Contexto Internacional

El pasado 24 de noviembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, presentó su renuncia, tras permanecer dos años en el cargo. Oficialmente, se dio a conocer que Hagel y el presidente, Barack Obama, acordaron que “era el momento adecuado para emprender un cambio de liderazgo en el Pentágono”. Sin embargo, las especulaciones en torno a los motivos que propiciaron la dimisión del único republicano en el gabinete de Obama, oscilan entre la derrota de los demócratas durante las elecciones de medio término del 4 de noviembre, y discrepancias con la Casa Blanca sobre las estrategias para combatir a la organización terrorista del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), y en relación con las tropas estadounidenses en Afganistán. Cabe recalcar que Hagel permanecerá en el cargo hasta que el Senado ratifique a su sucesor.

El objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en evaluar las principales acciones y logros de Chuck Hagel durante los cerca de dos años que encabezó el Pentágono. Posteriormente, se expondrán las distintas razones que podrían estar detrás de su renuncia, y se ofrecerá un perfil biográfico de los posibles sucesores. Finalmente, se discutirán las probabilidades de que este acontecimiento marque el inicio de una reformulación de la doctrina de defensa del presidente Obama, de cara a la recta final de su segundo periodo presidencial que culminará en 2017.

Este 24 de noviembre de 2014 venció el plazo de la segunda prórroga de las negociaciones nucleares entre los representantes del denominado P5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia – los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- más Alemania) e Irán, en relación con el programa nuclear de este último. De acuerdo con el Plan de Acción original acordado en Ginebra en noviembre de 2013, las negociaciones deberían haber concluido en julio pasado. En ausencia de resultados tangibles, los siete cancilleres determinaron prolongarlas por cuatro meses más. Luego de arduas negociaciones, y a pesar de que se advierten haber logrado “avances reales y sólidos” como los ha llamado el secretario de Estado estadounidense John Kerry, las conversaciones se prolongarán por siete meses más alrededor de un nuevo acuerdo preliminar. El objetivo de esta nota de coyuntura es explicar el proceso de negociación actual sobre el programa nuclear iraní, los pormenores del Plan de Acción alcanzado en enero de 2014 y, en definitiva, las implicaciones de este nuevo aplazamiento sobre la base de un acuerdo temporal. Aunque existe optimismo sobre lo que supone la continuación del diálogo, hay también pronósticos poco entusiastas sobre los obstáculos a vencer en el futuro inmediato de las negociaciones. Conviene tener presente que un acuerdo mutuamente satisfactorio podría suponer el fin de las sanciones contra Teherán y una mejoría significativa de las relaciones, aún tensas, con Occidente. En contraste, la ausencia de un acuerdo podría acarrear nuevas medidas punitivas y, eventualmente, una confrontación directa con Irán como la experimentada durante el gobierno encabezado por el expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013).

Los pasados 10 y 11 de noviembre del año en curso se celebró en Beijing la vigésima segunda Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) bajo los auspicios del Gobierno de China. Asimismo, uno de los principales resultados de la reunión que ha captado la atención internacional fue la presentación de una iniciativa que busca construir una zona de libre comercio en la región de Asia Pacífico que, debido a su composición y características, resulta necesario examinar en el contexto de otros proyectos de integración de la región. Aunado a lo anterior, los días 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo la Cumbre de Líderes del G20 en la ciudad de Brisbane en Australia. Entre los principales resultados de la misma se encuentran los compromisos por adoptar medidas estructurales a nivel interno que estimulen un mayor crecimiento económico.

La presente nota de coyuntura tiene por objeto presentar un análisis general sobre los elementos a destacar de ambos foros. En primer lugar, se plantean los principales elementos de la 22° Reunión de Líderes de APEC, las negociaciones y los acuerdos que se dieron de manera paralela a la misma, y los contenidos de la declaración resultante. Posteriormente, se realiza un breve examen de las diversas iniciativas que existen actualmente en la región Asia Pacífico para la integración de ésta, a saber: la Zona de Libre Comercio para Asia Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), y la Asociación Económica Comprehensiva Regional (RCEP, por sus siglas en inglés). Por último, se presentan algunos de los resultados de la Cumbre de Líderes del G20 en Brisbane, enfatizando aquéllos que se encuentran relacionados con otros temas de la agenda internacional.

El pasado 17 de noviembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que suspendería las negociaciones de paz que mantiene desde hace dos años en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debido al secuestro del general Rubén Darío Alzate y dos acompañantes en una zona selvática de la localidad de Las Mercedes en el departamento del Chocó, localizado en el noroeste del país en la región del Pacífico colombiano. Este incidente se produce en un momento crítico, pues a principios de este mes el presidente Santos realizó una gira de trabajo por países de la Unión Europea donde manifestó su optimismo para alcanzar un acuerdo de paz y solicitó apoyo financiero para terminar el conflicto que ha durado más de cinco décadas y ha causado más de 220,000 muertos y 6 millones de desplazados.

El pasado 4 de noviembre del año en curso, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia mediante la cual se decretó la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) depositado en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999. Dicha decisión se emitió poco tiempo después del rechazo por parte del Gobierno dominicano a la sentencia de la Corte Interamericana relativa al caso de 26 haitianos y dominicanos de origen haitiano que fueron expulsados del país entre 1999 y 2000. Por su parte, aún está por determinarse si la República Dominicana buscará retirarse definitivamente de la jurisdicción de la Corte en tanto que se requiere de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) para tal efecto.

Con base en lo anterior, la presente ficha tiene por objeto, en primer lugar, esbozar un panorama general en torno a los antecedentes de la actual situación, presentando los elementos centrales a considerar con relación al fallo de la Corte Interamericana y el rechazo del Gobierno dominicano al mismo. Posteriormente, se plantea la argumentación del Tribunal Constitucional dominicano con base en la cual se declara la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación previamente mencionado. Por último, se presentan las reacciones que ha suscitado la decisión en el nivel internacional, así como la postura de la Cancillería de la República Dominicana.

El pasado 6 de noviembre, la Corte Suprema de Libia invalidó el Parlamento surgido tras las elecciones del pasado 25 de junio, que había avalado el actual gobierno del primer ministro, Abdullah al-Thani, y que además es el único reconocido por la comunidad internacional. La decisión de la Corte responde al hecho de que este órgano sesiona en la ciudad de Tobruk, en lugar de hacerlo en Bengasi, donde la Constitución estipula que debe ubicarse la sede del poder legislativo. Cabe recalcar que la Carta Magna también establece que la ceremonia de transferencia de poder debe celebrarse en la capital, Trípoli, y el nuevo Parlamento tampoco llevó a cabo ese acto protocolario en el lugar establecido, pues inauguró su periodo de sesiones directamente en Tobruk, el 4 de agosto.

A pesar de que Bengasi, al igual que otras ciudades importantes como Trípoli se encuentra sitiada por milicias islamistas, la Corte Suprema decidió disolver el Parlamento porque, a su juicio, el hecho de sesionar en un lugar ajeno al establecido en la Carta Magna representa un acto de inconstitucionalidad. La consecuencia de esta polémica resolución acentuó de inmediato la preocupación de la comunidad internacional y la inestabilidad política en el país, pues coexisten dos Ejecutivos y dos Parlamentos disputándose el poder, se carece de un Ejército o fuerzas de seguridad fiables, y varias ciudades e instalaciones estratégicas como pozos petroleros y aeropuertos, están tomadas por milicianos fuertemente armados.

El pasado domingo 9 de noviembre, en el marco de una consulta simbólica, los catalanes votaron para manifestarse a favor, o en contra, de su independencia frente a España. Según los resultados difundidos, alrededor de 2 millones 350 mil personas acudieron a las urnas, de los cuales 1,6 millones se pronunciaron a favor de crear una nueva nación. De acuerdo con cifras oficiales 5,4 millones de catalanes tenían derecho al voto. Sin embargo, algunos medios de comunicación mencionan la cifra de 6,3 millones de catalanes convocados a participar en la consulta. En opinión de algunos, ello se atribuye a preocupaciones vinculadas con la naturaleza no vinculante del ejercicio y sus resultados, a la oposición de algunos catalanes a la secesión y al boicot de los partidarios del “no” que promovieron la abstención.  La jornada se dio en el contexto de una escalada de tensión entre el Presidente de Cataluña, Artur Mas, comprometido con permitir a los catalanes votar sobre su relación con España y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien en dos ocasiones ha conseguido suspender el escrutinio recurriendo al Tribunal Constitucional.

A partir de lo anterior, la presente nota de coyuntura tiene el objetivo de presentar las características y resultados de la consulta, así como las posiciones de los independentistas y del gobierno español. Antes de ello y de manera muy breve, se pretende poner de relieve el trasfondo histórico de la consulta, haciendo referencia a movimientos nacionalistas de muy larga data en la región. Todo lo anterior, encaminado a plantear algunas posibles perspectivas de la Consulta Popular No Referendaria sobre el futuro Político de Cataluña, conocida también como 9-N.

El pasado 4 de noviembre se celebraron las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde se renovaron los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 36 de los 100 escaños del Senado. También, se eligieron 36 gobernadores estatales y 3 territoriales (Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes Americanas), además de 46 legislaturas estatales y múltiples puestos de elección popular como alcaldías en ciudades como Washington, D.C.; San Diego, California; y Nueva Orleáns, Lousiana. Huelga recalcar que los ciudadanos también votaron por alrededor de 150 propuestas locales entre las que destacan: la legalización del uso recreativo de la marihuana en Alaska, Washington, D.C. y Oregón; políticas relacionadas con el aborto en Colorado, Dakota del Norte y Tennessee; y requisitos de etiquetado para ciertos alimentos modificados genéticamente en Colorado y Oregón.

 Los analistas anticipaban que estas elecciones serían cruciales para el porvenir del gobierno de Obama, pues el Partido Demócrata corría el riesgo de perder la mayoría en el Senado, ya que los Republicanos necesitaban ganar sólo seis asientos para conseguirlo, y ello les permitiría tener el control total del Congreso.

Luego de más de dos décadas en el poder, la caída del gobierno de Zine el Abidine Ben Alí en enero de 2011 supuso el comienzo de un proceso de transición hacia la democracia en el país pionero de las primaveras árabes. En medio de una profunda crisis política y económica se estableció la Asamblea Constituyente con el partido islamista Ennahda a la cabeza, que no sin dificultades dio origen a una nueva Constitución y al establecimiento de un calendario electoral para celebrar elecciones legislativas y posteriormente presidenciales. El pasado 26 de octubre se celebraron las elecciones legislativas para elegir a los miembros de la nueva Asamblea de Representantes del Pueblo en donde el partido laico de centroderecha Nidaa Tounes obtuvo la mayoría, aunque no la mayoría absoluta lo que lo obliga a formar un gobierno de coalición. En la víspera de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 23 de noviembre, esta nota de coyuntura tiene como objetivo analizar sucintamente el proceso de transición política y democrática en Túnez así como examinar ciertas implicaciones del triunfo del laicismo tras un trienio de gobierno islamista.

Hace veinte años, el 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. El instrumento fue resultado de las negociaciones entre los gobiernos de los presidentes George H.W. Bush y Carlos Salinas de Gortari, y el primer ministro canadiense Brian Mulroney. En su momento, se trató del acuerdo comercial más innovador, ya que convertía a América del Norte en el bloque comercial más grande del mundo, en términos de producto interno bruto (PIB) y población—en buena medida, gracias a Estados Unidos. Asimismo, representó el primer esfuerzo de integración comercial entre dos países desarrollados, como Canadá y Estados Unidos, y otro en vías de desarrollo.