencias; el mecanismo de financiamiento o Reglamento Financiero; el Reglamento de la Secretaría; la sede permanente; y eligieron al titular de la Secretaría Permanente en la persona de Dumisani Dladla de Sudáfrica. Asimismo, se presentó un proyecto de formato de los informes nacionales. Debido a los relevantes avances y a las normas aprobadas, la Primera Conferencia fue calificada por el gobierno de México como un éxito.

El ATT fue adoptado en Nueva York, el 2 de abril de 2013, mediante la Resolución 67/234B de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Compuesto por 28 artículos, el Tratado tiene por objeto, según lo establece en su artículo primero, establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posibles para regular de mejor manera el comercio internacional de armas convencionales, así como, prevenir su desvío y eliminar su tráfico ilícito con el fin de contribuir a la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional. El instrumento entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, después de que se alcanzaran las 50 firmas necesarias para tal propósito.

El martes 8 de septiembre, el Senado de la República recibe en sesión solemne, la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes. Cabe destacar que la visita se da tan solo cinco meses después de que, el 18 de marzo pasado, Almagro fuese designado para sustituir a José Miguel Insulza. Igualmente, esta visita se da en el marco del proceso de reforma que se está llevando a cabo en el seno de la OEA, como respuesta a una crisis de credibilidad del organismo. Esta crisis y su consecuente reforma ocurren, a su vez, en medio de un proceso más general en el continente americano, caracterizado por la proliferación de nuevos esquemas multilaterales como la UNASUR, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza del Pacífico, lo que en opinión de algunos especialistas refleja la existencia de diversas razones por parte de las naciones americanas para construir más mecanismos de concertación entre vecinos.

Partiendo de la importancia inherente a la visita al Senado de la República del secretario general de la OEA, la organización más antigua del continente, la presente nota informativa, además de presentar una semblanza biográfica del secretario Almagro, comenta los aspectos más relevantes del proceso de reforma de la organización, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como organismo autónomo de la misma para, finalmente, esbozar algunas perspectivas a futuro de la organización.

Cada cinco años, desde el 2000, la Unión Interparlamentaria (UIP) organiza una Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Estas conferencias han sido concebidas y se realizan en conexión con las grandes cumbres de las Naciones Unidas. Como tales, tienen como objetivo realizar un balance de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad internacional y aportar una contribución parlamentaria a su solución. Del 31 de agosto al 2 de septiembre pasados, se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Al encuentro asistieron los líderes de los parlamentos de 140 países, los cuales suscribieron, al término de la Conferencia, la Declaración Final “Poner a la democracia al servicio de la paz y el desarrollo sostenible, construir el mundo que los pueblos quieren”. El documento está dividido en cuatro grandes temas: Nuestro mundo hoy, Democracia, Desarrollo Sostenible y Cooperación internacional.

En el documento final, los presidentes reconocieron que se necesitan esfuerzos fuera de lo común para construir un mundo libre de la guerra, la pobreza y el hambre; un mundo en el que cada individuo satisfaga sus necesidades y realice su potencial humano preservando el planeta para las futuras generaciones, y en el que sus derechos, libertades y dignidad sean plenamente respetados. Con tal motivo, refrendaron que la UIP es un espacio de gran importancia para dar voz a las inquietudes de los pueblos y para manifestar su determinación a desempeñar un papel frente a los desafíos del mundo de hoy, dando una dimensión democrática tangible a los esfuerzos colectivos destinados a construir un mundo mejor. La presente nota informativa reseña algunos de los principales aspectos que se discutieron durante la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, y que fueron plasmados en la Declaración final.

En medio de la mayor crisis política guatemalteca desde la vuelta a la democracia en 1985, el miércoles 2 de septiembre renunció el presidente Otto Pérez Molina, quien ha sido señalado como parte una red de defraudación fiscal al Estado guatemalteco; por lo que el ex mandatario tendrá que enfrentar un proceso judicial, para lo cual ya ha sido aprehendido. La denuncia de esta red de corrupción —conocida como “La Línea”— que incorporó a altos oficiales del gobierno de Guatemala se hizo pública en los medios guatemaltecos a partir de abril del presente año. Se trató de la primera vez en la historia contemporánea del país centroamericano, en que el presidente en funciones renunció a su cargo, un día después de que el Congreso de Guatemala decidiera retirarle la inmunidad en vista de las acusaciones en su contra. Así, en las próximas semanas, Pérez Molina se enfrentará cargos de asociación ilícita y cohecho pasivo. Cabe destacar que esta coyuntura se ha desenvuelto en el marco del proceso hacia las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebró el pasado 6 septiembre. En ese tenor, la presente nota de coyuntura tiene como objetivo analizar los acontecimientos y el desarrollo del proceso político–jurídico que derivó en la renuncia del presidente, reseñar la participación de los actores principales y esbozar posibles escenarios frente a la celebración de los comicios nacionales. Adicionalmente, se presenta como Anexo una cronología detallada de la evolución de los acontecimientos que desembocaron en la renuncia del presidente guatemalteco.

El 21 de agosto pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer la Estrategia de seguridad marítima para Asia-Pacífico, documento en el que se reconoce la importancia de la región y su dominio marítimo para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Explícitamente, en el texto de la estrategia se apunta que “tal como lo hacen las fuerzas estadounidenses en todo el mundo, el Pentágono continuará volando, navegando y operando allí donde el derecho internacional lo permita, con el fin de preservar la paz y la seguridad de la región Asia-Pacífico.”

El documento, titulado Estrategia de seguridad marítima para Asia-Pacífico: Consiguiendo los objetivos de seguridad nacional estadounidense en un entorno cambiante articula tres objetivos marítimos generales para la región: salvaguardar la libertad de los mares; disuadir a los conflictos y la coacción; y promover la adhesión a las normas internacionales.

Como otro capítulo de la actual crisis migratoria que vive la Unión Europea, el pasado 21 de agosto en la frontera entre la Ex República Yugoslava de Macedonia y Grecia, miles de inmigrantes que intentaban cruzar de este país hacia aquél se enfrentaron con la policía macedonia, que empleó gases lacrimógenos y balas de goma para intentar controlar la miríada de personas que se agolpó en una cerca de alambre de púas para forzar su entrada a la región, dando como resultado un saldo de “por lo menos 10 personas […] heridas”.1 Si bien Macedonia no es Estado miembro de la Unión Europea (UE), se ha convertido en país de tránsito de migrantes que llegan a Europa vía Grecia. En los últimos meses, ambos países han recibido grandes cantidades de inmigrantes procedentes de Siria, Afganistán e Irak, que huyen de los conflictos armados de estas regiones. Ahora bien, la finalidad de estas personas no es permanecer en Grecia ya que, a pesar de ser miembro de la UE, se encuentra sumergida en una gran crisis financiera y política; más bien, su meta es llegar a los países de Europa central y occidental, y pedir refugio.

El jueves 20 de agosto, por medio de un discurso televisado, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció la decisión de renunciar a su cargo, lo que probablemente llevará a la convocatoria a nuevas elecciones. De acuerdo con el sistema electoral griego, ante la renuncia de un gobierno, se contempla la posibilidad de que las dos principales fuerzas políticas de oposición en el Parlamento intenten formar una coalición; y sólo en caso de que ninguna lo logre, se convoca a nuevas elecciones. El anuncio de Tsipras se dio después de varias semanas de tensión política dentro de la coalición gobernante, en vista de que diversos miembros de la coalición de izquierda radical (Syriza) criticaron la posición de Tsipras al haber aceptado el acuerdo con la llamada troika —el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)— a fin de concretar un tercer paquete de rescate financiero para el país. Un día después del anuncio del primer ministro, dicha tensión se convirtió en una escisión formal por medio del nacimiento del partido Unidad Popular, integrado por ex miembros de Syriza, lo que complica aún más el escenario político griego en el corto plazo.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos es probablemente una de las más complicadas a nivel mundial. El volumen de los intercambios económicos y comerciales, así como de los flujos de personas que cruzan la frontera más transitada del mundo cada día, requieren de canales de comunicación sólidos y eficientes. Para garantizar estas características, es necesario que dichos canales sean operados por personas con un amplio conocimiento, no sólo de los intereses nacionales de México—aunque sí deban ser éstos los determinantes últimos de su actuar—sino también de la dinámica política interna y social estadounidense, así como de los intereses de ese país en la relación bilateral.

La noche del 25 de agosto de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto envío al Senado de la República el nombramiento del ciudadano Miguel Basáñez Ebergenyi como embajador de México en Estados Unidos. De conformidad con el procedimiento parlamentario, la Mesa Directiva turnó dicho nombramiento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte, a fin de iniciar el proceso de ratificación. A partir de ello, con esta Nota Informativa, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques presenta una reseña histórica del panorama general de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, así como una breve semblanza biográfica de Miguel Basáñez.

Al coro de las consignas: “Fuera Rousseff” y “Fuera PT”, ciudadanos brasileños de al menos quince estados de la República Federativa salieron a las calles el domingo 16 de agosto para demostrar su descontento con el gobierno y exigir juicio político, o la renuncia, de la presidenta Dilma Rousseff, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT) y reelecta para un segundo periodo apenas en octubre de 2014. Los motivos del descontento son varios, destacando el escándalo de corrupción masiva de la compañía petrolera Petrobras, la elevada tasa de desempleo, la recesión económica, y las fuertes medidas de austeridad que ha implementado el actual gobierno. Se tienen datos según los cuales más de medio millón de personas se dieron cita en la protesta del 16 de agosto, siendo ésta la de menor afluencia, en comparación con las dos grandes jornadas de manifestaciones que se han llevado a cabo en lo que va de 2015 (en marzo y abril respectivamente). Es importante hacer notar que más allá del escándalo de Petrobras, sobre el cual no hay investigación que señale alguna probable responsabilidad de Rousseff, la presidenta sí enfrenta dos investigaciones, una ante el Tribunal de Cuentas, sobre una presunta violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal, y otra ante el Tribunal Superior Electoral, relacionada con el financiamiento de su campaña.