Monitor Legislativo

El pasado 5 de septiembre de 2017 el Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas en Colombia dio a conocer su interés por consolidar un acercamiento al Gobierno Nacional para someterse, de manera colectiva, a la justicia colombiana. En la misma coyuntura el presidente Juan Manuel Santos quien dejará el cargo el próximo 7 de agosto, sancionó el pasado 9 de julio la Ley no. 1908 que facilitará el sometimiento colectivo de grupos criminales a la justicia. El presente Monitor Legislativo Internacional hace un recuento de los principales hechos que dieron como resultado la sanción de la Ley. No. 1908 – 9 de julio 2018.

El Parlamento de Hungría aprobó el 20 de junio de 2018 la llamada Ley Stop Soros, legislación con la que se busca garantizar la seguridad nacional y la protección de las fronteras húngaras. Esta ley, aprobada con 160 votos a favor y 18 en contra, criminaliza y castiga con penas de hasta un año de prisión a los individuos u organizaciones que brinden ayuda a los inmigrantes irregulares que no sean objeto de persecución en su país de origen ni en cualquier otro Estado de tránsito hacia Hungría. Esta ley forma parte de la política de revisión de las leyes migratorias promovida e impulsada por el Primer Ministro Viktor Orbán y su partido político, Fidesz, mismo que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento. El nombre de la ley hace referencia al magnate estadounidense de origen húngaro, George Soros, a quien el Gobierno húngaro considera el principal promotor de la migración irregular en Europa y uno de sus principales adversarios. La Ley Stop Soros está dirigida exclusivamente a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas migratorios, de manera que busca ejercer un mayor control sobre su funcionamiento y objetivos.

El 1° de enero de 2018, entró en vigor en Islandia una enmienda a la Ley no. 10 de 2008, con el objetivo de obligar a todas las empresas e instituciones con 25 o más empleados a obtener un “certificado de igualdad de pago”, con la finalidad de erradicar la brecha salarial de género que aún persiste en la sociedad islandesa. El proceso de certificación al que deberán someterse las empresas e instituciones en ese país data del año 2008, y fue publicado en 2012 como el estándar ÍST 85:2012, mejor conocido como “el estándar de igualdad de pago”. Esta norma nació como un proceso de certificación voluntario al que podían someterse las empresas e instituciones, hoy en día el gobierno islandés lo ha elevado a norma obligatoria que deberá ser cumplida por empresas públicas y privadas antes de que finalice el año 2021.

La crisis política que atraviesa Brasil y que enfrenta el Gobierno del Presidente Michel Temer le obligó a impulsar un plan de reformas. Una de ellas fue la Ley de Modernización del Trabajo, que reforma el compendio de normativas en la materia, conocido como Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) vigente desde 1943. Esta reforma laboral, que entró en vigor el pasado sábado 11 de noviembre, forma parte de un programa de ajustes que busca recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión. No obstante, al mismo tiempo, y de acuerdo con sus críticos, se ha considerado como un retroceso en materia de derechos laborales.

A finales de 2016, el Presidente pro Tempore del Senado de California, Kevin de León, introdujo una iniciativa de ley que busca hacer de California el primer “estado santuario” en Estados Unidos. Legitimar dicho estatus implicaría que todo el estado se negaría a cooperar de manera directa con las agencias federales de migración. Aunque la propuesta aún está en proceso de aprobación, es altamente posible que llegue a convertirse en ley, lo cual podría tener una serie de implicaciones nacionales: desde conflictos legales con el gobierno federal hasta pérdida de financiamiento para el estado californiano. No obstante, también podría implicar un efecto dominó en otros estados pro-migrantes que busquen oponerse a las políticas del Presidente Trump.

A mediados del mes de mayo, el Gobierno alemán y la Cámara Baja del Parlamento de ese país aprobaron una serie de disposiciones de reforma en materia de derecho de asilo. Éstas, concentradas en esta ocasión en controles más estrictos de seguridad, expulsión y deportación en los procesos de otorgamiento de asilo, se suman a las que la legislación en la materia ha experimentado desde principios de la década de los años noventa. Si bien para Alemania aceptar su propia condición como país de inmigración ha sido un proceso largo y difícil, en un inicio las condiciones nacionales lo llevaron a establecer políticas de fomento a la inmigración, sin embargo, las bondades sociales y las ayudas económicas hicieron de ese país un destino muy atractivo para una gran diversidad de inmigrantes. De tal forma, las políticas de inmigración han venido reformándose con la finalidad de restringir el derecho de asilo en Alemania y dar una respuesta a problemáticas multifacéticas que enfrenta la sociedad alemana tanto en términos de violencia e inseguridad como de integración efectiva de migrantes y refugiados.

El pasado 5 de abril, tras meses de debate nacional sobre los límites a la libertad de expresión y los discursos racistas en Alemania, el Gobierno de ese país, liderado por la Canciller Angela Merkel, aprobó la iniciativa de Ley para mejorar la aplicación de la legislación en las redes sociales. El proyecto ha sido presentado e impulsado por el Ministro de Justicia, Heiko Maas, y es apoyado por los líderes de los partidos mayoritarios que conforman la Gran Coalición de gobierno -los cristianodemócratas de La Unión (CDU/CSU) y los socialdemócratas del Partido Social Demócrata (SPD)-.

El 7 de mayo pasado, el Gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ratificó la ley SB4 que autoriza a autoridades locales detener o arrestar a cualquier persona y cuestionarla sobre su estatus migratorio, y penaliza a las ciudades santuario del estado que se rehúsan a cooperar con las políticas anti inmigrantes de la Casa Blanca. La controversial ley se enfrenta ya a la primera demanda por considerar que ciertas de sus disposiciones violan derechos constitucionales de los ciudadanos. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República analiza en el presente Monitor Legislativo, los contenidos, alcances y reacciones a la ley en mención.

El 7 de marzo pasado, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, firmó el decreto que pone en vigor la nueva Ley General de Coca, que desligó a la hoja de coca de la Ley de Sustancias Prohibidas. La Ley tiene como finalidad la revalorización de la hoja como patrimonio cultural del país, además de incrementar de 12 mil a 22 mil las hectáreas permitidas para su cultivo. La Ley generó polémica a nivel interno ante la oposición y a nivel internacional, pues se considera que casi la mitad de la producción de la hoja termina en el mercado ilícito. Sin embargo, el Gobierno ha aplaudido la aprobación de la Ley y el Presidente Morales ha dicho que continuará defendiendo el uso de la planta.

El pasado 7 de febrero el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó la Ley No.323-PE. que enmienda el Código Penal Ruso y modifica disposiciones relativas a la violencia doméstica. Dicha enmienda, desató un conjunto de reacciones por su contenido relativo a las sanciones que se aplicarán en Rusia bajo este nuevo marco jurídico. El presente documento tiene como principal objetivo identificar las características de esta Ley, su proceso de aprobación en el Parlamento ruso y abordar distintos aspectos del actual debate en torno a ella.