Contexto Internacional

El lunes 4 de agosto, el gobierno argentino, a través del secretario general de la Presidencia, Óscar Parrilli, advirtió que recurriría a acciones legales y políticas en el marco de distintos organismos internacionales para denunciar a los fondos de especulación denominados “fondos buitre” por su responsabilidad en la generación de lo que calificó como un caos financiero en el país sudamericano. Dichas instancias, puntualizó, podrían ser la Cumbre del G-20, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. 1 En efecto, el pasado miércoles 30 de julio, Argentina entró en una nueva e involuntaria suspensión de pagos a partir de la decisión del juez estadounidense Thomas Griesa de congelar los depósitos por vencimientos de la deuda con el 92% de los bonistas con quienes se reestructuró la deuda pública argentina bajo el argumento de que el gobierno argentino fracasó en las negociaciones con los propietarios de los “fondos buitre” o “holdouts” que representan el 8% de sus acreedores totales, precisamente quienes no aceptaron la reestructuración. En consecuencia, se generó una situación verdaderamente inédita en la historia del crédito internacional. Si bien Argentina mantiene la capacidad y voluntad de pago, un juez estadounidense impide que los pagos se efectúen en virtud de una cláusula del contrato original que establece que todos los tenedores de bonos deben ser tratados de la misma manera, es decir, que si el gobierno no llega a un acuerdo con ellos, no puede hacerle pagos a ningún acreedor. El propósito de esta nota, en este sentido, tiene que ver con explicar el funcionamiento de los denominados holdouts, describir la evolución de litigio y examinar algunas de las implicaciones de estos hechos.

Desde la puesta en marcha de la operación israelí “Margen Protector” el pasado 8 de julio, los enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los militantes de la organización islámica Hamás han dejado un saldo de aproximadamente 1,800 muertos y más de 9,400 heridos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el momento han perdido la vida 1,717 palestinos (1,176 eran civiles; entre ellos se encuentran 377 niños y 196 mujeres) y 67 israelíes (64 soldados, 2 civiles y 1 extranjero nacionalizado)1 . Sin embargo, a partir de las 08:00 hrs. del martes 5 de agosto entró en vigor una tregua humanitaria de 72 horas promovida por el gobierno egipcio. En ese periodo, se espera que El Cairo entable contacto con las delegaciones de Israel y Palestina -ésta última integrada por miembros tanto de Hamás como de Al Fatah-, con la finalidad de negociar un alto a las hostilidades y el bloqueo sobre la Franja de Gaza2 . Cabe señalar que las previsiones planteadas en la nota de coyuntura publicada por este Centro de Estudios Internacionales el pasado 14 de julio, se cumplieron simultáneamente puesto que, por un lado, las FDI emprendieron una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza y, por el otro, Egipto asumió el rol de mediador para negociar el alto de la ofensiva israelí y el fin del lanzamiento de proyectiles por parte de Hamás hacia territorio israelí.

Los días 25 y de 26 julio de 2014, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó una visita oficial a la Ciudad de México a partir de la invitación que el titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, le hiciera en abril de 2013 durante su última gira de trabajo en el país asiático. El objetivo de la visita oficial del Primer Ministro, Shinzo Abe, fue consolidar el acercamiento y entendimiento mutuos y reafirmar la fortaleza y la importancia de la relación entre ambos países1 . Es importante mencionar que la visita a México corresponde a una primera fase de la gira por América Latina que efectuó el Primer Ministro Abe por Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Chile y Brasil.

El 25 de julio se reunieron en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y sus homólogos de Guatemala, Otto Pérez Molina; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y de Honduras, Juan Orlando Hernández, para dar continuidad al tema del creciente número de menores no acompañados, que están ingresando ilegalmente a territorio estadounidense.

El encuentro tuvo su primer antecedente el pasado 20 de junio, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden se reunió con los mandatarios y representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, con el objetivo de crear en conjunto una estrategia basada en el principio de responsabilidad compartida que permitiera establecer acciones concretas en cada país y en la región para atender la “crisis humanitaria” ocasionada por los menores centroamericanos. En ese momento, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos informó que entre octubre de 2013 y mayo de este año, la cifra se elevó a más de 47 mil menores de edad provenientes principalmente de Centroamérica. Al término de la reunión, el gobierno de Estados Unidos manifestó que los menores serían deportados. Por su parte emitió diversas medidas para hacer frente a la crisis, entre ellas ofreció $244 mdd para programas de desarrollo social y seguridad en la región.

Los días 17 y 18 de julio el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, realizó una visita oficial a México con motivo de la invitación previa realizada el 24 de abril de 2013 por el titular del ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, durante su gira por América Latina. En dicha ocasión, ambos mandatarios acordaron suscribir un Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). En efecto, el presidente Ollanta Humala y el presidente Peña Nieto suscribieron el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Perú, además de otros acuerdos en materia de seguridad, salud, turismo, asuntos indígenas, agropecuarios, comercio exterior y cooperación jurídico-técnica. La presente nota tiene como objetivo analizar los resultados de la visita del mandatario peruano a México, así como contextualizar el marco general de las relaciones bilaterales vigentes.

Después de poco más de cuatro años que un presidente de Rusia visitara América Latina, Vladimir Putin llevó a cabo una gira por algunos países de la región. En apenas seis días, el mandatario ruso visitó Cuba, Argentina y Brasil, participó en la VI Reunión Cumbre del grupo de los BRICS y además realizó una escala, no prevista originalmente, en Nicaragua. La gira anterior de un mandatario ruso a Latinoamérica fue la de Dimitri Medvédev como presidente, en abril 2010, ocasión en la que también visitó Argentina y Brasil. En noviembre de 2008 visitó Perú, Brasil, Venezuela y Cuba.

Conforme a lo que el Kremlin anunció oficialmente a principios de julio, la agenda incorporaría temas de comercio, economía e inversión, así como la implementación de proyectos conjuntos en materia de energía, transporte, aviación civil, uso pacífico del espacio y temas de salud. El propósito explícito de Moscú fue buscar la renovación de las relaciones con la región, en un contexto donde se ha insistido en que la multipolaridad actual convierte a América Latina en un valioso aliado en la economía global que no puede pasar inadvertido.

El pasado 18 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio el Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México (el Acuerdo de aquí en adelante). Este instrumento jurídico establece la exploración y explotación conjunta, así como la distribución asociada de la producción que resulte de los hidrocarburos extraídos de yacimientos localizados en el límite de la plataforma continental de ambos países. Cabe señalar que el acuerdo había sido suscrito desde la administración del ex presidente Felipe Calderón en febrero de 2012, y ratificado por el Senado en abril de ese mismo año. Por tanto, el decreto emitido por el presidente, Enrique Peña Nieto, fue el último paso para que el acuerdo entrara en vigor, en cumplimiento con las disposiciones constitucionales.

El Acuerdo resulta relevante para ambos países debido a se estima que podrían extraerse alrededor de 172 millones de barriles de petróleo y 8,600 millones de metros cúbicos de gas natural en esa zona. Además, representa el principal marco jurídico para explotar los yacimientos que puedan existir en las fronteras marítimas, de forma coordinada, segura, equitativa y ambientalmente responsable. De hecho, desde la discusión y análisis del documento en el Senado durante abril de 2012, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, y Energía resaltaron que el acuerdo en todo momento mantenía la soberanía sobre los recursos energéticos, ya que preveía mecanismos para la solución de controversias y cancelaba la posibilidad de una producción unilateral no regulada, inequitativa e ineficiente. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en explicar los antecedentes, contenido, implicaciones y trascendencia del Acuerdo, así como la posición de Estados Unidos, en el marco de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética en el Senado de la República.

Del 14 al 16 de julio pasado, el bloque de países denominado como BRICS –conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– celebró en las ciudades brasileñas de Fortaleza y Brasilia su Sexta Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, con el objetivo de “impulsar un sistema global más justo e igualitario, capaz de generar un crecimiento más incluyente” . Además de la Declaración de Fortaleza, esta Cumbre terminó con la puesta en marcha de dos proyectos estratégicos: 1) la creación de un Banco de Desarrollo como alternativa a las instituciones financieras multilaterales; y, 2) el establecimiento del Acuerdo Contingente de Reservas para enfrentar crisis internacionales. A nivel mundial, los BRICS representan 46% de la población, 26% del territorio y 20% del PIB mundial, por lo que indudablemente poseen una considerable influencia internacional. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en analizar los antecedentes y el impacto de los principales resultados de la Sexta Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de los BRICS, y al mismo tiempo, ofrecer una perspectiva sobre el futuro del bloque y las expectativas de cara a su Séptima Cumbre, que tendrá lugar en Rusia el próximo mes de julio de 2015.

El pasado 8 de julio, el gobierno de Israel puso en marcha la operación Margen Protector con la finalidad de prevenir e interceptar el lanzamiento de proyectiles hacia su territorio por parte de militantes de la organización islámica Hamás, actuando aparentemente en represalia por el homicidio de un joven palestino por parte de supuestos militantes de cierta organización fundamentalista judía. A su vez, la muerte del palestino se habría perpetrado en venganza por el secuestro y asesinato de tres estudiantes israelíes a manos de presuntos integrantes de Hamás. Hasta el momento, el saldo de la ofensiva israelí es de más de 165 muertos y al menos 700 heridos, por lo que la comunidad internacional ha condenado enérgicamente los hechos. De hecho, el 10 de julio pasado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, solicitó la intervención del Consejo de Seguridad, a fin de poner fin a la situación que considera problemática y extremadamente volátil. El objetivo de la presente nota de coyuntura es ofrecer un panorama general sobre los antecedentes más recientes del conflicto en Palestina, el rompimiento del acuerdo de cese al fuego de 2012, así como una cronología sobre los hechos que desencadenaron la operación Margen Protector. Posteriormente se describen los principales actores involucrados en el conflicto y las reacciones internacionales más relevantes. Finalmente, se analizan las causas de la intensificación de la violencia entre israelíes y palestinos, y se ofrecen algunos escenarios plausibles en el corto plazo.

El pasado 2 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a partir de una propuesta de México y Nueva Zelanda, estableció la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La iniciativa, adoptada en Ginebra, Suiza y respaldada por más de 84 países de todas las regiones del mundo, responde a la necesidad de contar con un experto independiente que promueva los derechos humanos de personas con discapacidad en el mundo. Para lograr dicho objetivo se busca que trabaje en coordinación con los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas, los mecanismos regionales, la sociedad civil y las organizaciones de y para las personas con discapacidad.

A partir de lo anterior, la presente nota de coyuntura analiza la importancia que reviste la creación de este nuevo Mandato y sus implicaciones. Antes se ocupa de efectuar un somero recuento de las acciones realizadas por las Naciones Unidas a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Finalmente, se destaca el papel de México como impulsor de este tipo de iniciativas y se identifican algunos retos en la materia.