Contexto Internacional

El pasado 17 de marzo, Israel celebró elecciones legislativas en donde el partido Likud mantuvo el poder con el primer ministro Benjamín Netanyahu a la cabeza. La Comisión Electoral de Israel ha informado que los resultados oficiales definitivos se darán a conocer el próximo 25 de marzo. Aún cuando los sondeos predecían la victoria del líder de la Unión Sionista, Isaac Herzog, y horas antes de los resultados se hablaba de un posible empate entre la izquierda y la derecha, el Likud obtuvo 30 de los 120 escaños en el Parlamento, seguido de los 24 obtenidos por la Unión Sionista. Tras los resultados Netanyahu tiene una enorme posibilidad para comenzar un cuarto mandato y así mantener un gobierno de derecha cuya agenda estará concentrada en la seguridad nacional y decididamente en contra de nuevas negociaciones con Irán y con Palestina. Esta nota de coyuntura examina el proceso electoral para la elección del vigésimo Knesset, las posibles alianzas políticas después de los resultados electorales, y algunos elementos de la proyectada agenda de gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Conviene tener presente que el 2 de diciembre de 2014, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu rompió la coalición de gobierno, disolvió la XIX Legislatura del Knesset y convocó a elecciones legislativas anticipadas. La crisis política en el gobierno israelí derivó de la falta de consenso en la coalición gubernamental al no respaldar unánimemente las iniciativas y propuestas del primer ministro y su partido, el Likud, en particular el proyecto de ley que proponía convertir a Israel en el “hogar nacional del pueblo judío”. La ruptura fue definitiva en el momento en que el primer ministro cesó de sus cargos a los Ministros de Finanzas y de Justicia, Fair Lapid y Tzipi Livni, quienes mostraron importantes reservas a la política del gobierno israelí frente a las negociaciones nucleares del G5+1 con Irán, el aumento del presupuesto de defensa por 1,500 millones de dólares adicionales para cubrir esfuerzos bélicos y de seguridad en la franja de Gaza, la política hacia el conflicto palestino, así como a la política económica de Netanyahu.

Tal y como lo señalaban los pronósticos, con 33 votos a favor y una abstención, el pasado 18 de marzo, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) eligieron como secretario general al ex canciller uruguayo, Luis Almagro, quien asumirá el cargo el próximo 25 de mayo, en sustitución de José Miguel Insulza, quien estuvo al frente durante dos quinquenios consecutivos entre 2005 y 2015, luego de reelegirse en 2010. Huelga recalcar que este nombramiento se produce en un momento coyuntural clave marcado por las críticas contra la alegada inacción de la OEA ante las protestas en Venezuela y por el optimismo internacional derivado de la reanudación de contactos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos. Sin duda, Almagro goza de una gran reputación internacional, luego de fungir como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del ex presidente de Uruguay, José Mujica (2010-2015).

Conviene recordar que la Carta de la OEA establece en su artículo 108º que su secretario general es electo por la Asamblea General para un periodo de 5 años y no puede ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. Por ello, desde finales de junio de 2014, Almagro se postuló para obtener el respaldo de la mayor cantidad posible de los miembros de la organización. De cara a las elecciones del 18 de marzo de 2015, y tras casi 9 meses de campaña, dejó en el camino al juez peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego GarcíaSaýán, y al ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quienes retiraron sus candidaturas en octubre de 2014 y enero de 2015, respectivamente.

El pasado 2 de marzo, Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abrió la 28ª sesión regular de dicho consejo, misma que terminará el próximo 27 de marzo. A su vez, ese mismo día comenzó sus trabajos el Segmento de Alto Nivel en el cual funcionarios de diversos países se dirigieron a los 47 Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos para abordar temas de interés y preocupación nacional durante los siguientes cuatro días. Aunado a lo anterior, el 5 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, presentó su primer reporte anual en el que se detallan las actividades que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desempeñó en el período comprendido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014. Al respecto, cabe mencionar que éste constituye el primer reporte presentado por el actual Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, quien asumió dicho cargo el 1 de septiembre de 2014. Por su parte, el discurso pronunciado por el Alto Comisionado durante la presentación del informe, al hacer puntual referencia a la situación de derechos humanos en cerca de 30 países de todas las regiones del mundo, ha recibido una gran atención. Resulta imperante destacar el hecho de que México, junto con Venezuela, fueron los dos únicos países latinoamericanos mencionados como focos de preocupación en su discurso.

A tan sólo dos meses de que Dilma Rousseff asumió su segundo periodo como presidenta de Brasil, el pasado 1 de enero, se ha gestado una crisis política relevante a partir de un serio escándalo de corrupción y sobornos en el seno de la compañía estatal Petrobras, que involucra a 54 funcionarios y ex funcionarios públicos, quienes presuntamente desviaron 10 mil millones de reales ($3,700 millones de dólares) entre 2004 y 2012. Entre los principales imputados se encuentran los legisladores Eduardo Cunha y Renan Calheiros, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente. Cabe señalar que ambos son militantes del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), uno de los principales aliados del oficialista Partido de los Trabjadores (PT).

El 24 de febrero del año en curso y tras varios días de negociaciones, los países que conforman el Eurogrupo acordaron extender el programa de rescate griego -el cual expiraba el día 28 del mismo mes- durante cuatro meses más. Lo anterior, como parte de una petición presentada por Grecia basada en la postura adoptada por la coalición de izquierda gobernante en dicho país desde enero del presente año, Syriza. De acuerdo con las propuestas de campaña y el plan de gobierno de la coalición, se pretende renegociar los términos de la deuda griega así como las condiciones de austeridad exigidas para su rescate. Por su parte, las estrictas medidas de austeridad exigidas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como condición para proveer los préstamos necesarios para rescatar a los diversos países que se enfrentaron a serias crisis de deuda a partir de 2010, han tenido importantes consecuencias en la situación social y económica al interior de los mismos. Éstas, junto con la crisis de la eurozona en su conjunto y otros factores, han generado significativos cuestionamientos al proceso de integración europea en general, así como a la sostenibilidad de la unión monetaria en particular, y han otorgado, en parte, cierto impulso a fuerzas políticas ‘euro-escépticas’ a lo largo de toda la UE.

El pasado 3 de marzo, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentó ante al Congreso de los Estados Unidos un discurso en el que expuso sus objeciones a las negociaciones del acuerdo entre Irán y el G5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, los miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania), e instó a los legisladores estadounidenses a no levantar las sanciones contra Irán. El primer ministro israelí asistió al Congreso estadounidense respondiendo a una invitación del presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner. El acto, que tuvo lugar fuera del rigor protocolario que supone establecer contacto con la Casa Blanca para distintos fines logísticos y diplomáticos, se llevó a cabo a pocas semanas de las elecciones generales en Israel por las que se elegirá al sucesor de Netanyahu,  lo cual generó cierta controversia entre republicanos y demócratas. Esta nota de coyuntura tiene por objeto analizar el discurso del primer ministro israelí ante el Congreso estadounidense, el conflicto político que generó la ausencia de los demócratas durante la sesión solemne, la respuesta del presidente Obama y finalmente las reacciones internacionales que se han suscitado a esta importante alocución en el contexto de las negociaciones nucleares entre el G5+1 e Irán.

La confrontación social, la polarización política y la desaceleración económica a causa de los bajos precios internacionales del petróleo, continúan siendo los principales factores detonantes del conflicto en Venezuela iniciado el 12 de febrero de 2014, cuando estallaron una serie de protestas masivas contra el gobierno, convocadas por el presidente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Las razones fundamentales que motivaron las movilizaciones y que explican que aún se mantengan son: 1) la escasez de productos básicos; 2) los altos niveles de inseguridad y violencia; 3) las alegadas violaciones a los derechos civiles por parte del gobierno; y, 4) la presunta injerencia de Cuba en los asuntos internos de Venezuela. Cabe señalar que el objetivo último de los manifestantes es la renuncia del presidente, Nicolás Maduro, y una transformación en el curso del modelo político y económico, actual heredero del chavismo. En contraparte, los simpatizantes de Maduro salieron a las calles para denunciar que la oposición pretende desestabilizar al régimen mediante lo que denominaron “violencia fascista”.

El 26 de febrero pasado Amnistía Internacional presento el informe La Situación de los derechos humanos. Informe Anual 2014/15. La evaluación documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2014 comparándolos con algunos acontecimientos y mediciones importantes de 2013. El documento contiene un prólogo, cinco reseñas regionales y el análisis individual de 160 países. La organización internacional hace un análisis de las situaciones más delicadas para la protección de los derechos humanos en cada país en torno a diferentes ejes como: la tortura, la impunidad, derechos reproductivos y seguridad.

Si bien el informe da testimonio del sufrimiento de personas durante situaciones de conflictos, desplazamiento forzado y discriminación, también refleja la pujanza del movimiento de derechos humanos, y pone de manifiesto que en determinadas áreas se han hecho avances indiscutibles para proteger y garantizar esos derechos.

A partir de un reciente y cada vez mayor dinamismo, la diplomacia parlamentaria se ha convertido en un instrumento cardinal de la labor legislativa. Sin embargo, la poca comprensión sobre ella, así como la relativa falta de normas, parámetros o reglamentos que la organicen, la han sometido frecuentemente a señalamientos inmerecidos.

Los titulares del Poder Ejecutivo, como responsables directos de la política exterior, han acaparado la atención de los estudios en la materia. Consecuentemente y hasta muy recientes fechas en el caso mexicano, se ha perpetuado un desconocimiento generalizado de aquellos actores que tienen agendas propias más allá de las fronteras nacionales, entre ellos, las asambleas legislativas. Es un hecho prácticamente incontestable que hoy en día, las relaciones internacionales no evocan ya un ámbito exclusivo del Ejecutivo y que en dicho desarrollo hay un elemento claro de democratización. En este sentido, es importante reconocer que dentro de una diplomacia de Estado se encuentra una red de legisladores, capaces de llevar más allá de las fronteras geográficas los intereses del Estado mexicano. 

Adquiere por ello relevancia hacer una revisión integral al concepto de diplomacia parlamentaria y contextualizarla como una herramienta que puede ser catalizadora de procesos relevantes en la agenda pública.

El 16 de febrero del presente año, el Juez Andrew S. Hanen de la Corte Federal de Distrito en Brownsville, Texas, emitió una decisión que tuvo por efecto la suspensión temporal de la implementación de los programas de acción diferida que forman parte de la acción ejecutiva en materia migratoria anunciada por el Presidente Barack Obama en noviembre del año pasado y que podrían beneficiar a más de cinco millones de migrantes que se encuentran en situación irregular en dicho país. Por su parte, la orden judicial fue formulada en relación con la demanda presentada por una coalición de 26 estados, entre los que se encuentra Texas, en contra de dichas acciones.

Como consecuencia del fallo, el Departamento de Seguridad Interna se vio en la necesidad de suspender de manera temporal la instrumentación de la versión ampliada del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), respecto al cual se empezarían a recibir solicitudes el 18 de febrero, y el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por su siglas en inglés), cuyo inicio se tenía previsto para el mes de mayo. No obstante, el 23 de febrero del año en curso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un recurso de emergencia ante la Corte de Brownsville para solicitar al juez Hanen el levantamiento de la orden judicial y evitar que surta efecto, así como un recurso de apelación a la misma ante el 5° Circuito de la Corte de Apelaciones.