El pasado 15 de julio, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó una sección conocida como las “28 páginas”, del Informe sobre la Investigación Conjunta del Congreso sobre las Actividades de la Comunidad de Inteligencia del gobierno de ese país llevadas a cabo antes y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, la cual fue mantenida como información clasificada por casi catorce años. Desde 2002, fecha de la presentación del Informe, diversos legisladores estadounidenses, familiares de las víctimas de los ataques del 9/11 y el propio gobierno del Reino de Arabia Saudita expresaron su interés en que se revelara el contenido de estas páginas, a fin de contribuir al esclarecimiento de los posibles vínculos entre los autores de los actos terroristas con ciudadanos de origen saudí que residían en Estados Unidos en esa época. La develación de esta información, a la par que ha generado diversas reacciones, tanto para esbozar distintas especulaciones como para dar un seguimiento más profundo del caso, ocurre en un momento sensible de la relación bilateral entre Arabia Saudita y Estados Unidos, principalmente derivado del debate que tiene lugar en este último de una ley que permitiría demandar a los gobiernos extranjeros ante tribunales de Estados Unidos por su presunta participación en ataques terroristas cometidos en suelo estadounidense.