Contexto Internacional

El 25 de septiembre de 2014, la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, y su contraparte mexicano, José Antonio Meade, firmaron un acuerdo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el marco del 69 Periodo de Sesiones de la Asamblea General, mediante el cual Colombia permitirá que diplomáticos mexicanos utilicen parte de las instalaciones de su Embajada en la República de Azerbaiyán. Esto, como uno de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza del Pacífico: el de contar con representaciones en el exterior bajo la modalidad de embajadas compartidas.

Esta nota de coyuntura tiene por objeto contextualizar las relaciones bilaterales entre México y Azerbaiyán así como examinar las posibles ventajas de un acercamiento mayor a partir de esta nueva legación diplomática

El medio ambiente y el cambio climático como temáticas de negociaciones multilaterales fueron incluidos en la agenda internacional a principios de la década de los noventa. Si bien existen varios instrumentos internacionales en la materia, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, a la fecha no se cuenta con un acuerdo que sea legalmente vinculante para todos los Estados. Ante la necesidad de fomentar la voluntad política y movilizar la acción para promover nuevos compromisos y objetivos ambiciosos, y con miras a propiciar el éxito de las negociaciones en 2015, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, convocó la Cumbre del Clima 2014. Así, el 23 de septiembre del año en curso, en el marco del inicio del 69° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 140 jefes de Estado y de gobierno, así como líderes empresariales, financieros y de la sociedad civil, se reunieron en la sede de Naciones Unidas.

Por consiguiente, el propósito de esta ficha consiste en proporcionar, en primer lugar, un panorama general sobre la forma en que estos temas han sido abordados dentro de Naciones Unidas durante las últimas décadas. Ahora bien, la Cumbre del Clima no forma parte de las negociaciones de la Convención Marco sobre Cambio Climático; no obstante, busca generar una dinámica que conlleve al éxito de las mismas.

El 2 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante 154 votos en pro, 23 abstenciones y tan sólo 3 en contra, un Tratado pionero para regular el comercio de armas convencionales a nivel multilateral: el denominado Tratado sobre el Comercio de Armas. El pasado 25 de septiembre, en el marco del 69° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, ocho Estados (Argentina, Bahamas, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Portugal, Santa Lucía, Senegal y Uruguay) depositaron ante el Secretario General de la ONU los instrumentos de ratificación. Con ello, se alcanzaron las 50 firmas necesarias para que el Tratado entre en vigor el próximo 24 de diciembre. Se trata de un instrumento internacional llamado a llenar un vacío jurídico importante, toda vez que las transferencias internacionales de armas pequeñas y convencionales no eran parte de ningún régimen de observancia obligatoria. 1 El objetivo de esta nota de coyuntura consiste en explicar los orígenes del Tratado sobre el Comercio de Armas, su objeto y ámbito de aplicación, los mecanismos a implementar una vez que haya entrado en vigor. Todo ello ante la próxima celebración de la Primera Conferencia de los Estados Partes que tendrá lugar en México en 2015.

En el marco de su participación en el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Enrique Peña Nieto anunció el miércoles 24 de septiembre en Nueva York la participación de nuestro país en las denominadas Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP). En su discurso, señaló que México apoya y valora las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y sus contribuciones en respaldo de países que viven o han salido de conflictos así como para crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. No obstante, advirtió que esta participación se daría de forma gradual, tanto en términos cuantitativos como en lo que hace al tipo de labores que se desplegarán, y que se sujetaría al cumplimiento de ciertas condiciones. Si bien no se detalló más al respecto, el anuncio constituye un cambio innegable en una política que, por décadas, se resistió a participar en este tipo de operaciones. El objetivo de esta nota de coyuntura, por tanto, será examinar a fondo el mensaje del Presidente en el contexto de su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU desde que inició su administración, la breve historia mexicana de participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU así como trazar una radiografía sucinta sobre la naturaleza, alcances y participantes actuales de las mismas.

La Alianza del Pacífico es probablemente el proyecto de integración económica, articulación política y cooperación entre países latinoamericanos más profunda y significativa en la historia reciente de América Latina. Desde la suscripción del Acuerdo Marco que le da origen el 6 de junio de 2012, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 15 de noviembre de 2012, ha quedado de manifiesto la naturaleza ambiciosa de este proyecto de regionalización para enfrentar la competencia global. En efecto, se trata no sólo de profundizar los recíprocos vínculos económicos entre México, Colombia, Chile y Perú sino de fortalecer la presencia de este nuevo y competitivo bloque comercial en los mercados mundiales y específicamente los de la región de Asia Pacífico.

Luego de la suscripción del Protocolo comercial de la Alianza durante la VIII Cumbre de Cartagena de Indias en febrero de 2014, queda claro que la iniciativa busca consolidarse como una zona de libre comercio que avance progresivamente hacia un modelo sui generis que incorpore libre circulación de bienes, servicios y capitales –mediante un proceso de desgravación que se completará en 17 años– pero también de personas.

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió en su resolución 65/198 la organización de una reunión plenaria de alto nivel denominada como la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas para el año 2014. El propósito de la conferencia sería compartir puntos de vista y buenas prácticas en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, así como en la consecución de los objetivos contemplados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas de 2007.1 De esta manera, los días 22 y 23 de septiembre del año en curso, en el marco del inicio del período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. Aunado a la importancia que reviste la celebración por primera vez de una conferencia de este nivel sobre las poblaciones indígenas, resulta importante plantear también el andamiaje institucional desplegado durante las últimas décadas en el seno de Naciones Unidas con respecto al tema. Por lo mismo, la presente nota plantea los elementos que comprende dicho andamiaje, un panorama general sobre la intervención de México y otros actores en la Conferencia Mundial, así como las principales cuestiones abordadas en el proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General en el marco de la conferencia.

En el marco del 69º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México y Francia celebraron una reunión ministerial presidida por los cancilleres José Antonio Meade y Laurent Fabius, con la finalidad de promover limitaciones al uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad. El antecedente directo de esta iniciativa franco-mexicana es una propuesta presentada en octubre de 2013 por el presidente francés, François Hollande, a fin de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan voluntariamente de recurrir al veto en aquellos casos donde pruebe la comisión de graves violaciones al derecho internacional humanitario y atrocidades masivas.

Tras la reunión, ambos cancilleres emitieron una declaración conjunta enfatizando que el veto no es un privilegio, sino una responsabilidad internacional y expresaron su preocupación porque, a su juicio, el Consejo de Seguridad no ha actuado adecuadamente ante graves crisis humanitarias que pudieron evitarse. Por tanto, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en describir el contenido de la declaración conjunta, así como las posturas particulares de México y Francia respecto a la reforma del Consejo de Seguridad. Finalmente, se ofrecerá una conclusión crítica sobre las probables implicaciones y la evolución de la propuesta franco-mexicana en el mediano plazo.

El 19 de septiembre tuvo lugar en México la Primera Reunión México-Grupo Visegrád, donde participaron funcionarios mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, representantes de ProMéxico y la Comisión Federal de Electricidad. Por parte del Grupo Visegrád participaron los directores políticos de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, así como los representantes de las embajadas de Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa en México. El encuentro forma parte de una aproximación estratégica de México hacia la región de Europa central, que permitió acordar una agenda de trabajo bilateral para 2015.

Constituido en 1335, los cuatro miembros del Grupo Visegrád fortalecieron en 2004 sus lazos para acelerar su ingreso a la entonces Comunidad Europea. Más de seis siglos de historia y justo después de diez años de que los países miembros del Grupo Visegrád se incorporaran al proyecto comunitario europeo, vale la pena reflexionar desde México, sobre cuál es la relación específica con estos países y el potencial que representan para la relación bilateral con la Unión Europea en su conjunto, justo cuando se ha propuesto revisar y modernizar el Acuerdo Global México-Unión Europea y, a propósito de la Primera Reunión México-Grupo Visegrád.

El próximo 5 de octubre se celebrarán elecciones generales en Brasil, donde además del presidente se renovará el Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado) y se elegirán gobernadores y congresistas estatales. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga más del 50% de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta electoral el 26 de octubre. La segunda vuelta es el escenario más probable, en virtud de que los sondeos más recientes concluyen que existe un empate técnico entre las preferencias hacia la candidata oficialista del Partido de los Trabajadores (PT) y actual presidenta, Dilma Rousseff, y Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB). Huelga recalcar que Silva reemplazó al candidato original por el PSB, Eduardo Campos, luego de que falleciera en un accidente aéreo el 13 de agosto de este año.

El objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en analizar el perfil y las propuestas de los 11 candidatos a la presidencia, así como el contexto previo a las elecciones, incluido el accidente en el que Campos perdió la vida y sus implicaciones. Posteriormente, se expondrán los resultados de los sondeos más recientes aplicados por las principales casas encuestadoras brasileñas. Finalmente, se realizará un ejercicio de prospectiva analizando las posibles implicaciones de una eventual derrota del oficialista PT que ha gobernado Brasil desde el 1 de enero de 2003, luego de que Luis Inácio “Lula” Da Silva asumiera la presidencia.

El 21 de julio pasado el gobernador del estado de Texas, Rick Perry, anunció el envío de un contingente de mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Texas. La Operación Seguridad Reforzada, como fue denominada por el propio Perry, se dirigiría contra la delincuencia en la frontera, específicamente contra los cárteles mexicanos de la droga que, de acuerdo con el comunicado oficial de la oficina del gobernador, se aprovechaban de la oleada de niños migrantes no acompañados para extender sus actividades delictivas. En ese contexto, el gobernador ordenó el despliegue de 1,000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México, mismo que ha venido verificándose desde finales de agosto. Frente a las críticas que tanto en México como en Estados Unidos suscitó esta operación, y ante un complejo trasfondo político y electoral alrededor de esta decisión, el gobernador Perry justificó el despliegue de la Guardia Nacional señalando que fue consecuencia de lo que llamó el fracaso del gobierno de Estados Unidos y del de México, en garantizar la seguridad fronteriza.