Contexto Internacional

El 25 de enero de 2019, los respectivos presidentes de Estados Unidos (Donald Trump) y México (Andrés Manuel López Obrador) implementaron formalmente los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), denominado también el “Programa Quédate en México”

Este documento analiza los marcos jurídicos de los países que cuentan con una licencia menstrual –Japón, Indonesia Corea del Sur, Taiwán y Zambia–, así como diversos esfuerzos internacionales para su implementación, entre ellos el reciente caso español.

This document analyzes the legal frameworks of the countries that have a menstrual leave –Japan, Indonesia, South Korea, Taiwan, and Zambia– as well as some recent international efforts to implement one, including the Spanish case.

La nota informativa hace un breve recuento de los acuerdos internacionales en torno al proceso de impulso al financiamiento para el desarrollo, incluido el compromiso de los países desarrollados de alcanzar el 0.7 % del ingreso nacional bruto (INB) para la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).

Asimismo, presenta una definición de la AOD, diversas recomendaciones de la Unión Interparlamentaria (UIP) para mejorar la participación y la contribución de los parlamentos en favor de una cooperación eficaz, y datos recientes de los flujos de AOD a nivel mundial y por regiones, así como los desafíos actuales y presiones en este ámbito que se han agudizado por factores como la guerra en Ucrania.

Los días 12 y 13 de julio pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo una visita de trabajo a Estados Unidos. El primer día se reunió con su homólogo Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris y al día siguiente tuvo un encuentro con empresarios mexicanos y estadounidenses.

El 6 de julio inició en Chile la campaña para el plebiscito del próximo 4 de septiembre, en el que se votará la nueva Carta Magna. Distintas organizaciones y partidos ya despliegan su maquinaria propagandística para tratar de convencer a los chilenos de votar a favor o en contra del texto constitucional

Según el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el reclutamiento forzado se encuentra entre las seis violaciones graves contra la infancia, fenómeno observado en 20 países afectados por conflictos en 2017. Es especialmente relevante el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes. Este puede ser de carácter obligatorio, forzado o voluntario.1

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá cumplió su segundo año en funcionamiento el 1 de julio de 2022. La implementación del Tratado en los tres países muestra un saldo positivo en términos económicos. En estos dos años, el comercio entre los socios norteamericanos recuperó los niveles anteriores a la pandemia, con un aumento promedio del 6% entre 2019 y 2021. 

La comunidad LGBTIQ+ integrada por personas que se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas enfrentan una serie de obstáculos en el acceso y ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, la dificultad de acceso a los derechos a la educación, al empleo, a la salud,   “e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la personalidad”, generalmente ocasionadas por prejuicios sociales u omisiones legales.

Del 28 al 30 de junio jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como socios clave –entre ellos representantes de Finlandia, Suecia, Georgia, la Unión Europea, Australia, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea1–, mantuvieron un encuentro en Madrid, España, con la finalidad de establecer la dirección estratégica de la Alianza militar para la próxima década.

La nota aborda de manera general las implicaciones del transporte en la lucha contra el cambio climático, la salud de las personas, la economía y el desarrollo sostenible. Posteriormente, hace referencia a los avances y las opciones que existen en América Latina para formular y fortalecer las políticas y las estrategias de electrificación de la movilidad y el mejoramiento de los sistemas de transporte público eléctrico, teniendo en cuenta los contextos de urbanización, contaminación del aire y los esfuerzos para lograr la descarbonización de la economía.