Contexto Internacional

Tras la victoria del partido Bharatiya Janata (BJP) en las elecciones generales en India, Narendra Modi, actual gobernador del estado de Gujarat (el segundo más industrializado del país) jurará el próximo lunes como primer ministro. La elección misma y sus resultados suponen sucesos excepcionales y evocan una serie de cambios relevantes para la política interna y eventualmente también para la política internacional de la que es hoy la democracia más grande del mundo. En primer lugar, fueron comicios generales con una alta participación. A lo largo de cinco semanas que duró la jornada electoral, se registró un récord histórico de participación de alrededor de 66.3% del padrón, lo que implica que 551 millones de personas depositaron su voto. En segundo lugar, se trata de la primera vez en la historia de India como país independiente que un partido distinto al Partido del Congreso Nacional Indio (CNI) –el partido de la élite, ideario y legado de los Nehru-Gandhi– obtiene la mayoría absoluta en la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento, al superar los 272 escaños necesarios. Al mismo tiempo, se trata de la peor derrota electoral en la historia del CNI, aún peor que aquella de 1999 cuando obtuvo prácticamente el doble de los escaños que tendrá en la próxima Legislatura.

Sin duda, el triunfo del BJP supone un cambio de orientación política que no puede pasar inadvertido a la luz de sus reivindicaciones nacionalistas –que a decir de sus propios líderes encarnan los valores religiosos y sociales de la mayoría hinduista del país– así como de sus posturas liberales en materia económica, conservadoras en el ámbito social y ambiciosas en lo que hace al papel de India como potencia económica y nuclear en el mundo.

El 28 de marzo de 2014, la Coalición Estadounidense del Azúcar, representante de la gran mayoría de productores azucareros de ese país y coloquialmente conocida en Washington como el Big Sugar, presentó ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) una petición de aprobación de medidas compensatorias antidumping contra las importaciones de azúcar provenientes de México. De acuerdo con el documento presentado por la organización, México ha incurrido en la práctica comercial desleal conocida como dumping, que consiste en la exportación de grandes volúmenes de un determinado bien a un precio por debajo de los costos reales de producción. Incurrir en dumping puede deberse a diversas causas; en este caso particular, de acuerdo con los azucareros estadounidenses, la producción mexicana se encuentra fuertemente subsidiada por el gobierno mexicano, lo que permite a los productores obtener ganancias aún vendiendo a un precio menor al costo.

Los productores azucareros mexicanos, por su parte, han respondido negando las acusaciones de incurrir en dumping ya que, de acuerdo con la Unión Nacional de Cañeros, la baja en los precios del azúcar responde a un excedente de la producción mundial,coyuntura que la industria estadounidense pareciera querer aprovechar para culpar a México que, por cierto, es el único país del mundo cuya producción azucarera tiene un acceso prácticamente ilimitado al mercado estadounidense, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Durante la pasada 33ª Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo del 6 al 9 de mayo en Santiago de Chile; México y la FAO firmaron un acuerdo de triangular cooperación Sur-Sur.  “Mesoamérica sin Hambre” es el nombre del acuerdo creado para contribuir a la erradicación del hambre en los países centroamericanos, República Dominicana y Colombia. Conviene recordar que entre los objetivos centrales de la FAO destacan: ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles, reducir la pobreza rural, propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes e incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes. Se trata, sin duda, de una coincidencia programática relevante con los esfuerzos mexicanos alrededor del programa denominado “Cruzada contra el Hambre” y, en definitiva, de un consenso en ciernes sobre la prioridad que esta lucha debiera ocupar en la agenda de cooperación para el desarrollo en América Latina. En esta nota de coyuntura se explicarán, en consecuencia, los antecedentes de esta Conferencia Regional, los acuerdos derivados de su 33ª edición, así como también los términos del acuerdo firmado por México y su relación con los compromisos pactados en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

El pasado 7 de mayo, el Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó la destitución de la primera ministra, Yingluck Shinawatra, al determinar que cometió el delito de abuso de poder. La decisión judicial se da en respuesta a un caso que data de 2011, cuando Shinawatra relevó al Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, para nombrar en su lugar a Priewphan Damapong, quien fuera el cuñado de su hermano mayor y ex primer ministro, Thaksin Shinawatra. Los magistrados consideraron que dicho relevo fue inconstitucional y que se ordenó para favorecer la promoción de familiares, por lo que Yingluck debía abandonar el puesto. Cabe señalar que también fue declarada culpable de otro caso judicial en su contra por los subsidios al arroz que ha otorgado su gobierno, ya que presuntamente eran distribuidos bajo criterios clientelares.

No obstante, las protestas contra el régimen datan de noviembre de 2013, cuando la oposición, encabezada principalmente por el líder del opositor Partido Demócrata, Suthep Thaugsuban, salió a las calles para exigir la dimisión de Yingluck y la conformación de un consejo de transición que reforme el sistema político antes de convocar a elecciones. La raíz del conflicto fue la discusión en el Congreso de un proyecto de ley promovido por el partido oficialista Pheu Thai para otorgar amnistía y facilitar el regreso a Tailandia del propio Thaksin Shinawatra, quien vive autoexiliado desde 2006 y no puede volver al país debido a que en 2008, el Tribunal Supremo lo condenó a dos años de prisión por corrupción. Aunque el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero rechazado por el Senado, las protestas no cesaron y hasta la fecha continúa un clima de tensión y violencia que ha provocado por lo menos 25 muertes, cientos de heridos y la anulación de las elecciones legislativas en febrero.

A poco menos de dos meses de la celebración del referéndum secesionista de Crimea, la autoproclamación de su independencia y su anexión a la Federación Rusa; y en el contexto de nuevas tensiones políticas en el este de Ucrania, el domingo 11 de mayo, las provincias del este de Donetsk y de Lugansk llevaron a cabo sendas consultas populares en relación con la autodeterminación de estas regiones. De acuerdo con lo informado, un 89% de los votantes se manifestaron a favor de la independencia, con un 10% en contra y un número marginal de votos nulos. La Unión Europea y Estados Unidos han rechazado este ejercicio, calificándolo de ilegal y han advertido que no reconocerán sus resultados. El gobierno ruso, en cambio, ha saludado el referéndum sin definir aún lo que para algunos podría ser la anexión de estos territorios, tal y como lo hizo en el caso de Crimea.

El domingo 4 de mayo de 2014 se llevaron a cabo las elecciones generales de Panamá en las que fueron electos el presidente, el vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 71 legisladores a la Asamblea Nacional, 648 representantes de corregimiento y 7 concejales para el periodo 2014-2019. De acuerdo con el magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, los comicios electorales tuvieron un costo aproximado de 57.7 mdd, lo cual representa un incremento de 44% con respecto a las elecciones de 2009.

En concreto, siete candidatos contendieron por la presidencia (cuatro provenientes de partidos políticos legalmente constituidos y tres independientes), resultando electo Juan Carlos Varela con 39.09% de los votos, derrotando por casi 8 puntos porcentuales al candidato oficialista José Domingo Arias. En total, se emitieron 1,851,347 sufragios, lo cual representa un porcentaje de participación del 76.72% del padrón electoral. Por tanto, el objetivo de la presente nota de coyuntura es analizar los perfiles de los candidatos, sus propuestas de campaña, los principales desafíos que tendrá que enfrentar el futuro mandatario y las implicaciones de la derrota del oficialismo.

En Nigeria, el país más poblado del continente africano, la milicia islámica fundamentalista Boko Haram reivindicó el 5 de mayo pasado el secuestro de más de 270 niñas y adolescentes sustraídas de una escuela secundaria ubicada en la localidad de Chibok en estado de Borno. Aunque algunas de ellas lograron escapar, en un video al que distintos medios de comunicación internacionales tuvieron acceso, el líder de la milicia, Abubakar Shekau, advirtió que vendería como esclavas a las que aún mantiene o mantenía cautivas. Ese mismo día, terroristas identificados con Shekau atacaron con un despliegue brutal de violencia la localidad de Gambaru Ngala provocando el éxodo de una importante comunidad nigeriana que la habitaba a la república vecina de Camerún y cobrando la vida de entre 200 y 300 personas.  Durante la noche, otros supuestos integrantes de esta organización armada entraron al pueblo de Warabe en donde secuestraron a otras ocho niñas de entre 12 y 15 años. Evidentemente la indignación nacional e internacional no se hizo esperar. Tanto la condena unánime por esta práctica cobarde e inhumana como el llamado a la comunidad internacional para castigar y neutralizar a este grupo terrorista han colmado las páginas de la prensa y atraído la atención de la opinión pública internacional. Sería un error, sin embargo, considerar este evento como un hecho aislado y descontextualizarlo de un marco general de ingobernabilidad, corrupción, inseguridad, y pobreza que especialmente en el norte del país ha venido ayudando a fortalecer la hostilidad entre grupos religiosos y étnicos que desde hace por lo menos una década vienen desafiando a las instituciones del Estado. En consecuencia, el objetivo de esta nota de coyuntura es bifronte. Por un lado, examinará los hechos referidos contextualizándolos en una historia de radicalización y conformación de grupos radicales de carácter islámico en el norte del país poniendo énfasis en sus vínculos internacionales. Por el otro, dará cuenta del surgimiento, desarrollo y ubicación actual de Boko Haram en el escenario nacional y regional.

En lo que se advierte como una política con intereses claros en materia económica y de cooperación de México en el Caribe, el 28, 29 y 30 de abril del año en curso, tuvo lugar la III Cumbre México-Comunidad del Caribe (CARICOM) en Mérida Yucatán. De manera paralela se celebró la VI Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y, en el marco de esta última, la VII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la AEC. Ambas Cumbres concluyeron con acuerdos multilaterales y bilaterales relevantes en materia de cooperación internacional para el desarrollo, la adopción de medidas para facilitar el comercio, la inversión y promover el turismo, la generación de estrategias para mitigar los efectos de los desastres naturales y combatir el cambio climático, entre otros temas relevantes. El propósito central de esta nota de coyuntura es explicar la relevancia de ambos mecanismos, analizar los resultados de ambas Cumbres, plantear algunos de los rasgos esenciales de la discusión sobre retos y oportunidades de la región caribeña para México y examinar brevemente la dinámica de continuidad y cambio de la política exterior de México hacia los países caribeños.

Hace prácticamente diez años, el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su fallo en el denominado caso Avena. Este fallo, “definitivo e inapelable” como todos los que emite, parecía poner fin a un litigio que inició el gobierno de México el 9 de enero de 2003 sobre la violación de los derechos consulares, especialmente el de la notificación consular, en los procesos judiciales de nacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos. No obstante, este fue apenas el principio de un litigio que luego de una década está lejos de haberse agotado y que plantea hoy retos extraordinarios en las relaciones entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y el derecho internacional.

Es claro que el caso Avena va mucho más allá de una controversia judicial entre dos países a propósito de la implementación de un tratado como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante, la Convención de Viena). Va más allá incluso de un importante capítulo del debate internacional sobre la pena de muerte y el debido proceso. Se trata de un litigio que confronta dos visiones contrastantes sobre los vínculos entre el derecho interno y el derecho internacional y un episodio de tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos de dimensiones aún desconocidas.

El pasado 24 de abril la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la Ley 1628 del 22 de mayo de 2013 y mediante la cual se aprobaba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre Colombia, México, Chile y Perú. Los nueve Magistrados determinaron por unanimidad que la ley era inconstitucional porque se presentaron vicios de forma en su aprobación en el Congreso de la República. Según se informó, la ley se avaló estando incompleta y fue remitida a la propia Corte Constitucional con dos artículos faltantes.

Los Magistrados consideraron que dichos vicios de forma eran insubsanables, lo que llevó a que se declarara dicha norma como inexequible. Específicamente, los artículos faltantes eran el 15º y el 16º, referentes a normas del comercio entre miembros de la Alianza. Cabe señalar que previamente, la Procuraduría General de la Nación había enviado un concepto a la Corte Constitucional solicitando que se declarara constitucional la Ley 1628, argumentando que la Alianza del Pacífico “es un proceso abierto y flexible que pretende crear una plataforma de cooperación económica y política que impulse, entre otros, la circulación de bienes, servicios y capitales”, entre las naciones firmantes