Contexto Internacional

Los pasados 7 y 8 de junio se llevó a cabo la Cuadragésima Primera Cumbre del G7 en el castillo de Schloss Elmau en Bavaria, Alemania. En el encuentro participaron los jefes de Estado o Gobierno de Estados Unidos (Barack Obama), Canadá (Stephen Harper), Francia (François Hollande), Alemania (Angela Merkel), Italia (Matteo Renzi), Reino Unido (David Cameron) y Japón (Shinzo Abe), así como los presidentes de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, respectivamente. Cabe recordar que el G7 originalmente tenía 8 miembros (G8), pero el año pasado adquirió su denominación actual, luego de que Rusia fuera suspendida por la anexión de Crimea.

La agenda propuesta por Alemania estuvo enfocada en los siguientes temas: 1) economía global, 2) seguridad internacional, 3) agenda de desarrollo post-2015 de la ONU; 4) protección del medio ambiente marino; 5) enfermedades relacionadas con la pobreza; 6) estándares de las cadenas de producción global; 7) empoderamiento y capacitación de las mujeres que trabajan por cuenta propia; y, 8) seguridad energética como parte de la Iniciativa Energética de Roma del G7. Sin embargo, al igual que el año pasado la agenda oficial fue eclipsada por acontecimientos coyunturales en curso, como la crisis financiera en Grecia y el conflicto en Ucrania.

El pasado 21 y 22 de mayo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y representantes de los seis países que conforman la Asociación Oriental (EaP, por su acrónimo en inglés)— Ucrania, Georgia, Moldavia, Bielorrusia, Armenia y Azerbaiyán— celebraron la Cuarta Cumbre de dicha iniciativa. La reunión tuvo como objetivo impulsar el acercamiento político y económico entre la Unión Europea y las seis ex-repúblicas soviéticas. Realizada en Riga, Letonia, contó con la asistencia de los 28 líderes dela Unión Europea y de los presidentes Petro Poroshenko de Ucrania, Nicolae Timofti de Moldavia, Serzh Sargsián de Armenia, el primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili y representantes de los gobiernos de Bielorrusia y Azerbaiyán.1Destaca que el trasfondo del evento estuvo marcado por la crisis política en Ucrania, el conflicto territorial entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno Karabaj, y la oposición abierta de Rusia a la existencia misma de la Asociación Oriental. Por momentos, estas diferencias amenazaron con eclipsar el evento.2 De este modo, la presente nota de coyuntura tiene como objetivo exponer los antecedentes de este tipo de encuentros, así como las características fundamentales y los principales temas de interés que se desarrollan en el seno de la Asociación Oriental. En vista de su importancia para el escenario geopolítico de la región, se tratan también algunas consideraciones sobre la posición de Rusia al respecto de esta iniciativa, para posteriormente realizar una reseña de los acontecimientos destacados de la Cumbre de Riga. Finalmente, se esboza un breve panorama sobre las perspectivas a futuro de la Asociación Oriental.

El pasado 27 de abril del año en curso inició el Debate General de la IX Conferencia de Revisión al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). A la fecha, sólo cinco países en todo el mundo no son Estados Partes del tratado en cuestión, a saber: Corea del Norte, India, Israel, Pakistán, y Sudán del Sur. Como consecuencia, el TNP representa el acuerdo internacional sobre control de armas negociado en el ámbito multilateral con mayor aceptación entre la comunidad internacional. Por su parte, el régimen desarrollado con base en las disposiciones del tratado encuentra su fundamento en tres pilares fundamentales: a) la no proliferación (artículo II); b) el desarme (artículo VI), y c) el uso pacífico de la energía nuclear (artículos IV y V). A su vez, el TNP contempla la celebración de conferencias quinquenales, que se han realizado desde la entrada en vigor del instrumento en 1970, a fin de examinar el funcionamiento del mismo y “asegurarse” que los fines contenidos en el preámbulo y las disposiciones del tratado se están cumpliendo. Finalmente, cada conferencia de revisión busca generar el acuerdo necesario para la adopción de un documento final en el que se evalúe el progreso en torno al cumplimiento de las disposiciones del tratado y se planteen recomendaciones para fortalecer su aplicación.

El pasado 17 de mayo, las Fuerzas Armadas de Siria informaron que habían frenado los avances de los yihadistas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Palmira, mientras que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un operativo secreto en el que abatió a Abu Sayyaf, uno de los líderes de la organización, y capturó a su esposa. Aunque ambas acciones fueron interpretadas como un signo del evidente debilitamiento del ISIS, cuatro días después sus militantes consiguieron reagruparse y tomar el control total tanto de Palmira en Siria, como de Ramadi en Irak, al tiempo que Washington anunciaba la actualización del enfoque de su estrategia militar para combatir al ISIS y recuperar dichas ciudades

Históricamente la Iglesia católica ha desempeñado un papel relevante en los asuntos internacionales en vista de que cuenta con seguidores en prácticamente todos los países del orbe. Sin embargo, fue hasta el siglo XX, por medio de los Tratados de Letrán entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede (1929), que se establecieron con claridad los derechos y prerrogativas de ésta en el ámbito del derecho internacional público. A partir de entonces, la participación de los papas en la política internacional se ha institucionalizado al punto que hoy la Santa Sede detenta el carácter de observador permanente en diversos organismos internacionales y tiene relaciones diplomáticas formales con 180 países a nivel mundial, incluso con varios cuya población no es mayoritariamente católica.

Al respecto, vale la pena destacar el caso de Palestina. El 13 de mayo pasado, y previo a un encuentro bilateral entre el papa Francisco y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, el 16 de mayo, el Servicio de Información del Vaticano (SIV) anunció la conclusión de un acuerdo bilateral donde se reconoce explícitamente la existencia de un Estado palestino. El instrumento es resultado de más de 15 años de negociaciones entre ambas partes, y será sujeto a la firma y aprobación de éstas en el transcurso de los próximos meses. Si bien la Santa Sede, durante el papado de Benedicto XVI, había apoyado la resolución de Naciones Unidas que reconocía a Palestina como Estado, el acuerdo en cuestión representa un refrendo explícito de dicho reconocimiento internacional, asunto que atrajo los reflectores internacionales en el transcurso de la semana pasada, y que provocó una reacción verbal inmediata por parte de Israel.

Desde su regreso al poder en diciembre de 2012, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mostró interés en recuperar el protagonismo del país en la escena regional e internacional de la mano de una economía sólida, una diplomacia activa y el fortalecimiento de la seguridad nacional en el marco de su alianza con Estados Unidos. En ese sentido, una de sus principales propuestas ha sido reinterpretar el artículo 9º de la Constitución de 1947 —que prohíbe mantener un Ejército con potencial bélico y usar la fuerza para resolver controversias internacionales— ya que considera necesario reforzar la defensa nacional en un contexto regional marcado por disputas territoriales y el despliegue de poderío económico y militar de China y Corea del Sur.

Como se planteó en la nota de coyuntura “La reinterpretación del artículo 9º de la Constitución japonesa: Alcances y perspectivas del nuevo enfoque de defensa colectiva” del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques hace casi un año, el gobierno aprobó la reinterpretación del artículo 9º para contemplar el concepto de defensa colectiva, en contraste con la interpretación estricta original, que prohibía que las Fuerzas de Autodefensa de Japón (FAJ) entraran en combate, a menos que su propio territorio se viera amenazado. El anuncio del pasado 14 de mayo sobre la aprobación en el Gabinete de dos iniciativas de ley que buscan permitir a las FAJ ejercer el derecho a la autodefensa colectiva para proteger a sus aliados y desplegar tropas en el extranjero para apoyar operaciones de combate, son el primer paso para la materialización de dicha reinterpretación constitucional.

El pasado 13 de mayo del año en curso, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia, la cual empezó a desarrollarse a principios de marzo, para atender el fenómeno migratorio en la región. Por su parte, la Agenda Europea de Migración plantea las medidas para desarrollar una respuesta inmediata ante coyunturas recientes, así como para establecer los pasos a seguir en los próximos años para el manejo de dicho fenómeno. En este sentido, su presentación resulta crucial en un contexto caracterizado por los trágicos eventos ocurridos en el Mediterráneo durante el mes de abril en los que más de 1,200 migrantes y personas en necesidad de protección internacional perdieron la vida en su intento por cruzar del norte de África a Europa cuando las embarcaciones en las que viajaban naufragaron. Aunado a lo anterior, actualmente existe un significativo desequilibrio en relación con la acogida de solicitantes de asilo entre los 28 países que conforman la Unión Europea. Lo anterior pone de relieve la necesidad de evaluar y mejorar el sistema de asilo europeo, así como de contar con canales para la migración regular, entre muchas otras medidas. Por último, el fenómeno migratorio se encuentra relacionado con otras prioridades, tales como la seguridad en las fronteras y la economía de los países europeos. Consecuentemente, las medidas contenidas en el documento de la Comisión, algunas de las cuales tendrán que ser aprobadas por la mayoría de los Estados Miembros de la UE para tener efecto, buscan plantear una respuesta integral a un fenómeno altamente complejo, como lo es la migración, mediante una amplia serie de acciones que, sin duda en algunos casos, generará divisiones entre los países que integran la Unión.

El pasado 11 de mayo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció cambios en 9 de los 23 Ministerios que conforman el Gabinete, en medio de una crisis política marcada por escándalos de corrupción que presuntamente involucrarían a algunos de sus familiares y ministros. Esta medida se produjo a 14 meses de que Bachelet asumiera su segundo periodo al frente de Chile (2014-2018) y se trata de los reemplazos más drásticos en el gobierno chileno desde la restauración de la democracia en 1990. Entre los ministros sustituidos destacan Rodrigo Peñalillo (Interior y Seguridad Pública) y Alberto Arenas (Hacienda), dos de los hombres de mayor confianza de la mandataria, quienes además fueron los estrategas políticos de su campaña y programa de gobierno para retornar al poder.

En el marco de una contienda muy competitiva, el pasado 7 de mayo se realizaron elecciones en el Reino Unido. Los resultados dieron una victoria electoral absoluta para el Partido Conservador, permitiendo al Primer Ministro David Cameron un segundo periodo de cinco años con mayoría en el Parlamento y sin necesidad de establecer alguna coalición. El resultado de estas elecciones ha tomado por sorpresa al país, a medios de comunicación y a actores internacionales, en virtud de que hasta el día de la contienda electoral las encuestas establecían un empate técnico entre conservadores y laboristas. Lo ajustado de las preferencias electorales, de acuerdo con sondeos de opinión, preveía también la necesidad de una negociación que permitiera gobernar a alguno de los partidos mayoritarios, tal como ocurrió en las elecciones de 2010. A partir del triunfo del Partido Conservador y de acuerdo con el protocolo político, el primer ministro británico visitó a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham para informarle del triunfo de la mayoría de las diputaciones en la Cámara de los Comunes.

Después de las elecciones legislativas del 17 de marzo pasado, en las que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu logró una sorprendente victoria, el 6 de mayo expiró la fecha límite -de un plazo máximo de 42 días- para que el líder del Likud formara coalición con otros partidos políticos y así dar inicio a un cuarto mandato al frente del gobierno. A pocos minutos del término plazo establecido por la legislación israelí y en medio de un ambiente político de ánimos exaltados, Netanyahu estableció el denominado “Gobierno 61” conformado por la unión de cinco partidos políticos: Likud, Kulanu, Hogar Judío, Shas y Judaísmo Unificado de la Torá. Si el acuerdo no se hubiera alcanzado, cabía la posibilidad de que el presidente Reuven Rivlin ofreciera la oportunidad al partido de la oposición, la Unión Sionista, de formar gobierno. Netanyahu ha declarado que próximamente propondrá al líder laborista de la Unión Sionista, Isaac Herzog, el Ministerio de Exteriores, con el objetivo de sumar el apoyo de los laboristas a la coalición. Por ahora, el primer inconveniente que enfrenta Netanyahu es que ha pospuesto la presentación de su gobierno, debido a la disputa que miembros de su partido enfrentan por presidir los ministerios de gobierno. En consecuencia, el primer ministro presentó una enmienda a la ley que permite al Ejecutivo designar de forma ilimitada el número de ministros y viceministros, para no perder la coalición, que aún se encuentra a debate. Esta nota de coyuntura analiza la nueva coalición de gobierno, las peticiones y concesiones a los partidos políticos que integran la coalición, las dificultades internas y externas a las que ya se enfrenta el primer ministro, y esboza un panorama tras la constitución del “Gobierno 61”.