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Desde el mes de noviembre del año pasado, Ucrania ha vivido una constante situación de protestas que exigen una reforma constitucional y la dimisión del presidente Víctor Yanukóvich debido a su decisión de no firmar el Acuerdo de la Asociación Oriental con la Unión Europea.

Dicho acuerdo tiene sus orígenes desde el 2009 y su objetivo es crear lazos políticos y generar crecimiento económico entre los países europeos y el Cáucaso (Europa del Este: Ucrania, Moldavia y Bielorrusia; Asia Occidental: Georgia, Azerbaiyán y Armenia). Lo que no prevé es la integración a la Unión Europea, tanto de Ucrania, como de los otros países contemplados en el tratado.

Las razones argumentadas por el gobierno de Kiev para no adherirse al Acuerdo fueron de orden económico, ya que Rusia implementó una política de restricciones comerciales a Ucrania, como advertencia para el gobierno de Kiev de no firmar tratados con la Unión Europea. Además, Rusia es su principal proveedor de gas y el destino de la mayoría de sus exportaciones.

El impacto humanitario de las detonaciones de armas nucleares representa uno de los temas más importantes de la agenda de seguridad global del Siglo XXI , y uno de los asuntos que crecientemente ocupan el centro de las deliberaciones sobre desarme y no-proliferación nuclear. Sin embargo, el tema evoca una vieja reclamación de buena parte de la comunidad internacional: la limitación y eventualmente proscripción de las armas nucleares. La primera resolución de la Asamblea General, en 1946, abordó precisamente el tema de la energía atómica y la desnuclearización. Sin embargo, después de casi siete décadas, lejos de avanzar en este objetivo, los analistas coinciden en que los arsenales nucleares han venido proliferando. Asimismo, la Conferencia de Desarme, foro creado por las Naciones Unidas en 1979 para negociar multilateral y paulatinamente el desarme, no obstante haber convenido en importantes instrumentos internacionales en la materia , ha sido incapaz durante los últimos 15 años de aprobar un programa de trabajo.

En consecuencia, ante un escenario que no permite negociar de manera efectiva instrumentos internacionales que proscriban el armamento nuclear al interior del sistema de Naciones Unidas, surge la aproximación humanitaria hacia el Desarme Nuclear, el espíritu que mueve a esta iniciativa y que se ha visto reflejado en Noruega y recientemente en México. México junto con Austria y Noruega retomaron en 2012, un proyecto de resolución para desmontar obstáculos y avanzar hacia la meta de lograr un mundo libre de armas nucleares

El 5 de marzo de 2012, Costa Rica se adhirió formalmente como observador y se terminaron las negociaciones del Acuerdo Marco como el tratado constitutivo de la Alianza del Pacífico.

El 6 de junio de 2012, los Presidentes de Chile, Colombia, Perú y México suscribieron la Declaración Presidencial de Paranal y el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que brinda personalidad jurídica al mecanismo. El Acuerdo Marco sienta las bases institucionales de la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración regional, económica y comercial, se establecen los objetivos y se fijan los requisitos de participación de aquellos países de la región que busquen incorporarse en el futuro.

El próximo 19 de febrero, la ciudad de Toluca será sede de la VII Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), en la que participarán el primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, y los Presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Barack Obama respectivamente. Este mecanismo de cooperación y diálogo se remonta a 2005 cuando se celebró en Waco, Texas, la primera reunión del mismo. La agenda que aborda tiene que ver fundamentalmente con temas económicos y de seguridad, toda vez que su surgimiento estuvo estrechamente ligado a la denominada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). No obstante, a través de las distintas reuniones el mecanismo ha evolucionado y su agenda se ha diversificado para incluir otros temas como el energético, el de cooperación, el tema ambiental e incluso temas educativos.

La edición de este año resulta particularmente relevante por tres razones: 1) se celebra en el contexto de la conmemoración de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace dos décadas; 2) será la primera en la que participará el Presidente Enrique Peña Nieto y 3) ocurre luego de prácticamente dos años de no haberse celebrado.

Desde el mes de noviembre Tailandia ha vivido protestas constantes que exigen la dimisión de la primera ministra. El origen del conflicto tuvo lugar en el mes de noviembre de 2013 cuando el Senado rechazó la ley de amnistía presentada por la jefa del ejecutivo, Yingluck Shinawatra, que permitiría el regreso al país del ex primer ministro, Thaksin Shinawatra (hermano de la actual gobernante).

El ex mandatario Thaksin Shinawatra gobernó de 2001 al 2006 hasta que un golpe militar lo derrocó, acusándolo de corrupción y socavamiento de las instituciones del Estado. En el 2008 las Cortes de Tailandia lo sentenciaron a dos años en la cárcel, sin embargo, el ex gobernante ha evitado su sentencia exiliándose en Dubái.

El 27 de enero de este año, la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas determinó el límite marítimo entre Chile y Perú. El primero mantendrá su frontera marítima de 80 millas (128 kilómetros) hacia el occidente y desde allí hasta la milla 200 (321 kilómetros) se trazará una línea hacia el sur que será soberanía de Perú.

El presidente de este órgano Peter Tomka declaró “La Corte establece que la frontera sigue una línea paralela (…) hasta las 80 millas y a partir de ahí adquiere una dirección sur hasta un punto B, bajando (en línea recta y a la altura de las 200 millas) hasta un punto C”.1 Sin embargo, en el fallo no se especifican ni ajustan las coordenadas precisas, ante ello el presidente de la CIJ espera que sean las naciones en litigio las que determinen estas coordenadas.

Después de que Uruguay concluyera su gestión al mando del Mercosur el pasado 30 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro asumió la presidencia pro témpore del bloque a pesar de la oposición, principalmente, de los gobiernos de Paraguay y Brasil, al invocar los artículos 12 y 5 del Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, respectivamente. Si bien dichos artículos sostienen que la presidencia del Mercosur debe rotarse entre sus miembros cada 6 meses según el orden alfabético de los mismos, Paraguay, Argentina y Brasil sostienen que las decisiones del bloque deben realizarse por consenso, según el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto. Señalan además que Venezuela no ha cumplido con los compromisos adquiridos al momento del adherirse al bloque (2012) y carece de la estabilidad política y económica necesaria para ello, así como de las garantías democráticas suficientes como para dirigir el bloque, dada la crisis que actualmente enfrenta. Mientras tanto, la oposición venezolana sigue impulsando la celebración de un referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro en un contexto donde la crisis económica ha llevado a una escasez alimentaria, de medicamentos y productos básicos cada vez más aguda, ocasionando el surgimiento de protestas y saqueos, así como el deterioro generalizado de la calidad de vida de la población.