Después de que Uruguay concluyera su gestión al mando del Mercosur el pasado 30 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro asumió la presidencia pro témpore del bloque a pesar de la oposición, principalmente, de los gobiernos de Paraguay y Brasil, al invocar los artículos 12 y 5 del Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, respectivamente. Si bien dichos artículos sostienen que la presidencia del Mercosur debe rotarse entre sus miembros cada 6 meses según el orden alfabético de los mismos, Paraguay, Argentina y Brasil sostienen que las decisiones del bloque deben realizarse por consenso, según el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto. Señalan además que Venezuela no ha cumplido con los compromisos adquiridos al momento del adherirse al bloque (2012) y carece de la estabilidad política y económica necesaria para ello, así como de las garantías democráticas suficientes como para dirigir el bloque, dada la crisis que actualmente enfrenta. Mientras tanto, la oposición venezolana sigue impulsando la celebración de un referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro en un contexto donde la crisis económica ha llevado a una escasez alimentaria, de medicamentos y productos básicos cada vez más aguda, ocasionando el surgimiento de protestas y saqueos, así como el deterioro generalizado de la calidad de vida de la población.
