Contexto Internacional

El pasado 26 de octubre se celebró la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, donde la candidata oficialista del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, fue reelecta para el periodo 2015-2019, al obtener el 51.64% de los sufragios, contra 48.36% de Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Como fue planteado en la nota de coyuntura “Las elecciones presidenciales en Brasil: candidatos, campañas, sondeos y escenarios de prospectiva”, los analistas internacionales consideraban que el proceso electoral estaría marcado por el factor sorpresa, ya que millones de brasileños se encontraban indecisos y decidirían su voto hasta momentos antes de emitirlo.

Precisamente en la primera vuelta se produjo una sorpresa mayúscula, pues aunque los sondeos y encuestas realizadas por firmas como Vox Populi, Datafolha e IBOPE coincidían en que Rousseff y Marina Silva del Partido Socialista Brasileño (PSB) decidirían la elección en una segunda vuelta, Aécio Neves se impuso a esta última y se enfrentó a la actual mandataria. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en analizar los resultados de la primera y segunda vuelta, enfatizando el ascenso y declive de Marina Silva, así como el factor “Lula”. Posteriormente, se expondrán a manera de conclusión, los principales desafíos para la nueva administración, tomando como referencia la opinión de prestigiados expertos internacionales.

El domingo 26 de octubre del año en curso se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay para elegir al sucesor del actual mandatario de dicho país, José Mujica. Si bien, el ex presidente Tabaré Vázquez obtuvo poco más del 47% de los votos, este porcentaje no rebasó el umbral de la mayoría absoluta necesaria (50%) para ser electo presidente en la primera vuelta. En consecuencia, los uruguayos acudirán a las urnas en una segunda vuelta a realizarse el próximo 30 de noviembre para elegir al nuevo Presidente de la República, de entre el candidato del Frente Amplio, coalición de partidos a la cual pertenece el actual presidente, y el candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Pou. La presente nota de coyuntura tiene por objeto analizar el proceso electoral en cuestión. Para ello se presenta, en primer lugar, un panorama general de los principales partidos políticos que participaron en los comicios del pasado 26 de octubre. Posteriormente, se retoman los principales elementos de la primera vuelta, a saber: las elecciones internas para elegir al representante de cada partido, así como los sondeos y los resultados oficiales de los comicios. Por último, se plantean los factores a considerar en el período hacia la segunda vuelta.

Actualmente los kurdos son la minoría étnica más importante de Medio Oriente y representan uno de los aliados más valiosos de Estados Unidos y otros países occidentales que comparten el objetivo de luchar contra el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés) y que se congregan alrededor de reivindicaciones históricas de autonomía, independencia o unidad nacional. El objetivo de la presente ficha consiste en ofrecer un perfil monográfico del pueblo kurdo con la información más relevante sobre su origen, evolución histórica, objetivos y situación actual. Adicionalmente, se aborda por separado la situación actual de los kurdos en los cuatro principales países donde habitan -Turquía, Irán, Irak y Siria- poniendo especial énfasis en su papel en la lucha internacional contra el ISIS.

El pasado 19 de octubre de 2014, tras concluir el cómputo oficial, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia proclamó ganador de las elecciones celebradas en ese país, al presidente Evo Morales con el 61% de los votos. El presidente Morales comenzará su tercer mandato consecutivo, luego de derrotar en las urnas a su más cercano contendiente: el empresario cementero Samuel Doria Medina de la Alianza Centroderechista Unidad Demócrata, quien obtuvo poco menos del 25%. Más atrás, en las preferencias quedaron el ex presidente del país y candidato del Partido Demócrata Cristiano Jorge Quiroga con un 9%, Juan del Granado, ex alcalde de la Paz y candidato del izquierdista Movimiento Sin Miedo (MSM) así como Fernando Vargas, líder indígena y candidato del Partido Verde con un 2.7% y 2.6% respectivamente. La decisión del Tribunal garantiza a Morales su permanencia en el Poder Ejecutivo de Bolivia para el período 2015-2020, lo cual lo convertiría en el presidente que ha permanecido más tiempo en el poder en la historia de la democracia boliviana (14 años al terminar su mandato en 2020). El triunfo del presidente y su Movimiento al Socialismo (MAS) ha sido atribuido a la implementación de políticas económicas y sociales con gran aceptación popular, que han propiciado un significativo crecimiento económico y un combate importante a la desigualdad. A partir de lo anterior, esta nota de coyuntura tiene el objetivo de describir el reciente proceso electoral boliviano y sus contendientes, analizar los factores del triunfo del presidente de Bolivia, así como las diversas críticas al proceso electoral, para finalmente esbozar un breve panorama sobre los principales retos que se avizoran en el nuevo mandato de Evo Morales.

El pasado 16 de octubre, la Asamblea General (AG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió como nuevos Miembros No Permanentes del Consejo de Seguridad (CS) a Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela. Estos cinco países iniciarán su participación en dicho órgano a partir del 1° de enero de 2015 y hasta diciembre de 2016. El Consejo de Seguridad, cuya función primordial consiste en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, constituye uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas y, dada su composición, reviste un importante carácter político. Ahora bien, como consecuencia de los cambios en las relaciones internacionales, así como por el aumento sustancial de miembros de la ONU derivado del proceso de descolonización, durante las últimas décadas se han presentado diversas propuestas de reforma al Consejo, relativas, principalmente, a sus métodos de trabajo y membresía, con el objetivo de mejorar la representación, rendición de cuentas y transparencia de dicho órgano.

Tomando en cuenta lo anterior, la presente ficha tiene por objeto, en primer lugar, plantear un panorama general respecto a la forma en cómo se estructura el Consejo de Seguridad y se eligen los asientos no permanentes. Posteriormente, se plantean los elementos destacados durante las campañas de los seis países, considerados durante el proceso de elección de 2014, así como los resultados de la votación. Por último, se presentan las posturas de los cinco nuevos miembros respecto a una posible reforma del órgano de Naciones Unidas.

Durante su visita a Luanda, capital de Angola, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña anunció la próxima apertura de una embajada mexicana en esa nación africana en reciprocidad a la presencia de una representación diplomática angoleña en nuestro país desde 1997. Meade refirió, al hacer este anuncio, que será no sólo una manera de vincularnos con una de las economías más dinámicas del continente africano sino además una forma de “agradecer el interés que Angola ha tenido por estrechar de mejor manera esos vínculos y quiere corresponder con esta decisión”. Se trata, de hecho, de la reapertura de una Embajada establecida en Luanda en septiembre de 2008 y cerrada en noviembre de 2009 por restricciones presupuestales. Desde entonces y hasta el presente, la Embajada de México en Sudáfrica tiene la concurrencia con Angola. Desde luego, lo anterior no impidió una relación cada vez más fructífera en distintos rubros. Del diagnóstico sobre las oportunidades que presenta la propia relación bilateral se desprenden numerosas razones para establecer esta nueva legación diplomática. En consecuencia, esta nota tiene el objetivo de examinar los vínculos entre México y Angola desde la perspectiva bifronte de la política exterior de ambos países y sus objetivos estratégicos en África y América Latina respectivamente.

Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue fundada en 1945, Palestina era un territorio administrado por Reino Unido, en virtud de un mandato encomendado por la Sociedad de Naciones en 1922. Sin embargo, la creciente migración de judíos a Palestina y la oposición de los habitantes árabes propiciaron una escalada de violencia que obligó a Reino Unido a plantear la cuestión de Palestina ante la ONU. En consecuencia, en 1947 se construyó una Comisión Especial con 11 Estados miembros y se emitió la Resolución 181, en la que se aprobó: 1) la terminación del mandato británico; 2) la retirada progresiva de las tropas del Ejército británico; y, 3) la fijación de fronteras entre los Estados palestino y judío y Jerusalén, antes del 1 de octubre de 1948.

Como fue señalado en las notas de coyuntura “Recrudece la violencia en Gaza: la operación Margen Protector y sus implicaciones” y “Actualidad y perspectiva sobre el conflicto en Gaza: reacciones internacionales y escenarios futuros”, el conflicto se remonta a la partición de Palestina en noviembre de 1947 y a la creación del estado de Israel en mayo de 1948, luego del fin del mandato británico sobre el territorio. Al día siguiente de la independencia israelí, cinco países árabes (Líbano, Transjordania, Egipto, Siria e Irak) inconformes con el Plan de Partición de Palestina y sus consecuencias, le declararon la guerra. Desde entonces, el denominado conflicto árabe-israelí, intermitente y apenas acotado por débiles acuerdos de cese al fuego y reconciliación cuya implementación no ha sido uniforme, sigue constituyendo una de las amenazas más graves a la paz y la seguridad del planeta, siendo el episodio más reciente la incursión a territorio palestino de las Fuerzas de Defensa de Israel bajo la operación Margen Protector que dejó alrededor de 2,200 muertos y 11,500 heridos, entre el 8 de julio y el 26 de agosto, fecha en que se alcanzó una tregua indefinida.

El pasado viernes 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución para que el gobierno mexicano adopte medidas cautelares para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como para informar oportunamente sobre la investigación en curso sobre los ataques ocurridos durante la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia han determinado que algunos policías municipales de Iguala, en contubernio con integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fueron los autores materiales de los ataques que, además de la desaparición de los estudiantes, tuvieron un saldo de 6 personas muertas y por lo menos 17 lesionadas.

El sábado 4 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) localizaron en las faldas del Cerro Gordo, al norponiente de Iguala, varias fosas clandestinas de las que extrajeron 28 cadáveres, la mayoría calcinados. Sin embargo, el procurador estatal, Iñaky Blanco, afirmó que no es posible confirmar si esos cuerpos corresponden a los normalistas desaparecidos, pues es necesario compararlos con muestras de ADN de sus familiares. Adicionalmente, la PGJG giró una orden de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores, quienes se encuentran prófugos. 

Así, el 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto, manifestó su indignación por los ataques contra normalistas, e instruyó a su gabinete esclarecer los hechos, dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta. Por tanto, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en describir de forma sintética los hechos de este acontecimiento, así como analizar las implicaciones de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de conmemorar los 50 años de la devolución del territorio de El Chamizal. La controversia relativa al territorio ubicado actualmente entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas surgió desde mediados del siglo antepasado debido a cambios en el cauce del Río Bravo. Esto incentivó una activa labor diplomática por parte de México para encontrar una solución a la misma. El objetivo de esta nota consiste, en primer lugar, en ofrecer un panorama general sobre el origen de la controversia y de los primeros esfuerzos de México por encontrar una solución, a través de medios pacíficos como el arbitraje. Posteriormente, se presentan las principales disposiciones de la convención adoptada por México y Estados Unidos que pondría fin a la controversia, fruto de las negociaciones entre ambos países. Por último, se destacan los elementos a resaltar de la Ceremonia de Conmemoración del 30 de septiembre.

El 25 de septiembre de 2014, la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, y su contraparte mexicano, José Antonio Meade, firmaron un acuerdo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el marco del 69 Periodo de Sesiones de la Asamblea General, mediante el cual Colombia permitirá que diplomáticos mexicanos utilicen parte de las instalaciones de su Embajada en la República de Azerbaiyán. Esto, como uno de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza del Pacífico: el de contar con representaciones en el exterior bajo la modalidad de embajadas compartidas.

Esta nota de coyuntura tiene por objeto contextualizar las relaciones bilaterales entre México y Azerbaiyán así como examinar las posibles ventajas de un acercamiento mayor a partir de esta nueva legación diplomática