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El 25 de julio se reunieron en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y sus homólogos de Guatemala, Otto Pérez Molina; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y de Honduras, Juan Orlando Hernández, para dar continuidad al tema del creciente número de menores no acompañados, que están ingresando ilegalmente a territorio estadounidense.

El encuentro tuvo su primer antecedente el pasado 20 de junio, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden se reunió con los mandatarios y representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, con el objetivo de crear en conjunto una estrategia basada en el principio de responsabilidad compartida que permitiera establecer acciones concretas en cada país y en la región para atender la “crisis humanitaria” ocasionada por los menores centroamericanos. En ese momento, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos informó que entre octubre de 2013 y mayo de este año, la cifra se elevó a más de 47 mil menores de edad provenientes principalmente de Centroamérica. Al término de la reunión, el gobierno de Estados Unidos manifestó que los menores serían deportados. Por su parte emitió diversas medidas para hacer frente a la crisis, entre ellas ofreció $244 mdd para programas de desarrollo social y seguridad en la región.

Los días 17 y 18 de julio el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, realizó una visita oficial a México con motivo de la invitación previa realizada el 24 de abril de 2013 por el titular del ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, durante su gira por América Latina. En dicha ocasión, ambos mandatarios acordaron suscribir un Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). En efecto, el presidente Ollanta Humala y el presidente Peña Nieto suscribieron el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Perú, además de otros acuerdos en materia de seguridad, salud, turismo, asuntos indígenas, agropecuarios, comercio exterior y cooperación jurídico-técnica. La presente nota tiene como objetivo analizar los resultados de la visita del mandatario peruano a México, así como contextualizar el marco general de las relaciones bilaterales vigentes.

Después de poco más de cuatro años que un presidente de Rusia visitara América Latina, Vladimir Putin llevó a cabo una gira por algunos países de la región. En apenas seis días, el mandatario ruso visitó Cuba, Argentina y Brasil, participó en la VI Reunión Cumbre del grupo de los BRICS y además realizó una escala, no prevista originalmente, en Nicaragua. La gira anterior de un mandatario ruso a Latinoamérica fue la de Dimitri Medvédev como presidente, en abril 2010, ocasión en la que también visitó Argentina y Brasil. En noviembre de 2008 visitó Perú, Brasil, Venezuela y Cuba.

Conforme a lo que el Kremlin anunció oficialmente a principios de julio, la agenda incorporaría temas de comercio, economía e inversión, así como la implementación de proyectos conjuntos en materia de energía, transporte, aviación civil, uso pacífico del espacio y temas de salud. El propósito explícito de Moscú fue buscar la renovación de las relaciones con la región, en un contexto donde se ha insistido en que la multipolaridad actual convierte a América Latina en un valioso aliado en la economía global que no puede pasar inadvertido.

El pasado 18 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio el Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México (el Acuerdo de aquí en adelante). Este instrumento jurídico establece la exploración y explotación conjunta, así como la distribución asociada de la producción que resulte de los hidrocarburos extraídos de yacimientos localizados en el límite de la plataforma continental de ambos países. Cabe señalar que el acuerdo había sido suscrito desde la administración del ex presidente Felipe Calderón en febrero de 2012, y ratificado por el Senado en abril de ese mismo año. Por tanto, el decreto emitido por el presidente, Enrique Peña Nieto, fue el último paso para que el acuerdo entrara en vigor, en cumplimiento con las disposiciones constitucionales.

El Acuerdo resulta relevante para ambos países debido a se estima que podrían extraerse alrededor de 172 millones de barriles de petróleo y 8,600 millones de metros cúbicos de gas natural en esa zona. Además, representa el principal marco jurídico para explotar los yacimientos que puedan existir en las fronteras marítimas, de forma coordinada, segura, equitativa y ambientalmente responsable. De hecho, desde la discusión y análisis del documento en el Senado durante abril de 2012, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, y Energía resaltaron que el acuerdo en todo momento mantenía la soberanía sobre los recursos energéticos, ya que preveía mecanismos para la solución de controversias y cancelaba la posibilidad de una producción unilateral no regulada, inequitativa e ineficiente. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en explicar los antecedentes, contenido, implicaciones y trascendencia del Acuerdo, así como la posición de Estados Unidos, en el marco de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética en el Senado de la República.

Del 14 al 16 de julio pasado, el bloque de países denominado como BRICS –conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– celebró en las ciudades brasileñas de Fortaleza y Brasilia su Sexta Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, con el objetivo de “impulsar un sistema global más justo e igualitario, capaz de generar un crecimiento más incluyente” . Además de la Declaración de Fortaleza, esta Cumbre terminó con la puesta en marcha de dos proyectos estratégicos: 1) la creación de un Banco de Desarrollo como alternativa a las instituciones financieras multilaterales; y, 2) el establecimiento del Acuerdo Contingente de Reservas para enfrentar crisis internacionales. A nivel mundial, los BRICS representan 46% de la población, 26% del territorio y 20% del PIB mundial, por lo que indudablemente poseen una considerable influencia internacional. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en analizar los antecedentes y el impacto de los principales resultados de la Sexta Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de los BRICS, y al mismo tiempo, ofrecer una perspectiva sobre el futuro del bloque y las expectativas de cara a su Séptima Cumbre, que tendrá lugar en Rusia el próximo mes de julio de 2015.

El pasado 8 de julio, el gobierno de Israel puso en marcha la operación Margen Protector con la finalidad de prevenir e interceptar el lanzamiento de proyectiles hacia su territorio por parte de militantes de la organización islámica Hamás, actuando aparentemente en represalia por el homicidio de un joven palestino por parte de supuestos militantes de cierta organización fundamentalista judía. A su vez, la muerte del palestino se habría perpetrado en venganza por el secuestro y asesinato de tres estudiantes israelíes a manos de presuntos integrantes de Hamás. Hasta el momento, el saldo de la ofensiva israelí es de más de 165 muertos y al menos 700 heridos, por lo que la comunidad internacional ha condenado enérgicamente los hechos. De hecho, el 10 de julio pasado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, solicitó la intervención del Consejo de Seguridad, a fin de poner fin a la situación que considera problemática y extremadamente volátil. El objetivo de la presente nota de coyuntura es ofrecer un panorama general sobre los antecedentes más recientes del conflicto en Palestina, el rompimiento del acuerdo de cese al fuego de 2012, así como una cronología sobre los hechos que desencadenaron la operación Margen Protector. Posteriormente se describen los principales actores involucrados en el conflicto y las reacciones internacionales más relevantes. Finalmente, se analizan las causas de la intensificación de la violencia entre israelíes y palestinos, y se ofrecen algunos escenarios plausibles en el corto plazo.

El pasado 2 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a partir de una propuesta de México y Nueva Zelanda, estableció la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La iniciativa, adoptada en Ginebra, Suiza y respaldada por más de 84 países de todas las regiones del mundo, responde a la necesidad de contar con un experto independiente que promueva los derechos humanos de personas con discapacidad en el mundo. Para lograr dicho objetivo se busca que trabaje en coordinación con los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas, los mecanismos regionales, la sociedad civil y las organizaciones de y para las personas con discapacidad.

A partir de lo anterior, la presente nota de coyuntura analiza la importancia que reviste la creación de este nuevo Mandato y sus implicaciones. Antes se ocupa de efectuar un somero recuento de las acciones realizadas por las Naciones Unidas a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Finalmente, se destaca el papel de México como impulsor de este tipo de iniciativas y se identifican algunos retos en la materia.

El pasado 1 de julio, el gobierno de Japón aprobó la reinterpretación del artículo 9º de su Constitución, con lo cual abrió la posibilidad de defender militarmente a sus aliados en caso de que sean atacados, situación que estaba limitada por las disposiciones anteriores que le impedían usar la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Cabe aclarar que la nueva interpretación deberá ser ratificada por el Parlamento, pero no requerirá modificar de manera expresa la Constitución.

La reinterpretación del artículo 9º había sido promovida desde la década de 1950 por miembros del Partido Demócrata Liberal (PDL), quienes consideraban desde entonces que la actual Carta Magna, avalada por Estados Unidos en 1947 tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, restringía las capacidades de defensa del país frente a un cambiante entorno internacional . En los últimos años, la idea adquirió mayor relevancia debido a que fue impulsada activamente por el actual primer ministro proveniente del PDL, Shinzo Abe, quien ha buscando mejorar el posicionamiento y las capacidades del país para hacer frente a posibles amenazas a su seguridad provenientes del exterior.

El 25 de junio pasado México suscribió en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, Suiza, el Tratado para Facilitar el Acceso a las obras publicadas a las personas invidentes, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (en adelante Tratado de Marrakech)1 . El Tratado reviste particular importancia dado que flexibiliza los derechos de autor con objeto de que las obras sean publicadas de forma accesible para personas con discapacidad visual, además de que plantea la eliminación de barreras para su intercambio transfronterizo. En virtud de la trascendencia que representa este instrumento internacional en materia de derechos humanos, mismo que corresponderá al Senado, en su momento, examinar y eventualmente aprobar, se presenta esta Nota de Coyuntura en la que se incluyen los contenidos más importantes del Tratado y se discuten las implicaciones más relevantes para México.

Del 23 al 27 de junio se celebró en Maputo, Mozambique, la tercera conferencia de revisión de la Convención sobre la prohibición de minas antipersona (también conocida como Convención de Ottawa). Durante esta conferencia, denominada Maputo +15, se abordaron los logros alcanzados a 15 años de que entrara en vigor la Convención de Ottawa, y se discutieron los retos actuales en la materia tales como la necesidad de fomentar asistencia a las víctimas, el uso de minas antipersona en conflictos bélicos recientes, y la adquisición y uso de este tipo de artefactos por actores no estatales.