El 24 de septiembre de 1996, tras dos años de negociaciones, el entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, abrió formalmente a la firma de los Estados miembros el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), siendo el marco jurídico internacional que busca prohibir la conducción de todo tipo de explosiones nucleares e instaurar un régimen de control internacional a estas pruebas. Sin embargo, a dos décadas de este acontecimiento, dicho Tratado aún no entra en vigor en razón de que ocho de cuarenta y cuatro Estados que deben firmarlo y/o ratificarlo aún no lo han hecho, a saber, la República Popular Demócrata de Corea, India, Paquistán, China, Egipto, Irán, Israel y Estados Unidos. En el contexto actual conviene tener presente que el 6 de enero pasado, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea anunció que había realizado con éxito su primera prueba con una bomba de hidrógeno, generando la preocupación y condena de la comunidad internacional. Frente a este hecho, la conmemoración del vigésimo aniversario de la apertura a firmas del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares brinda una ocasión idónea para reflexionar sobre la necesidad de contar con un instrumento internacional en razón de las amenazas de los ensayos nucleares al atentar contra la paz y la seguridad internacionales, pero especialmente contra la protección de la vida humana y la conservación del medio ambiente.