Contexto Internacional

La Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés) publica desde 2006 el Índice de Democracia, una rigurosa y reconocida clasificación que pretende determinar con base en un estudio, el nivel y la calidad de la democracia en 165 estados independientes y dos territorios. Este índice se basa en cinco categorías como indicadores fundamentales: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política.

El pasado 20 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto, remitió al Senado de la República la propuesta de seis nombramientos de Embajadores para las Representaciones de México en Argelia con concurrencia en Libia, Mauritania y Túnez; Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea; Haití; Jamaica concurrente con Bahamas y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; Sudáfrica, concurrente con Lesotho, Swazilandia, Angola, Botswana, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zinbwawe; y Trinidad y Tobago con concurrencia en Barbados, Surinam y la Asociación de Estados del Caribe.

Uganda cuenta con una de las políticas en materia de refugiados más progresistas del mundo. Lo anterior, aún en vista de que en los últimos dos años, refugiados provenientes de Sudán del Sur han estado llegando a Uganda de manera masiva lo cual ha hecho que el país cuente con el asentamiento de refugiados más grande en el mundo, conocido como Bidi Bidi. Este lugar se encuentra habitado por alrededor de 270,000 refugiados provenientes de Sudán del Sur. Si bien estas condiciones, aunadas a las acusaciones de corrupción y relativa inestabilidad política que han afectado al gobierno ugandés en los últimos meses, han puesto a prueba una política encomiada por organismos internacionales y expertos, en la que incluso los refugiados reciben tierra cultivable para el autoconsumo, el caso sigue siendo relevante para estudiar los alcances y límites del argumento presupuestario como la principal limitante para ejercer una auténtica defensa de los derechos de los refugiados en distintos países del mundo.

El 1° de febrero de 2018, el Senado polaco aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley del Instituto de la Memoria Nacional, conocida como la Ley del Holocausto, cuyo principal objetivo consiste en evitar que Polonia sea acusada de haber participado en los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial en contra de la población judía, buscando proteger la reputación del país a través de esta acción legislativa. La preocupación que esta ley ha generado a nivel internacional ha estado acompañada por una serie de críticas por parte de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, así como de académicos y supervivientes del Holocausto, quienes consideran que su contenido afecta directamente la libertad de expresión y distorsiona la historia al negar que cierta parte de la sociedad polaca colaboró, en su momento, en la perpetración de algunos de los crímenes cometidos contra judíos en su territorio.

Homero Aridjis es uno de los intelectuales-diplomáticos contemporáneos mexicanos con mayor proyección internacional, reconocido y premiado tanto como escritor como por su activismo ambiental. Su presencia en las más prestigiosas universidades del mundo, así como en diversos foros ya sea para lecturas poéticas, conferencias de literatura mexicana, el medio ambiente, o por su iniciativa al frente del PEN Club Internacional (Poetas, Escritores y Novelistas), entre muchos otros logros en su trayectoria profesional como su destacado desempeño diplomático son muestra del trabajo excepcional de intelectuales en el ámbito de las relaciones exteriores mexicanas. En esta sexta entrega de la serie de Notas Informativas sobre destacados intelectuales en la diplomacia mexicana el trabajo se enriqueció con la entrevista que el Mtro. Aridjis otorgó a investigadores del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB).

Aunque las criptomonedas solían ser herramientas marginales y poco conocidas, hoy en día representan una nueva frontera para usuarios, pero también para gobiernos y aquellos encargados de su regulación. Arrestos de alto perfil ligaron en el imaginario popular a las criptomonedas con el crimen cibernético y aunque es cierto que el lavado de dinero y el narcotráfico aún son actos comúnmente cometidos en la realidad cotidiana, en el mundo cibernético, las criptomonedas han permitido una serie de actividades delictivas aún más complejas. Además, garantizar la seguridad de las personas que utilizan plataformas de intercambio y compra-venta también es imperativo para los gobiernos, en parte porque de esta manera garantizan una nueva fuente tributaria de ingresos y además porque la certeza de éstos mercados presenta hoy una oportunidad económica innegable bajo determinadas condiciones. Asimismo, las regulaciones servirían para normalizar el flujo de las monedas lo cual reduciría su volatilidad ya que se establecerían marcos legales y buenas prácticas para sus intercambios.

El 4 de enero de 2018, el Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, promulgó un memorando en el cual delinea una nueva política del gobierno federal para la persecución judicial y castigo de la posesión, cultivo y venta de mariguana a nivel nacional. Y es que, aunque varios estados de la Unión Americana han legalizado dicha sustancia, en la legislación federal permanece como ilegal – lo que crea un conflicto entre la legislación nacional y algunas legislaciones estatales. Durante su gobierno, el Presidente Obama resolvió esta contradicción mediante una política de tolerancia ante las acciones legislativas de los estados. Sin embargo, la directiva emitida por el Procurador Sessions cancela la política del gobierno anterior, lo que adelanta controversias entre el gobierno federal y los estados con leyes permisivas sobre uso, cultivo y comercio de mariguana.

Inspirada en las palabras pronunciadas por el escritor portugués José Saramago cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998 y desarrollada bajo los auspicios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación José Saramago y el Capítulo Mexicano de la organización World Future Society, la Carta Universal de los Deberes y las Obligaciones de las Personas defiende una noción de corresponsabilidad entre la efectividad de los derechos humanos y el deber de cumplir con ellos, así como de exigir su cumplimiento, por parte de las personas y las distintas agrupaciones en torno a los cuales éstas se organizan. En este contexto, la presente Nota Informativa tiene como propósito plantear los elementos más destacados en torno a la iniciativa presentada en los últimos meses que busca llegar a foros multilaterales como las Naciones Unidas para su discusión y adopción.

A raíz de la crisis financiera de 2008 y la consiguiente caída mundial de la demanda interna y, por ende, de los precios al consumo, la capacidad del Gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe para superar la recesión económica se ha puesto a prueba. Paralelamente, han surgido una serie de cambios demográficos tales como el decrecimiento y el envejecimiento de la población japonesa, que han provocado la disminución de la fuerza laboral del país, afectando el ciclo productivo de la economía. En un contexto de incertidumbre surgen nuevos debates en torno a la migración, un tema sensible para la sociedad en Japón, tanto desde una perspectiva de solución al relativo estancamiento económico y demográfico como desde una visión más amplia sobre el futuro del país en el contexto internacional.

La invención y la adopción de innovaciones han marcado drásticamente la historia de la humanidad, permitiéndole que realice cambios cruciales a las condiciones de su propia existencia y desarrollo. Las políticas en materia de innovación han resultado un instrumento fundamental para erradicar la pobreza, combatir el hambre y mejorar la salud, así como para alcanzar un desarrollo sostenible, integrado, inclusivo y equitativo.