Contexto Internacional

El pasado 11 de agosto, el presidente de Irak, Fuad Masum, respaldado por su homólogo estadounidense, Barack Obama, designó como primer ministro a Haider al-Abadi, en sustitución de Nuri Al-Maliki, quien no ha conseguido detener el avance del Ejército Islámico de Irak (ISIS por sus siglas en inglés). Sin embargo, Maliki anunció que no dejaría el cargo sin una decisión judicial y comenzó a movilizar a sus partidarios para impedir su remoción. En ese contexto, después de varias semanas de combate entre las fuerzas kurdas y los milicianos del ISIS, éstos últimos consiguieron tomar el control de la localidad de Jalawla, a 115 kilómetros de Bagdad. Ante el riesgo de que el ISIS pueda llegar a Bagdad, los países occidentales decidieron aumentar su ayuda a las minorías expulsadas de sus ciudades por el ISIS. Por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron abiertamente su apoyo a los kurdos para ayudarlos a combatir la ofensiva del ISIS. Incluso, desde la primera semana de agosto, el Ejército estadounidense comenzó a realizar ataques aéreos contra posiciones del ISIS en la ciudad de Sinjar, en el norte del país.

El pasado 7 de agosto, el Tribunal Internacional de Camboya, creado en 2006 para investigar e impartir justicia en relación con los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de los Jemeres Rojos, condenó a cadena perpetua a los dos únicos ex líderes supervivientes de esta organización. Luego de varios años de audiencias y de una profunda investigación para la recopilación de evidencias sobre su responsabilidad en el denominado genocidio camboyano, los jueces sentenciaron a Nuon Chea, el número dos en la cadena de mando de los Jemeres Rojos y mano derecha de Pol Pot, jefe máximo de la guerrilla maoísta, y a Khieu Samphan, expresidente de la Kampuchea Democrática, la denominación política que entre 1975 y 1979 adoptó el actual reino de Camboya. Se trata de la primera sentencia de este tribunal y de la primera vez que condena oficialmente a los responsables de la comisión de crímenes ominosos que incluyen la persecución política, la desaparición forzada de personas, desplazamientos forzados y el genocidio. Según el juez Nil Nonn, integrante de la Cámara del Juicio, “millones de personas fueron víctimas de un ataque global y sistemático que seguía políticas y planes del partido”. El objetivo de esta nota de coyuntura es, precisamente, analizar la relevancia de este fallo -un verdadero hito en la historia de la postguerra camboyana- y las implicaciones que podría tener tanto para el proceso de reconciliación política en ese país como para el futuro del Tribunal de Camboya.

En los últimos días el brote del ébola surgido en África Occidental se ha agravado de manera preocupante. Este resurgimiento iniciado en marzo de este año ha registrado el número más alto de casos y muertes en la historia del virus. En esta nueva etapa, el ébola se ha extendido geográficamente en cuatro CEI Gilberto Bosquespaíses de África: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria, causando la muerte de más de 900 personas y reportando más de mil 700 infectados por el virus.1 La epidemia se ha caracterizado por un brote muy complejo. Por un lado, está ocurriendo en localidades con movimiento de cruce de fronteras y, por el otro, los casos se están detectando tanto en zonas rurales como en ciudades grandes como Conakry en Guinea o Monrovia en Liberia. Ante tal situación, diversos países han emitido alertas en las que instan a sus nacionales a evitar viajar a la zona de África Occidental para evitar el riesgo de contagio y ayudar a los países a controlar la enfermedad. A partir de lo anterior, la presente nota de coyuntura tiene el objetivo de presentar de manera breve las causas, riesgos de propagación y las reacciones de los organismos internacionales ante la crisis, en especial la Organización Mundial de la Salud. Todo lo anterior con la pretensión final de reflexionar sobre los desafíos que una pandemia como ésta plantea a la cooperación internacional.

El lunes 4 de agosto, el gobierno argentino, a través del secretario general de la Presidencia, Óscar Parrilli, advirtió que recurriría a acciones legales y políticas en el marco de distintos organismos internacionales para denunciar a los fondos de especulación denominados “fondos buitre” por su responsabilidad en la generación de lo que calificó como un caos financiero en el país sudamericano. Dichas instancias, puntualizó, podrían ser la Cumbre del G-20, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. 1 En efecto, el pasado miércoles 30 de julio, Argentina entró en una nueva e involuntaria suspensión de pagos a partir de la decisión del juez estadounidense Thomas Griesa de congelar los depósitos por vencimientos de la deuda con el 92% de los bonistas con quienes se reestructuró la deuda pública argentina bajo el argumento de que el gobierno argentino fracasó en las negociaciones con los propietarios de los “fondos buitre” o “holdouts” que representan el 8% de sus acreedores totales, precisamente quienes no aceptaron la reestructuración. En consecuencia, se generó una situación verdaderamente inédita en la historia del crédito internacional. Si bien Argentina mantiene la capacidad y voluntad de pago, un juez estadounidense impide que los pagos se efectúen en virtud de una cláusula del contrato original que establece que todos los tenedores de bonos deben ser tratados de la misma manera, es decir, que si el gobierno no llega a un acuerdo con ellos, no puede hacerle pagos a ningún acreedor. El propósito de esta nota, en este sentido, tiene que ver con explicar el funcionamiento de los denominados holdouts, describir la evolución de litigio y examinar algunas de las implicaciones de estos hechos.

Desde la puesta en marcha de la operación israelí “Margen Protector” el pasado 8 de julio, los enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los militantes de la organización islámica Hamás han dejado un saldo de aproximadamente 1,800 muertos y más de 9,400 heridos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el momento han perdido la vida 1,717 palestinos (1,176 eran civiles; entre ellos se encuentran 377 niños y 196 mujeres) y 67 israelíes (64 soldados, 2 civiles y 1 extranjero nacionalizado)1 . Sin embargo, a partir de las 08:00 hrs. del martes 5 de agosto entró en vigor una tregua humanitaria de 72 horas promovida por el gobierno egipcio. En ese periodo, se espera que El Cairo entable contacto con las delegaciones de Israel y Palestina -ésta última integrada por miembros tanto de Hamás como de Al Fatah-, con la finalidad de negociar un alto a las hostilidades y el bloqueo sobre la Franja de Gaza2 . Cabe señalar que las previsiones planteadas en la nota de coyuntura publicada por este Centro de Estudios Internacionales el pasado 14 de julio, se cumplieron simultáneamente puesto que, por un lado, las FDI emprendieron una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza y, por el otro, Egipto asumió el rol de mediador para negociar el alto de la ofensiva israelí y el fin del lanzamiento de proyectiles por parte de Hamás hacia territorio israelí.

Los días 25 y de 26 julio de 2014, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó una visita oficial a la Ciudad de México a partir de la invitación que el titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, le hiciera en abril de 2013 durante su última gira de trabajo en el país asiático. El objetivo de la visita oficial del Primer Ministro, Shinzo Abe, fue consolidar el acercamiento y entendimiento mutuos y reafirmar la fortaleza y la importancia de la relación entre ambos países1 . Es importante mencionar que la visita a México corresponde a una primera fase de la gira por América Latina que efectuó el Primer Ministro Abe por Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Chile y Brasil.

El 25 de julio se reunieron en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y sus homólogos de Guatemala, Otto Pérez Molina; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y de Honduras, Juan Orlando Hernández, para dar continuidad al tema del creciente número de menores no acompañados, que están ingresando ilegalmente a territorio estadounidense.

El encuentro tuvo su primer antecedente el pasado 20 de junio, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden se reunió con los mandatarios y representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, con el objetivo de crear en conjunto una estrategia basada en el principio de responsabilidad compartida que permitiera establecer acciones concretas en cada país y en la región para atender la “crisis humanitaria” ocasionada por los menores centroamericanos. En ese momento, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos informó que entre octubre de 2013 y mayo de este año, la cifra se elevó a más de 47 mil menores de edad provenientes principalmente de Centroamérica. Al término de la reunión, el gobierno de Estados Unidos manifestó que los menores serían deportados. Por su parte emitió diversas medidas para hacer frente a la crisis, entre ellas ofreció $244 mdd para programas de desarrollo social y seguridad en la región.

Los días 17 y 18 de julio el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, realizó una visita oficial a México con motivo de la invitación previa realizada el 24 de abril de 2013 por el titular del ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, durante su gira por América Latina. En dicha ocasión, ambos mandatarios acordaron suscribir un Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). En efecto, el presidente Ollanta Humala y el presidente Peña Nieto suscribieron el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Perú, además de otros acuerdos en materia de seguridad, salud, turismo, asuntos indígenas, agropecuarios, comercio exterior y cooperación jurídico-técnica. La presente nota tiene como objetivo analizar los resultados de la visita del mandatario peruano a México, así como contextualizar el marco general de las relaciones bilaterales vigentes.

Después de poco más de cuatro años que un presidente de Rusia visitara América Latina, Vladimir Putin llevó a cabo una gira por algunos países de la región. En apenas seis días, el mandatario ruso visitó Cuba, Argentina y Brasil, participó en la VI Reunión Cumbre del grupo de los BRICS y además realizó una escala, no prevista originalmente, en Nicaragua. La gira anterior de un mandatario ruso a Latinoamérica fue la de Dimitri Medvédev como presidente, en abril 2010, ocasión en la que también visitó Argentina y Brasil. En noviembre de 2008 visitó Perú, Brasil, Venezuela y Cuba.

Conforme a lo que el Kremlin anunció oficialmente a principios de julio, la agenda incorporaría temas de comercio, economía e inversión, así como la implementación de proyectos conjuntos en materia de energía, transporte, aviación civil, uso pacífico del espacio y temas de salud. El propósito explícito de Moscú fue buscar la renovación de las relaciones con la región, en un contexto donde se ha insistido en que la multipolaridad actual convierte a América Latina en un valioso aliado en la economía global que no puede pasar inadvertido.

El pasado 18 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio el Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México (el Acuerdo de aquí en adelante). Este instrumento jurídico establece la exploración y explotación conjunta, así como la distribución asociada de la producción que resulte de los hidrocarburos extraídos de yacimientos localizados en el límite de la plataforma continental de ambos países. Cabe señalar que el acuerdo había sido suscrito desde la administración del ex presidente Felipe Calderón en febrero de 2012, y ratificado por el Senado en abril de ese mismo año. Por tanto, el decreto emitido por el presidente, Enrique Peña Nieto, fue el último paso para que el acuerdo entrara en vigor, en cumplimiento con las disposiciones constitucionales.

El Acuerdo resulta relevante para ambos países debido a se estima que podrían extraerse alrededor de 172 millones de barriles de petróleo y 8,600 millones de metros cúbicos de gas natural en esa zona. Además, representa el principal marco jurídico para explotar los yacimientos que puedan existir en las fronteras marítimas, de forma coordinada, segura, equitativa y ambientalmente responsable. De hecho, desde la discusión y análisis del documento en el Senado durante abril de 2012, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, y Energía resaltaron que el acuerdo en todo momento mantenía la soberanía sobre los recursos energéticos, ya que preveía mecanismos para la solución de controversias y cancelaba la posibilidad de una producción unilateral no regulada, inequitativa e ineficiente. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en explicar los antecedentes, contenido, implicaciones y trascendencia del Acuerdo, así como la posición de Estados Unidos, en el marco de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética en el Senado de la República.