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Este 12 de agosto la Asamblea Nacional libanesa intentó sin éxito, por décima vez, elegir al Presidente del país. Una vez más, la falta de consensos entre los principales grupos políticos así como la falta de quórum, impidió que el parlamento pudiese llevar a cabo la elección del sustituto de Michael Suleiman, quien culminó su mandato de seis años el pasado 25 de mayo. Conforme al sistema electoral libanés y a la Constitución, el Presidente debe ser elegido por el Parlamento y para que dicha votación pueda tener lugar, se requiere de forma inicial la presencia de al menos dos terceras partes de los diputados, es decir, 86 de los 128 existentes. A la sesión del 12 de agosto, sin embargo, concurrieron solamente 56 parlamentarios. En casos como el presente donde se origina un vacío presidencial, corresponde al Consejo de Ministros, liderado actualmente por el Primer Ministro Tammam Salam, asumir sus funciones. Es importante tener en cuenta que Líbano es una República parlamentaria, donde los cargos y responsabilidades del gobierno son asignados de manera proporcional entre fuerzas políticas asociadas a distintas denominaciones. Es así que, de acuerdo con la Constitución, el Presidente, en su calidad de Jefe de Estado, debe ser cristiano maronita; por otra parte, el Primer Ministro, Jefe de Gobierno y designado a su vez por el Presidente, debe ser musulmán de la rama sunita; y finalmente el Presidente de la Asamblea Nacional (Majlis al-Nuwab) debe ser chiíta. La elección del 12 de agosto fue aplazada por parte del Presidente del Parlamento Libanés, Nabih Berri, para el próximo 2 de septiembre. Sin duda, a este conflicto político subyace el alineamiento de las dos coaliciones de partidos políticos más importantes de Líbano a favor, respectivamente, del gobierno de Bashar al-Assad y de los rebeldes en Siria. El objetivo de esta nota de coyuntura, en consecuencia, es explicar el funcionamiento del peculiar sistema político libanés, explorar las razones de fondo del estancamiento actual en la elección del nuevo Presidente y examinar algunas de las perspectivas de superación del mismo.

El pasado 9 de agosto, Michael Brown, un joven afroamericano de 18 años falleció tras ser baleado por un policía en la ciudad de Ferguson, Missouri. Este hecho causó una fuerte indignación entre la población civil y reavivó las tensiones raciales en esa comunidad, donde 63% de los 22,400 habitantes son personas de origen afroamericano. Las protestas comenzaron a tornarse violentas puesto que los manifestantes argumentan que Brown estaba desarmado, mientras que la policía sostiene que trató de despojar a un agente de su arma de fuego para agredirlo.

 Hasta el momento, las protestas más recientes han derivado en una persona lesionada de gravedad, en el arresto de más de 50 personas y en el saqueo de diversos establecimientos comerciales. En consecuencia, la policía se vio forzada a dispersar a los manifestantes con humo y gas lacrimógeno, y a imponer un toque de queda el sábado 16 de agosto, que se extendió hasta el domingo 17.Huelga recalcar que el 18 de agosto, una autopsia independiente solicitada por la familia de Brown, determinó que el joven murió por al menos seis disparos, incluyendo dos en la cabeza, por lo que según los abogados de Brown, “es evidente que se encontraba rendido al momento en que recibió los balazos”.

Actualmente Libia es uno de los países con mayor inestabilidad política del norte de África, en virtud de que tras la guerra civil de 2011 que culminó con la muerte del presidente Muamar el Gadafi y la llegada al poder del Consejo Nacional de Transición, aún son frecuentes las expresiones de violencia y los síntomas de subversión por parte de grupos opositores en la capital Trípoli y otras ciudades. El principal problema de fondo es que las milicias que lucharon para derrocar a Gadafi, se enfrentan ahora entre sí para ejercer el poder en los territorios que controlan, aprovechando que no existe una autoridad central sólida con la capacidad de combatirlas. Desde mediados de junio, la seguridad se ha deteriorado drásticamente debido a que los combates entre milicias antagónicas se han tornado más violentos y la ciudad de Trípoli se ha convertido en un campo de batalla por el control del aeropuerto y otras instalaciones estratégicas. En consecuencia, diversos países y organismos internacionales redujeron al mínimo a su personal diplomático y evacuaron a sus connacionales. Tan sólo durante la primera semana de agosto, se estima que murieron más de 200 personas durante los enfrentamientos.

Se espera que con el inicio de sesiones del nuevo Parlamento, elegido el 25 de junio, los legisladores sean capaces de alcanzar consensos en torno a la estabilización del país y el desarme de las milicias. Sin embargo, analistas internacionales estiman poco probable ese escenario puesto que el Parlamento fue electo tan sólo con la participación de 630,000 personas que representan el 42% del padrón electoral (1.5 millones) y el 10% de la población total de Libia. Otros analistas son más pesimistas y consideran que se está gestando una nueva guerra civil o que Libia está muy cerca de convertirse en un “Estado fallido”. Según el Índice de Estados Fallidos 2013 elaborado por la ONG internacional Fondo para la Paz, Libia ocupa la posición 54 de los países en riesgo , mientras que en el Índice de Estados Frágiles 2014 ocupa el lugar 41.

El pasado 10 de agosto, el primer ministro de Turquía desde marzo de 2003, Recep Tayyip Erdogan, ganó las primeras elecciones presidenciales de Turquía. El triunfo de Erdogan representa un logro significativo en virtud de que le asegura otros cinco años en el poder y le otorga la posibilidad de permanecer en un segundo mandato presidencial hasta 2023. Las elecciones realizadas en Turquía, representan las primeras elecciones en que los turcos pudieron elegir de forma directa al Presidente, los anteriores jefes de Estado eran elegidos por el Parlamento. Erdogan, considerado como un político islamista y conservador, se ha comprometido a abanderar un nuevo período para Turquía, asegurando el inicio de una nueva era de reconciliación social y dejando atrás las disputas anteriores. A partir de los anteriores acontecimientos, la presente nota de coyuntura tiene el objetivo de analizar el desenvolvimiento de la elección presidencial, lo que obliga necesariamente a plantear un breve análisis sobre los resultados, la carga simbólica de un triunfo de Erdogan y en relación con el proceso de reforma constitucional encaminado a la transformación de un régimen parlamentario a uno presidencialista. Finalmente, se hace referencia a la discusión subyacente en torno al futuro político de Turquía el cual gira entre las promesas de reconciliación nacional y las perspectivas de un régimen presidencialista con mayor concentración del poder alrededor de la figura presidencial.

El pasado 11 de agosto, el presidente de Irak, Fuad Masum, respaldado por su homólogo estadounidense, Barack Obama, designó como primer ministro a Haider al-Abadi, en sustitución de Nuri Al-Maliki, quien no ha conseguido detener el avance del Ejército Islámico de Irak (ISIS por sus siglas en inglés). Sin embargo, Maliki anunció que no dejaría el cargo sin una decisión judicial y comenzó a movilizar a sus partidarios para impedir su remoción. En ese contexto, después de varias semanas de combate entre las fuerzas kurdas y los milicianos del ISIS, éstos últimos consiguieron tomar el control de la localidad de Jalawla, a 115 kilómetros de Bagdad. Ante el riesgo de que el ISIS pueda llegar a Bagdad, los países occidentales decidieron aumentar su ayuda a las minorías expulsadas de sus ciudades por el ISIS. Por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron abiertamente su apoyo a los kurdos para ayudarlos a combatir la ofensiva del ISIS. Incluso, desde la primera semana de agosto, el Ejército estadounidense comenzó a realizar ataques aéreos contra posiciones del ISIS en la ciudad de Sinjar, en el norte del país.

El pasado 7 de agosto, el Tribunal Internacional de Camboya, creado en 2006 para investigar e impartir justicia en relación con los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de los Jemeres Rojos, condenó a cadena perpetua a los dos únicos ex líderes supervivientes de esta organización. Luego de varios años de audiencias y de una profunda investigación para la recopilación de evidencias sobre su responsabilidad en el denominado genocidio camboyano, los jueces sentenciaron a Nuon Chea, el número dos en la cadena de mando de los Jemeres Rojos y mano derecha de Pol Pot, jefe máximo de la guerrilla maoísta, y a Khieu Samphan, expresidente de la Kampuchea Democrática, la denominación política que entre 1975 y 1979 adoptó el actual reino de Camboya. Se trata de la primera sentencia de este tribunal y de la primera vez que condena oficialmente a los responsables de la comisión de crímenes ominosos que incluyen la persecución política, la desaparición forzada de personas, desplazamientos forzados y el genocidio. Según el juez Nil Nonn, integrante de la Cámara del Juicio, “millones de personas fueron víctimas de un ataque global y sistemático que seguía políticas y planes del partido”. El objetivo de esta nota de coyuntura es, precisamente, analizar la relevancia de este fallo -un verdadero hito en la historia de la postguerra camboyana- y las implicaciones que podría tener tanto para el proceso de reconciliación política en ese país como para el futuro del Tribunal de Camboya.

En los últimos días el brote del ébola surgido en África Occidental se ha agravado de manera preocupante. Este resurgimiento iniciado en marzo de este año ha registrado el número más alto de casos y muertes en la historia del virus. En esta nueva etapa, el ébola se ha extendido geográficamente en cuatro CEI Gilberto Bosquespaíses de África: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria, causando la muerte de más de 900 personas y reportando más de mil 700 infectados por el virus.1 La epidemia se ha caracterizado por un brote muy complejo. Por un lado, está ocurriendo en localidades con movimiento de cruce de fronteras y, por el otro, los casos se están detectando tanto en zonas rurales como en ciudades grandes como Conakry en Guinea o Monrovia en Liberia. Ante tal situación, diversos países han emitido alertas en las que instan a sus nacionales a evitar viajar a la zona de África Occidental para evitar el riesgo de contagio y ayudar a los países a controlar la enfermedad. A partir de lo anterior, la presente nota de coyuntura tiene el objetivo de presentar de manera breve las causas, riesgos de propagación y las reacciones de los organismos internacionales ante la crisis, en especial la Organización Mundial de la Salud. Todo lo anterior con la pretensión final de reflexionar sobre los desafíos que una pandemia como ésta plantea a la cooperación internacional.

El lunes 4 de agosto, el gobierno argentino, a través del secretario general de la Presidencia, Óscar Parrilli, advirtió que recurriría a acciones legales y políticas en el marco de distintos organismos internacionales para denunciar a los fondos de especulación denominados “fondos buitre” por su responsabilidad en la generación de lo que calificó como un caos financiero en el país sudamericano. Dichas instancias, puntualizó, podrían ser la Cumbre del G-20, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. 1 En efecto, el pasado miércoles 30 de julio, Argentina entró en una nueva e involuntaria suspensión de pagos a partir de la decisión del juez estadounidense Thomas Griesa de congelar los depósitos por vencimientos de la deuda con el 92% de los bonistas con quienes se reestructuró la deuda pública argentina bajo el argumento de que el gobierno argentino fracasó en las negociaciones con los propietarios de los “fondos buitre” o “holdouts” que representan el 8% de sus acreedores totales, precisamente quienes no aceptaron la reestructuración. En consecuencia, se generó una situación verdaderamente inédita en la historia del crédito internacional. Si bien Argentina mantiene la capacidad y voluntad de pago, un juez estadounidense impide que los pagos se efectúen en virtud de una cláusula del contrato original que establece que todos los tenedores de bonos deben ser tratados de la misma manera, es decir, que si el gobierno no llega a un acuerdo con ellos, no puede hacerle pagos a ningún acreedor. El propósito de esta nota, en este sentido, tiene que ver con explicar el funcionamiento de los denominados holdouts, describir la evolución de litigio y examinar algunas de las implicaciones de estos hechos.

Desde la puesta en marcha de la operación israelí “Margen Protector” el pasado 8 de julio, los enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los militantes de la organización islámica Hamás han dejado un saldo de aproximadamente 1,800 muertos y más de 9,400 heridos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el momento han perdido la vida 1,717 palestinos (1,176 eran civiles; entre ellos se encuentran 377 niños y 196 mujeres) y 67 israelíes (64 soldados, 2 civiles y 1 extranjero nacionalizado)1 . Sin embargo, a partir de las 08:00 hrs. del martes 5 de agosto entró en vigor una tregua humanitaria de 72 horas promovida por el gobierno egipcio. En ese periodo, se espera que El Cairo entable contacto con las delegaciones de Israel y Palestina -ésta última integrada por miembros tanto de Hamás como de Al Fatah-, con la finalidad de negociar un alto a las hostilidades y el bloqueo sobre la Franja de Gaza2 . Cabe señalar que las previsiones planteadas en la nota de coyuntura publicada por este Centro de Estudios Internacionales el pasado 14 de julio, se cumplieron simultáneamente puesto que, por un lado, las FDI emprendieron una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza y, por el otro, Egipto asumió el rol de mediador para negociar el alto de la ofensiva israelí y el fin del lanzamiento de proyectiles por parte de Hamás hacia territorio israelí.

Los días 25 y de 26 julio de 2014, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó una visita oficial a la Ciudad de México a partir de la invitación que el titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, le hiciera en abril de 2013 durante su última gira de trabajo en el país asiático. El objetivo de la visita oficial del Primer Ministro, Shinzo Abe, fue consolidar el acercamiento y entendimiento mutuos y reafirmar la fortaleza y la importancia de la relación entre ambos países1 . Es importante mencionar que la visita a México corresponde a una primera fase de la gira por América Latina que efectuó el Primer Ministro Abe por Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Chile y Brasil.