Contexto Internacional

En Nigeria, el país más poblado del continente africano, la milicia islámica fundamentalista Boko Haram reivindicó el 5 de mayo pasado el secuestro de más de 270 niñas y adolescentes sustraídas de una escuela secundaria ubicada en la localidad de Chibok en estado de Borno. Aunque algunas de ellas lograron escapar, en un video al que distintos medios de comunicación internacionales tuvieron acceso, el líder de la milicia, Abubakar Shekau, advirtió que vendería como esclavas a las que aún mantiene o mantenía cautivas. Ese mismo día, terroristas identificados con Shekau atacaron con un despliegue brutal de violencia la localidad de Gambaru Ngala provocando el éxodo de una importante comunidad nigeriana que la habitaba a la república vecina de Camerún y cobrando la vida de entre 200 y 300 personas.  Durante la noche, otros supuestos integrantes de esta organización armada entraron al pueblo de Warabe en donde secuestraron a otras ocho niñas de entre 12 y 15 años. Evidentemente la indignación nacional e internacional no se hizo esperar. Tanto la condena unánime por esta práctica cobarde e inhumana como el llamado a la comunidad internacional para castigar y neutralizar a este grupo terrorista han colmado las páginas de la prensa y atraído la atención de la opinión pública internacional. Sería un error, sin embargo, considerar este evento como un hecho aislado y descontextualizarlo de un marco general de ingobernabilidad, corrupción, inseguridad, y pobreza que especialmente en el norte del país ha venido ayudando a fortalecer la hostilidad entre grupos religiosos y étnicos que desde hace por lo menos una década vienen desafiando a las instituciones del Estado. En consecuencia, el objetivo de esta nota de coyuntura es bifronte. Por un lado, examinará los hechos referidos contextualizándolos en una historia de radicalización y conformación de grupos radicales de carácter islámico en el norte del país poniendo énfasis en sus vínculos internacionales. Por el otro, dará cuenta del surgimiento, desarrollo y ubicación actual de Boko Haram en el escenario nacional y regional.

En lo que se advierte como una política con intereses claros en materia económica y de cooperación de México en el Caribe, el 28, 29 y 30 de abril del año en curso, tuvo lugar la III Cumbre México-Comunidad del Caribe (CARICOM) en Mérida Yucatán. De manera paralela se celebró la VI Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y, en el marco de esta última, la VII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la AEC. Ambas Cumbres concluyeron con acuerdos multilaterales y bilaterales relevantes en materia de cooperación internacional para el desarrollo, la adopción de medidas para facilitar el comercio, la inversión y promover el turismo, la generación de estrategias para mitigar los efectos de los desastres naturales y combatir el cambio climático, entre otros temas relevantes. El propósito central de esta nota de coyuntura es explicar la relevancia de ambos mecanismos, analizar los resultados de ambas Cumbres, plantear algunos de los rasgos esenciales de la discusión sobre retos y oportunidades de la región caribeña para México y examinar brevemente la dinámica de continuidad y cambio de la política exterior de México hacia los países caribeños.

Hace prácticamente diez años, el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su fallo en el denominado caso Avena. Este fallo, “definitivo e inapelable” como todos los que emite, parecía poner fin a un litigio que inició el gobierno de México el 9 de enero de 2003 sobre la violación de los derechos consulares, especialmente el de la notificación consular, en los procesos judiciales de nacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos. No obstante, este fue apenas el principio de un litigio que luego de una década está lejos de haberse agotado y que plantea hoy retos extraordinarios en las relaciones entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y el derecho internacional.

Es claro que el caso Avena va mucho más allá de una controversia judicial entre dos países a propósito de la implementación de un tratado como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante, la Convención de Viena). Va más allá incluso de un importante capítulo del debate internacional sobre la pena de muerte y el debido proceso. Se trata de un litigio que confronta dos visiones contrastantes sobre los vínculos entre el derecho interno y el derecho internacional y un episodio de tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos de dimensiones aún desconocidas.

El pasado 24 de abril la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la Ley 1628 del 22 de mayo de 2013 y mediante la cual se aprobaba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre Colombia, México, Chile y Perú. Los nueve Magistrados determinaron por unanimidad que la ley era inconstitucional porque se presentaron vicios de forma en su aprobación en el Congreso de la República. Según se informó, la ley se avaló estando incompleta y fue remitida a la propia Corte Constitucional con dos artículos faltantes.

Los Magistrados consideraron que dichos vicios de forma eran insubsanables, lo que llevó a que se declarara dicha norma como inexequible. Específicamente, los artículos faltantes eran el 15º y el 16º, referentes a normas del comercio entre miembros de la Alianza. Cabe señalar que previamente, la Procuraduría General de la Nación había enviado un concepto a la Corte Constitucional solicitando que se declarara constitucional la Ley 1628, argumentando que la Alianza del Pacífico “es un proceso abierto y flexible que pretende crear una plataforma de cooperación económica y política que impulse, entre otros, la circulación de bienes, servicios y capitales”, entre las naciones firmantes

El 13 de abril, en Berlín, el tercer y último grupo de trabajo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) presentó el documento titulado “Cambio climático 2014: mitigación del cambio climático”, cuya publicación completa el Quinto Reporte de Evaluación sobre Cambio Climático (AR5, por sus siglas en inglés), que periódicamente prepara el IPCC desde 1990. Estos reportes de evaluación son elaborados por tres grupos de trabajo de acuerdo con los siguientes temas: I) Bases científicas del cambio climático; II) Impacto, adaptación y vulnerabilidad; y III) Mitigación del cambio climático.

La publicación de este Quinto Reporte de Evaluación ha generado muchas expectativas y ha motivado un gran debate sobre las formas de mitigación del cambio climático en muy diversos foros a nivel mundial durante las últimas semanas. Ello responde a dos razones particulares. Primero, el Cuarto Reporte de Evaluación del IPCC se publicó hace siete años, en 2007, de modo que el nuevo documento retrata la evolución del problema durante un periodo considerablemente largo como para mostrar alguna tendencia de cambio. Segundo, porque el veredicto del panel es alarmante: el problema será mucho mayor en el mediano y largo plazos a menos de que se implementen medidas estrictas y de vanguardia para garantizar el control de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Después de la independencia de Crimea y su anexión a la Federación Rusa, el gobierno del presidente Vladimir Putin continuó con el despliegue de fuerzas armadas en la región fronteriza con Donetsk, en el este de Ucrania, bajo el argumento de proteger a la población rusa. Por su parte, los activistas pro-rusos que exigían al gobierno interino ucraniano su independencia del país han venido multiplicando sus acciones encaminadas hacia ese objetivo. El domingo 6 de abril alrededor de 2,000 manifestantes se dirigieron al edificio de la administración provincial de Donetsk, reclamando la celebración de un referéndum que avalara su independencia de Ucrania y su consecuente anexión a Rusia. Las provincias de Luhansk y Járkov, en el sureste ucraniano, adoptaron también una decisión similar. En varias ciudades de la provincia de Donetsk se verificaron enfrentamientos entre los grupos separatistas y las autoridades locales. Los enfrentamientos se extendieron a la localidad de Kramatorsk y Krasni Limany en las ciudades de Slaviansk y Druzhkivka . Distintos sucesos violentos han venido ocurriendo desde entonces con sendas operaciones militares y diplomáticas de Ucrania y Rusia como telón de fondo. Mientras Ucrania, en voz de su primer ministro, ha desplegado “acciones antiterroristas” a fin de hacer frente a la sublevación separatista pro-rusa y acusa a Putin de buscar “restaurar la Unión Soviética”, el propio Putin ha ordenado una nueva y reforzada presencia militar en la frontera mientras recuerda que el Senado ruso autorizó el uso de la fuerza en Ucrania.

El 13 y 14 de abril pasado se llevó a cabo la primera reunión oficial de los países que integran el bloque denominado MICTA en la Ciudad de México. Los Cancilleres de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia se reunieron con la finalidad de analizar temas de la agenda global y determinar asuntos de relevancia común que permitan al bloque defender los intereses de los países emergentes en foros internacionales como la ONU, el G20 y la OCDE.

Este año se celebra el cincuentenario de la visita que hiciera a México el General Charles De Gaulle y que marcó un precedente histórico en las relaciones con nuestro país. El líder de la resistencia francesa, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, era un personaje con una estatura militar incontestable y un genio político que le llevó a configurar una nueva Constitución que contemplaba la elección del Presidente de la República, a través del sufragio universal y directo1 . La Constitución de 1958 inaugura no sólo esta modalidad de elección, sino una nueva forma de ejercer democráticamente el poder en la recién creada V República francesa.

Contra todo pronóstico, el ex general Muhammadu Buhari fue electo presidente de Nigeria en los comicios del pasado 29 de marzo, derrotando al actual mandatario Goodluck Jonathan, quien buscaba reelegirse para un segundo término. Este proceso electoral fue el quinto desde la transición a la democracia en 1999 y el primero en el que el presidente en funciones aceptó su derrota inmediatamente. No obstante, las elecciones no estuvieron exentas de tensiones, pues originalmente estaban previstas para el 14 de febrero, pero se pospusieron hasta el 28 de marzo debido a dos factores medulares: 1) no era posible garantizar la seguridad de los votantes debido a la violenta ofensiva de la organización terrorista Boko Haram en el noreste del país; y, 2) una semana antes de las elecciones, la Comisión Nacional Electoral Independiente (CNEI) sólo había distribuido 44 millones de las 68.8 millones de tarjetas biométricas con las que los ciudadanos votarían.

El pasado 2 de febrero tuvieron lugar las elecciones para elegir Presidente, Vicepresidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2014-2018 en Costa Rica.

De manera por demás peculiar en las votaciones para elegir al titular del Ejecutivo, compitieron 13 candidatos mientras que 19 agrupaciones políticas se disputaron las posiciones legislativas. 1 Este fenómeno, de acuerdo con algunos observadores, generó cierta indecisión entre el electorado que eligió quizá como nunca antes a sus gobernantes y representantes legislativos de un amplio abanico de posibilidades políticas.