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Desde el mes de noviembre Tailandia ha vivido protestas constantes que exigen la dimisión de la primera ministra. El origen del conflicto tuvo lugar en el mes de noviembre de 2013 cuando el Senado rechazó la ley de amnistía presentada por la jefa del ejecutivo, Yingluck Shinawatra, que permitiría el regreso al país del ex primer ministro, Thaksin Shinawatra (hermano de la actual gobernante).

El ex mandatario Thaksin Shinawatra gobernó de 2001 al 2006 hasta que un golpe militar lo derrocó, acusándolo de corrupción y socavamiento de las instituciones del Estado. En el 2008 las Cortes de Tailandia lo sentenciaron a dos años en la cárcel, sin embargo, el ex gobernante ha evitado su sentencia exiliándose en Dubái.

El 27 de enero de este año, la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas determinó el límite marítimo entre Chile y Perú. El primero mantendrá su frontera marítima de 80 millas (128 kilómetros) hacia el occidente y desde allí hasta la milla 200 (321 kilómetros) se trazará una línea hacia el sur que será soberanía de Perú.

El presidente de este órgano Peter Tomka declaró “La Corte establece que la frontera sigue una línea paralela (…) hasta las 80 millas y a partir de ahí adquiere una dirección sur hasta un punto B, bajando (en línea recta y a la altura de las 200 millas) hasta un punto C”.1 Sin embargo, en el fallo no se especifican ni ajustan las coordenadas precisas, ante ello el presidente de la CIJ espera que sean las naciones en litigio las que determinen estas coordenadas.

Después de que Uruguay concluyera su gestión al mando del Mercosur el pasado 30 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro asumió la presidencia pro témpore del bloque a pesar de la oposición, principalmente, de los gobiernos de Paraguay y Brasil, al invocar los artículos 12 y 5 del Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, respectivamente. Si bien dichos artículos sostienen que la presidencia del Mercosur debe rotarse entre sus miembros cada 6 meses según el orden alfabético de los mismos, Paraguay, Argentina y Brasil sostienen que las decisiones del bloque deben realizarse por consenso, según el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto. Señalan además que Venezuela no ha cumplido con los compromisos adquiridos al momento del adherirse al bloque (2012) y carece de la estabilidad política y económica necesaria para ello, así como de las garantías democráticas suficientes como para dirigir el bloque, dada la crisis que actualmente enfrenta. Mientras tanto, la oposición venezolana sigue impulsando la celebración de un referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro en un contexto donde la crisis económica ha llevado a una escasez alimentaria, de medicamentos y productos básicos cada vez más aguda, ocasionando el surgimiento de protestas y saqueos, así como el deterioro generalizado de la calidad de vida de la población.