Las reivindicaciones y luchas históricas de los pueblos y las nacionalidades indígenas, junto con la población afrodescendiente, han impulsado el reconocimiento de la obligación de los Estados de construir políticas públicas que identifiquen y superen con acciones concretas los obstáculos económicos, políticos, jurídicos sociales y culturales, entre otras índoles, que han impedido a esos pueblos y nacionalidades alcanzar su pleno desarrollo y goce de los derechos humanos y libertades.