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Después de la independencia de Crimea y su anexión a la Federación Rusa, el gobierno del presidente Vladimir Putin continuó con el despliegue de fuerzas armadas en la región fronteriza con Donetsk, en el este de Ucrania, bajo el argumento de proteger a la población rusa. Por su parte, los activistas pro-rusos que exigían al gobierno interino ucraniano su independencia del país han venido multiplicando sus acciones encaminadas hacia ese objetivo. El domingo 6 de abril alrededor de 2,000 manifestantes se dirigieron al edificio de la administración provincial de Donetsk, reclamando la celebración de un referéndum que avalara su independencia de Ucrania y su consecuente anexión a Rusia. Las provincias de Luhansk y Járkov, en el sureste ucraniano, adoptaron también una decisión similar. En varias ciudades de la provincia de Donetsk se verificaron enfrentamientos entre los grupos separatistas y las autoridades locales. Los enfrentamientos se extendieron a la localidad de Kramatorsk y Krasni Limany en las ciudades de Slaviansk y Druzhkivka . Distintos sucesos violentos han venido ocurriendo desde entonces con sendas operaciones militares y diplomáticas de Ucrania y Rusia como telón de fondo. Mientras Ucrania, en voz de su primer ministro, ha desplegado “acciones antiterroristas” a fin de hacer frente a la sublevación separatista pro-rusa y acusa a Putin de buscar “restaurar la Unión Soviética”, el propio Putin ha ordenado una nueva y reforzada presencia militar en la frontera mientras recuerda que el Senado ruso autorizó el uso de la fuerza en Ucrania.

El 13 y 14 de abril pasado se llevó a cabo la primera reunión oficial de los países que integran el bloque denominado MICTA en la Ciudad de México. Los Cancilleres de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia se reunieron con la finalidad de analizar temas de la agenda global y determinar asuntos de relevancia común que permitan al bloque defender los intereses de los países emergentes en foros internacionales como la ONU, el G20 y la OCDE.

Este año se celebra el cincuentenario de la visita que hiciera a México el General Charles De Gaulle y que marcó un precedente histórico en las relaciones con nuestro país. El líder de la resistencia francesa, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, era un personaje con una estatura militar incontestable y un genio político que le llevó a configurar una nueva Constitución que contemplaba la elección del Presidente de la República, a través del sufragio universal y directo1 . La Constitución de 1958 inaugura no sólo esta modalidad de elección, sino una nueva forma de ejercer democráticamente el poder en la recién creada V República francesa.

Contra todo pronóstico, el ex general Muhammadu Buhari fue electo presidente de Nigeria en los comicios del pasado 29 de marzo, derrotando al actual mandatario Goodluck Jonathan, quien buscaba reelegirse para un segundo término. Este proceso electoral fue el quinto desde la transición a la democracia en 1999 y el primero en el que el presidente en funciones aceptó su derrota inmediatamente. No obstante, las elecciones no estuvieron exentas de tensiones, pues originalmente estaban previstas para el 14 de febrero, pero se pospusieron hasta el 28 de marzo debido a dos factores medulares: 1) no era posible garantizar la seguridad de los votantes debido a la violenta ofensiva de la organización terrorista Boko Haram en el noreste del país; y, 2) una semana antes de las elecciones, la Comisión Nacional Electoral Independiente (CNEI) sólo había distribuido 44 millones de las 68.8 millones de tarjetas biométricas con las que los ciudadanos votarían.

El pasado 2 de febrero tuvieron lugar las elecciones para elegir Presidente, Vicepresidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2014-2018 en Costa Rica.

De manera por demás peculiar en las votaciones para elegir al titular del Ejecutivo, compitieron 13 candidatos mientras que 19 agrupaciones políticas se disputaron las posiciones legislativas. 1 Este fenómeno, de acuerdo con algunos observadores, generó cierta indecisión entre el electorado que eligió quizá como nunca antes a sus gobernantes y representantes legislativos de un amplio abanico de posibilidades políticas.

El pasado sábado 5 de abril se llevó a cabo en Estados Unidos el Día de Acción contra la Deportación, en cuyo marco se dieron actividades de protesta pacífica en más de 50 ciudades del país. La intención de las movilizaciones auspiciadas por diversas organizaciones de la sociedad civil bajo la consigna de #Ni1más (#Not1More) —principalmente aquellas enfocadas en el tema de asistencia a inmigrantes—fue presionar al presidente Barack Obama a tomar acciones concretas y expeditas, para contrarrestar los efectos negativos que su estricta política migratoria ha tenido en las comunidades de inmigrantes durante los cinco años de su presidencia.

Lo que es más, según un reporte del diario The New York Times, dos terceras partes de los casi dos millones de inmigrantes no autorizados que han sido deportados durante la presidencia de Obama  son casos de personas sin antecedentes penales o que han cometido faltas menores. Esta situación ha amplificado el rechazo de los defensores de una reforma migratoria integral hacia la Casa Blanca, lo que coloca a la administración del Presidente Obama en una coyuntura crítica, no sólo respecto al tema, sino incluso de cara a la recta final de su presidencia

El pasado 27 de marzo, el gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) firmaron un acuerdo de paz tras 30 años de lucha armada. El gobierno filipino se comprometió a dotar de autonomía a una región del sur del país, tal cual se venía exigiendo hace décadas. Ante tal acontecimiento histórico, es preciso realizar un análisis de la evolución del conflicto y de los actores involucrados, así como explorar aunque sea de manera suscinta los posibles escenarios futuros.

El 30 de marzo pasado, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, máxima instancia legislativa unicameral de ese país, discutió y aprobó una nueva ley de inversión extranjera que reemplazará a la ley de 1995. La ley de 1995, conviene recordar, abrió algunas áreas de la economía a la inversión extranjera luego de la desintegración de la Unión Soviética, por décadas el principal socio comercial de Cuba. A partir de entonces, surge una nueva ola de empresas mixtas, especialmente en los servicios, el sector inmobiliario y las telecomunicaciones que contribuyen en gran medida a la superación de la crisis económica. No obstante, este nuevo marco legal se inscribe en el contexto de implementación de nuevas reformas económicas con las que el Presidente Raúl Castro ha venido abriendo progresivamente áreas de la economía cubana al libre mercado y reduciendo en ellas el peso del Estado.

Las protestas sociales iniciadas el 12 de febrero en Venezuela han crecido exponencialmente y hasta el 23 de marzo, el saldo de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad era de 34 personas fallecidas, 400 heridos y más de 1,000 detenidos. Entre estos últimos destacan dos alcaldes opositores y el presidente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien convocó a las protestas y actualmente las apoya desde prisión.

La narrativa subyacente a las movilizaciones es simple: por un lado, los simpatizantes del chavismo proclaman que la oposición busca desestabilizar al régimen mediante la “violencia fascista”; y por otro lado, los opositores denuncian que el gobierno de Maduro es de “corte dictatorial”. En ese contexto, el pasado 21 de marzo, la diputada opositora, María Corina Machado, intentó participar en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, DC, para denunciar la “represión” contra manifestantes por parte del gobierno venezolano. Este hecho recibió una importante atención mediática debido a que algunos países le impidieron el uso de la palabra. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura es describir y analizar las implicaciones de este evento que derivó, por una parte, en la expulsión de Machado de la Asamblea Nacional (AN) y por otra parte, en un nuevo capítulo del conflicto en Venezuela: su internacionalización.

El pasado 20 de marzo, tocó a México comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH), en el marco de la 25 sesión de trabajo, a fin de establecer su postura y dar respuesta a las 176 recomendaciones formuladas en octubre pasado por parte de los países miembros. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, presentaron la respuesta de México que, según informaron, refleja una postura definida mediante un proceso plural que involucró a distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, la Conferencia Nacional de Gobernadores así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros actores no gubernamentales y de la sociedad civil.

Vale la pena, por tanto, hacer un análisis somero del Examen Periódico Universal así como de la respuesta de México en la que, según se informó por parte del propio CoDH, se aceptaron 166 de las 176 recomendaciones originalmente formuladas.