Contexto Internacional

Con la reciente “Marcha por la Vida” celebrada el pasado 24 de marzo en Washington D.C., alrededor de 800,000 estadounidenses unieron sus voces para emitir un reclamo a su gobierno respecto a los altos índices de violencia provocados por armas de fuego en la Unión Americana, al mismo tiempo en que exigieron al gobierno nuevas leyes que restrinjan la compra, venta y posesión de este armamento en el país. Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por la élite conservadora desde hace ya varios años, respaldándose en el derecho a portar armas emanado en la Segunda Enmienda. Al mismo tiempo en que esta crisis sobre la regulación de armas de fuego sucede en los Estados Unidos, grupos del crimen organizado en México continúan recibiendo importantes cantidades de armas a través de un flujo ilícito en la frontera mexicano-estadounidense.

En un contexto lleno de incertidumbre ante el aumento del proteccionismo comercial, sobre todo en Estados Unidos a partir de una nueva estrategia comercial, el pasado 21 de febrero se firmó en Seúl, Corea del Sur, el Tratado de Libre Comercio entre ese país y cinco países de Centroamérica (Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica). Este acuerdo tiene como principal objetivo potenciar los intercambios comerciales y mejorar el acceso de bienes y servicios en ambos sentidos. Además, busca dar un impulso a la asociación estratégica entre ambas regiones.

El 8 de marzo de 2018, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera que normará los servicios de tecnologías financieras, incluyendo a las criptomonedas. La ley es sui generis, la primera del mundo en enfocarse directamente a atender el tema de la tecnología financiera. Para muchos, la ley presenta una importante oportunidad para que México crezca y dinamice su economía, no solamente porque promete hacer más accesibles los servicios bancarios sino también porque puede crear un “paraíso” para la creación de productos de tecnología financiera.

El grave deterioro de la situación social, económica y política en Venezuela durante los últimos años ha ocasionado un significativo aumento en el desplazamiento de nacionales de este país a través de las fronteras internacionales buscando asilo y protección, sobre todo, a partir de 2017. Este éxodo ha impactado de manera particular -si bien no únicamente- a países fronterizos, al tiempo que la dimensión regional que estos flujos adquirieron en fechas recientes apunta a la evidente necesidad de desarrollar una respuesta que atienda las necesidades de protección de esta población en el exterior. Los países de América Latina, por su parte, cuentan con referentes históricos de suma relevancia para demostrar su solidaridad. Al mismo tiempo, no cabe duda sobre la importancia de contar con los recursos necesarios para responder a la contingencia inicial generada por este desplazamiento, al tiempo que se buscan soluciones que permitan a los venezolanos reanudar su vida en un entorno seguro y en libertad.

El pasado 22 de marzo, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen para reformar la Ley del Servicio Exterior, iniciativa que fuese aprobada por el Senado de la República y turnada a la Cámara Baja en marzo. Las modificaciones de la ley se aprueban después de un análisis por parte de los legisladores, quienes en conjunto con la Cancillería, adicionaron, modificaron y derogaron disposiciones para fortalecer los derechos y obligaciones de los miembros del Servicio Exterior Mexicano,

El 1º de marzo, el Presidente estadounidense Donald Trump anunció la inminente imposición de aranceles de 25 y 10 por ciento a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente. Se trató de la más reciente acción por parte del mandatario de Estados Unidos que confirma su predilección por el proteccionismo económico. Después de repetidas protestas por parte de varios aliados de ese país, el Presidente Trump signó el decreto el 8 de marzo, teniendo como únicas excepciones a México y a Canadá, bajo la condición de que se logre alcanzar un acuerdo satisfactorio en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con todo, la medida aprobada por Estados Unidos amenaza con desatar una guerra comercial, lo que indudablemente tendría efectos nocivos no sólo para la industria del acero, sino para el panorama comercial en general.

La Casa Blanca mediante su vocero, Sean Spicer, anunció el 26 de enero pasado su interés en establecer un impuesto de ajuste fronterizo del 20%, lo cual se complementaría con una reforma fiscal propuesta por los republicanos en junio de 2016. Originalmente, el ajuste fronterizo se consideraba la medida óptima para recaudar recursos que paguen por el muro fronterizo que, en breve, estaría construyendo la administración Trump. Aunque en realidad ni México ni las empresas mexicanas pagarían directamente estos impuestos, la implementación de este ajuste sí podría tener consecuencias nocivas para el comercio internacional en América del Norte.

Frente al creciente proteccionismo y amenazas comerciales que han surgido en diferentes partes del mundo, existen esquemas de integración regional que evocan un relevante mensaje sobre el alcance de la apertura de mercados, la integración económica y la cooperación internacional. Este es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), integrado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El pasado 8 de marzo, en Santiago de Chile, los once países integrantes del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), después de que Estados Unidos decidiera retirarse del original TPP, firmaron el documento cuyas negociaciones finalizaron en enero de 2018 en Tokio. Se trata de un texto prácticamente idéntico al del TPP, con la salvedad de que los miembros de este nuevo acuerdo acordaron la suspensión de 22 disposiciones incluidas en el texto original.

El 5 de junio de 1708 el galeón español San José zarpó en su trayecto de regreso del puerto de Portobelo, Panamá, hacia Cartagena de Indias cargado de oro y plata. Los ingleses atacaron la flotilla española y el San José naufragó. El 4 de diciembre de 2015, -307 años después del hundimiento- el gobierno de Colombia anunció el hallazgo del naufragio y reclamó para sí el pecio y su cargamento avivando el debate internacional alrededor del patrimonio cultural subacuático; su investigación, conservación y difusión, versus el interés económico de su carga y los mecanismos jurídicos para dar certeza al proyecto.