Contexto Internacional

El domingo 7 de diciembre del año en curso, seis detenidos provenientes del centro de detención militar estadounidense ubicado en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, aterrizaron en Uruguay en calidad de refugiados. El traslado involucró a cuatro sirios, un tunecino y un palestino, ninguno de los cuales enfrentaba cargos, a pesar de mantenerse en prisión desde hace más de una década y a que habían sido autorizados para abandonar el centro de detención desde 2009 debido a su baja peligrosidad. Por su parte, una de las promesas electorales del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue la de cerrar el centro de detención que había sido creado en 2002 por el ex presidente George W. Bush como una de las medidas en el contexto de la lucha contra el terrorismo emprendida bajo su administración. No obstante, la prisión aún cuenta con más de cien detenidos, de los cuales únicamente seis enfrentan cargos formales. En este sentido, el gobierno de dicho país ha pedido el apoyo de los miembros de la comunidad internacional para repatriar o reasentar a aquellos detenidos que no presentan un grave peligro y que, por ello, han sido autorizados para abandonar Guantánamo.

Tomando en cuenta lo anterior, la presente nota de coyuntura tiene por objetivo analizar las causas y el desarrollo de las negociaciones para trasladar a los presos desde el centro de detención de Guantánamo, a terceros países o a sus países de origen. Para ello, se presenta en primer lugar, un panorama sobre la situación de la base naval y los argumentos para su cierre. Posteriormente, se plantea el caso particular del traslado de los seis presos liberados a Uruguay, desde que iniciaron las negociaciones en enero del presente año hasta el día en que fueron acogidos en dicho país. Por último, se hace un recuento de las reacciones a nivel regional que dicho acontecimiento ha suscitado

El 2 de diciembre pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rompió la coalición de gobierno, disolvió la XIX Legislatura de la Knesset y convocó a elecciones legislativas anticipadas para marzo de 2015. Esto como consecuencia de la crisis política por la que atravesaba el gobierno en las últimas semanas, derivado de la falta de consenso en la coalición gubernamental y el cese de sus cargos de los ministros de Finanzas y de Justicia, Fair Lapid y Tzipi Livni, por sus críticas públicas a la política en relación con el conflicto palestino y en particular al reciente proyecto de ley de nacionalidad que convertiría a Israel en el “hogar nacional del pueblo judío”, un tema discutido en la nota de coyuntura publicada por este Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques el pasado 28 de noviembre. La disolución de la Knesset ha llevado a los partidos a buscar nuevas coaliciones electorales para obtener en 2015 una representación más importante en el Parlamento.

La contienda ha ido constituyendo dos bloques, aún no definidos del todo en su composición definitiva, pero si en su orientación ideológica y política. Por un lado se agrupan los ultraortodoxos que apoyan a Netanyahu y por el otro los centristas cuyo candidato es Yitzhak Herzog, el presidente del partido laborista. En esta última coalición, los partidos de centro izquierda buscan aliarse para enfrentar al actual primer ministro. Las encuestas arrojan una mínima ventaja a favor de los centristas en las elecciones legislativas. Si se toma en cuenta que, según sondeos, más de la mitad de la población ha manifestado su deseo porque Netanyahu salga del poder, este pronóstico electoral no resulta sorprendente. La presente nota pretende profundizar en el proceso de ruptura de la coalición gubernamental, la reconfiguración de Alianzas previo a las elecciones de marzo y, en ese sentido, presentar las visiones de los dos bloques electorales mayoritarios en relación con temas relevantes de la agenda pública israelí.

El pasado 8 y 9 de diciembre México fue sede de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El foro realizado en la ciudad de Veracruz bajo el lema Iberoamérica en el Siglo XXI: Educación, Innovación y Cultura contó con la participación de 16 jefes de Estado de los 22 países miembros. La asistencia fue, en ese sentido, superior a las de las Cumbres de Paraguay (2011) y Panamá (2013) a las que faltaron la mitad de los invitados pero menor a la de Cádiz donde solo faltaron los mandatarios de Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela. Con todo, algunos medios de comunicación observaron que las fracturas políticas iberoamericanas quedaron de manifiesto con la ausencia de los mandatarios de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y finalmente de Cuba. Aunque se informó que el presidente cubano Raúl Castro asistiría a la Cumbre, al final quien llegó en representación del gobierno cubano fue el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel. La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, afirmó que evitando “la aritmética de los presidentes”, la representación de Veracruz sumando presidentes y vicepresidentes ha sido “la más alta” desde 2005.

Los trabajos de la Cumbre incluyeron distintas intervenciones de los mandatarios iberoamericanos, una última sesión plenaria destinada al tema de la innovación y el denominado “retiro presidencial” un diálogo celebrado a puertas cerradas y dedicado al análisis de cuestiones políticas. En el marco de dicho foro se presentó además el informe, Perspectivas Económicas de América Latina 2015 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y respaldado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Cumbre, conviene señalar, estrenó un plazo bienal, una agenda con tres puntos concretos como ejes torales de la discusión y un programa destacado: el llamado Erasmus Iberoamericano con el que se pretende involucrar a mil universidades en un esquema de intercambio educativo inspirado en el programa Erasmus de la Unión Europea.

Poco más de trece años después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) puso fin a la misión de combate en Afganistán, conocida como Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés), con lo que a partir del próximo año su papel estará centrado exclusivamente en el entrenamiento, capacitación y apoyo a las fuerzas de seguridad locales. El primer paso será reducir de 15 mil a 12 mil el número de efectivos militares para enero de 2015, y al mismo tiempo sustituir la ISAF por la Misión de Apoyo (Ressolute Support Mission), que tendrá como objetivo la construcción de capacidades y el fortalecimiento institucional de los ministerios y dependencias gubernamentales de seguridad y justicia, en lugar del combate directo a la insurgencia de los talibanes y de Al Qaeda. Cabe recalcar que se estima que desde que comenzó la denominada “Guerra contra el terrorismo”, con la invasión a Afganistán en octubre de 2001, han fallecido en combate alrededor de 3,500 soldados de tropas extranjeras, de los cuales 2,210 eran estadounidenses.  Es importante agregar que si bien la OTAN pondrá fin a su misión de combate en Afganistán, los Estados Unidos han decidido, en contraste, ampliar el rol de las fuerzas estadounidenses en el combate directo a los talibanes y una presencia militar más robusta de la que originalmente había planteado el Presidente Obama en mayo pasado.

El pasado 30 de noviembre de 2014, Brasil, Camerún, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Irán, Kiribati, Malasia, Mauritania, Mauricio, México y Uruguay fueron reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) debido a su progreso en la lucha contra el hambre. Esto supone también, un logro importante en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) antes del límite especificado para su consecución en 2015.

Esta ficha informativa tiene como propósito presentar, en primer lugar, los objetivos y funciones de la FAO en tanto organismo que hace entrega de estos galardones, además de explicar en qué consiste la política de reducción de las personas que padecen hambre (ODM 1c), y la meta de la Cumbre Mundial sobre Alimentación (CMA) de 1996, elementos que han sido considerados como indicadores para otorgar el reconocimiento a estos trece países. Posteriormente, se describen los factores que intervienen en la creación de un entorno próspero para la erradicación de la subalimentación. Por último, se plantean los principales elementos a considerar en relación con el reconocimiento otorgado, enfatizando el caso de México, junto con el de los otros dos países latinoamericanos galardonados. A fin de aclarar los conceptos que se emplean en el presente documento, se anexa un glosario.

La historia política reciente de Egipto se caracteriza por las sucesivas transformaciones de su sistema político y de partidos. Desde 1952 hasta 2011, Egipto fue una República gobernada por una élite militar hasta la Revolución que derrocó al presidente Hosni Mubarak. Un año después, en 2012, Mohammed Mursi fue elegido democráticamente como Presidente, siendo a su vez derrocado en 2013 por el propio Ejército. Hoy, con Abdelfatah Al-Sisi, en el cargo desde junio pasado, los militares han regresado a gobernar Egipto. Tras su caída, el 2 de junio de 2012, Hosni Mubarak fue sentenciado a cadena perpetua por la muerte de 900 manifestantes en las protestas de 2011, además de haber sido encontrado culpable de cargos de corrupción y abuso de poder. En enero de 2013 el juicio fue declarado nulo por la existencia de errores procesales y se ordenó repetirlo. En el segundo proceso judicial que concluyó el pasado 29 de noviembre, Mubarak fue absuelto de los cargos en su contra. En respuesta a la decisión del Tribunal Penal de El Cairo las manifestaciones se reanudaron. Esta nota de coyuntura analiza la crisis política que ha vivido Egipto desde el estallido de la Revolución a principios de 2011; el proceso judicial conocido como el juicio del siglo, que primero sentenció al ex presidente Mubarak y luego lo absolvió; la aprobación de la nueva Constitución que matiza el tono islamista impuesto durante la presidencia de Morsi y confirma el papel de las fuerzas armadas en la vida política de Egipto; finalmente, se expone el papel de la organización de los Hermanos Musulmanes durante y después las manifestaciones, y recientemente durante la administración del actual presidente Al-Sisi.

El pasado 18 de noviembre, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, disolvió la Cámara de Representantes o Shugi-in y convocó a elecciones anticipadas. Según los analistas internacionales, la medida responde a la entrada en recesión de la economía nacional y a la considerable reducción del consumo interno derivada del aumento del 5% al 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que entró en vigor durante el mes de abril. Cabe señalar que las elecciones se celebrarán dos años antes de lo previsto, pues la legislatura actual terminaría su periodo en 2016.

Abe afirmó que tomó la decisión con la finalidad de clarificar la estrategia de crecimiento económico que seguirá su gobierno. Sin embargo, una encuesta de la agencia Kyodo ha reportado que el 63% de los japoneses no entiende la medida. En respuesta, Abe afirmó que renunciaría en caso de que su coalición, liderada por el Partido Liberal Democrático, no obtuviera la mayoría simple en las elecciones anticipadas. No obstante, los analistas internacionales consideran poco probable que ocurra tal escenario, pues los partidos de oposición no parecen contar con suficiente apoyo.

 Este impasse puso a Japón en primer plano en la arena internacional, pues su recaída económica puso en duda la recuperación de la economía mundial. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura está encaminado a exponer las razones detrás de la polémica decisión de Abe, no sin antes contextualizar la peculiar situación política y económica por la que atraviesa el país. Posteriormente, se analizará el impacto de esta medida en las economías japonesa y mundial y, finalmente, se realizará un ejercicio de prospectiva explicando los posibles escenarios que podrían presentarse luego de las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 14 de diciembre.

El 24 de noviembre, un Gran Jurado absolvió al oficial de policía Darren Wilson del asesinato del joven afroamericano Michael Brown, ocurrido el pasado 9 de agosto en la ciudad de Ferguson, Missouri. Este hecho ha causado una fuerte indignación entre la población civil y reavivó las tensiones raciales en Estados Unidos, puesto que se han presentado actos vandálicos y disturbios en Ferguson, así como protestas masivas en por lo menos 170 ciudades de 37 estados.

Como fue planteado en la nota de coyuntura, “Disturbios en Missouri: Tensión racial y uso excesivo de la fuerza policial", la desigualdad racial continúa siendo un elemento sobresaliente de algunas regiones de los Estados Unidos, pues de acuerdo con diversos estudios, los afroamericanos tienen menores ingresos que las personas de raza blanca, más probabilidades de ser encarcelados y menos probabilidades de obtener un título universitario. La localidad de Ferguson no es ajena a esa realidad, ya que un informe de la Fiscalía de Missouri reveló que en 2013, los afroamericanos representaron el 93% de los arrestos por violaciones al reglamento de tránsito y 92% de los cateos. Huelga recalcar que en Ferguson, 63% de los 22,400 habitantes son personas de origen afroamericano, 20% de la población vive en condiciones de pobreza, y el ingreso familiar promedio es de $37,000 dólares anuales, cifra $10,000 dólares inferior al promedio estatal.

El Consejo de Ministros de Israel aprobó el pasado 23 de noviembre el proyecto de una nueva ley básica: “Israel como el Estado-nación del pueblo judío” que, entre otros elementos, cambia la definición del Estado de Israel al declararlo como el hogar del pueblo judío. El proyecto de ley ha desatado fuertes discusiones entre los partidos que integran la coalición de gobierno, enfrentando a los partidos de derecha y ultraderecha con los partidos centristas. Acusado de buscar imponer un “estado religioso” y una ley discriminatoria y racista, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en la necesidad de mantener vías abiertas al diálogo, frente a la posible ruptura en la coalición del gobierno. Esta ficha informativa se ocupa de describir los fundamentos e implicaciones del proyecto de ley impulsado por el primer ministro. Se incluyen las críticas y debates en torno a la propuesta de Ley, las acusaciones hechas al primer ministro en un contexto especialmente difícil en el conflicto con Palestina, y algunas breves consideraciones finales.

El pasado 20 de noviembre, el presidente Barack Obama anunció una acción ejecutiva sobre inmigración que evitaría la deportación de hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados. El anuncio, realizado por medio de un discurso dirigido a la nación estadounidense, cumple con la promesa del presidente Barack Obama de emitir órdenes ejecutivas en materia de inmigración, frente a la inacción del Congreso estadounidense de aprobar un proyecto de ley de reforma integral en la materia. Dicha acción ejecutiva plantea detener la deportación de un grupo amplio de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y garantiza, al menos por un periodo de tres años, que el grupo de personas beneficiarias puedan trabajar legalmente en el país. Ante dicha acción, diferentes organizaciones de ayuda a migrantes manifestaron su apoyo al mandatario estadounidense, sin embargo, la medida fue objeto de severas críticas por parte de la oposición republicana.

En virtud de la importancia que reviste este hecho, el objetivo de esta nota de coyuntura es presentar las principales características de la acción ejecutiva. Para ello, se hace alusión a las facultades del presidente en la materia y se analizan las diferentes posturas ante tal acción. Adquiere centralidad, sin lugar a dudas, el debate desarrollado en el Congreso estadounidense. Finalmente, se plantean algunas consecuencias y posibles perspectivas derivadas de la acción ejecutiva anunciada por el Presidente Barack Obama.