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En el marco del 69º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México y Francia celebraron una reunión ministerial presidida por los cancilleres José Antonio Meade y Laurent Fabius, con la finalidad de promover limitaciones al uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad. El antecedente directo de esta iniciativa franco-mexicana es una propuesta presentada en octubre de 2013 por el presidente francés, François Hollande, a fin de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan voluntariamente de recurrir al veto en aquellos casos donde pruebe la comisión de graves violaciones al derecho internacional humanitario y atrocidades masivas.

Tras la reunión, ambos cancilleres emitieron una declaración conjunta enfatizando que el veto no es un privilegio, sino una responsabilidad internacional y expresaron su preocupación porque, a su juicio, el Consejo de Seguridad no ha actuado adecuadamente ante graves crisis humanitarias que pudieron evitarse. Por tanto, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en describir el contenido de la declaración conjunta, así como las posturas particulares de México y Francia respecto a la reforma del Consejo de Seguridad. Finalmente, se ofrecerá una conclusión crítica sobre las probables implicaciones y la evolución de la propuesta franco-mexicana en el mediano plazo.

El 19 de septiembre tuvo lugar en México la Primera Reunión México-Grupo Visegrád, donde participaron funcionarios mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, representantes de ProMéxico y la Comisión Federal de Electricidad. Por parte del Grupo Visegrád participaron los directores políticos de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, así como los representantes de las embajadas de Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa en México. El encuentro forma parte de una aproximación estratégica de México hacia la región de Europa central, que permitió acordar una agenda de trabajo bilateral para 2015.

Constituido en 1335, los cuatro miembros del Grupo Visegrád fortalecieron en 2004 sus lazos para acelerar su ingreso a la entonces Comunidad Europea. Más de seis siglos de historia y justo después de diez años de que los países miembros del Grupo Visegrád se incorporaran al proyecto comunitario europeo, vale la pena reflexionar desde México, sobre cuál es la relación específica con estos países y el potencial que representan para la relación bilateral con la Unión Europea en su conjunto, justo cuando se ha propuesto revisar y modernizar el Acuerdo Global México-Unión Europea y, a propósito de la Primera Reunión México-Grupo Visegrád.

El próximo 5 de octubre se celebrarán elecciones generales en Brasil, donde además del presidente se renovará el Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado) y se elegirán gobernadores y congresistas estatales. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga más del 50% de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta electoral el 26 de octubre. La segunda vuelta es el escenario más probable, en virtud de que los sondeos más recientes concluyen que existe un empate técnico entre las preferencias hacia la candidata oficialista del Partido de los Trabajadores (PT) y actual presidenta, Dilma Rousseff, y Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB). Huelga recalcar que Silva reemplazó al candidato original por el PSB, Eduardo Campos, luego de que falleciera en un accidente aéreo el 13 de agosto de este año.

El objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en analizar el perfil y las propuestas de los 11 candidatos a la presidencia, así como el contexto previo a las elecciones, incluido el accidente en el que Campos perdió la vida y sus implicaciones. Posteriormente, se expondrán los resultados de los sondeos más recientes aplicados por las principales casas encuestadoras brasileñas. Finalmente, se realizará un ejercicio de prospectiva analizando las posibles implicaciones de una eventual derrota del oficialista PT que ha gobernado Brasil desde el 1 de enero de 2003, luego de que Luis Inácio “Lula” Da Silva asumiera la presidencia.

El 21 de julio pasado el gobernador del estado de Texas, Rick Perry, anunció el envío de un contingente de mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Texas. La Operación Seguridad Reforzada, como fue denominada por el propio Perry, se dirigiría contra la delincuencia en la frontera, específicamente contra los cárteles mexicanos de la droga que, de acuerdo con el comunicado oficial de la oficina del gobernador, se aprovechaban de la oleada de niños migrantes no acompañados para extender sus actividades delictivas. En ese contexto, el gobernador ordenó el despliegue de 1,000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México, mismo que ha venido verificándose desde finales de agosto. Frente a las críticas que tanto en México como en Estados Unidos suscitó esta operación, y ante un complejo trasfondo político y electoral alrededor de esta decisión, el gobernador Perry justificó el despliegue de la Guardia Nacional señalando que fue consecuencia de lo que llamó el fracaso del gobierno de Estados Unidos y del de México, en garantizar la seguridad fronteriza.

Después de dos años de preparación logística y debate público, este 18 de septiembre se celebró el referéndum sobre la independencia de Escocia. La expectación respecto a esta decisión sobrepasó las fronteras británicas y atrajo la atención de la opinión pública global. El trecho final de la campaña desató intensos debates y la movilización de Londres para evitar la separación de Escocia. A pocos días de la elección, las encuestas reportaban una leve tendencia a favor de la permanencia de Escocia a Reino Unido. Pese a ello, los estrechos márgenes registrados por los sondeos entre ambas posiciones a partir de un ascenso importante de las preferencias por el Sí, en las últimas semanas de campaña, provocaron que el resultado fuera prácticamente impredecible. De acuerdo con los resultados oficiales se trató, sin duda, de una elección histórica en la que la mayoría de los escoceses decidieron seguir perteneciendo al Reino Unido, a pesar de un segmento muy importante de la sociedad que se pronunció a favor de la independencia.

El pasado 16 de septiembre, el Parlamento unicameral de Ucrania, o Rada Suprema, aprobó dos leyes que repercutirán directamente en el porvenir del conflicto. En primer lugar, confirió un estatus especial a las ciudades controladas por separatistas de Donestsk y Lugansk. En segundo lugar, ratificó el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual fue firmado en marzo de este año, y que consistió en una de las principales causas que desencadenó el conflicto a finales del año pasado, luego de que el derrocado presidente, Viktor Yanukovich, se negara a suscribirlo y presentara como alternativa la Unión Aduanera Euroasiática, un proyecto de integración económica liderado por Rusia. Hasta la primera semana de septiembre, el conflicto había dejado un saldo de 2,593 muertos y por lo menos 6,033 lesionados, de acuerdo con las cifras más recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Adicionalmente, se estima que actualmente hay 260 mil desplazados internos en Ucrania, y otros 814 mil se encuentran refugiados en Rusia.

El objetivo de este documento es dar seguimiento a la evolución y actualidad del conflicto a partir de lo ya analizado en la nota de coyuntura “Ucrania acusa a Rusia de agresión militar: oportunidades y desafíos de un proceso de paz”, publicada por este Centro de Estudios Internacionales el 3 de septiembre pasado.2 Para tal efecto, se analizarán los acontecimientos de mayor relevancia ocurridos entre el 5 de septiembre, cuando el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos acordaron un cese al fuego; y el 18 de septiembre, durante la visita oficial a Washington del presidente de Ucrania, Petró Poroshenko.

El 10 de septiembre del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó la Opinión Consultiva OC-21/14 sobre “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la Migración y/o en necesidad de protección internacional”. La Opinión fue emitida el 19 de agosto del año en curso, y constituye una respuesta a la solicitud presentada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 7 de julio de 2011. Mediante la misma, la CoIDH llevó a cabo una interpretación de diversos instrumentos de derecho internacional a fin de precisar los alcances de las obligaciones estatales con respecto a este fenómeno. En consecuencia, esta ficha informativa contiene algunos de los elementos a destacar tanto de la solicitud presentada por los países antes mencionados, como de la OC-21/14; por último, plantea también la participación que tuvo México durante el proceso. Los artículos sobre los que se le solicitó a la Corte pronunciarse se encuentran en un anexo al final del presente documento. No debe perderse de vista, en cualquier caso, que esta Opinión Consultiva guarda una enorme importancia en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que, como lo comentó recientemente el gobierno argentino, será clave para fijar un piso mínimo de obligaciones de los Estados de origen, tránsito, destino y retorno que garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas migrantes. Conviene, en ese sentido, resaltar que entre otras aportaciones, la Corte establece con claridad el principio de no detención de niños y niñas por su condición migratoria cuando señala que “los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños que se encuentran junto a sus progenitores, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o separados de ellos, para cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamental tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el hecho de que la niña o el niño se encuentre sólo o separado de su familia, o en la finalidad de asegurar la unidad familiar, toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los derechos de la niña o del niño”.

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, realizó visitas de trabajo a Cuba, Nicaragua y Panamá del 8 a al 10 de septiembre, con el objetivo de revisar temas bilaterales e impulsar la agenda de la XXIV Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en diciembre en Veracruz. Estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y El Caribe, Vanessa Rubio Márquez, y por el embajador y director general para la región, Ernesto Campos Tenorio. El objetivo de la presente ficha informativa es hacer un recuento de los detalles más sobresalientes de la gira de trabajo del canciller y ofrecer información de contexto para un análisis preliminar.

Desde hace dos semanas se han registrado protestas en contra del gobierno del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, a quien se acusa de fraude electoral, luego de que su partido político ganara 190 de los 342 escaños del Parlamento en las elecciones legislativas de mayo de 2013 y obtuviera la mayoría absoluta. Sin embargo, el 1 de septiembre, las protestas se tornaron violentas, luego de que un grupo de 400 manifestantes tomara las instalaciones de la Televisión Estatal de Pakistán y se enfrentara con el Ejército, lo que derivó en 100 arrestados, tres muertos y más de 500 lesionados. Algunos analistas internacionales consideran que se trata de la mayor crisis política de la historia contemporánea de Pakistán. 

En 2007, China prometió que implementaría en Hong Kong una serie de reformas democráticas a hacerse efectivas durante los comicios locales del 2017. En las elecciones referidas se votará por el jefe de gobierno, quien hasta ahora había sido electo para un periodo de cinco años por un Comité Electoral compuesto por 1,200 miembros, que incluyen parlamentarios y representantes de los sectores público, privado, académico, empresarial y legislativo.

Ante la lentitud del gobierno chino para informar sobre los avances y/o políticas al respecto, en los últimos meses, la población ha salido a las calles para exigir una mayor apertura democrática y conseguir que se lleven a cabo las reformas político-electorales que aseguren, que para las elecciones locales de 2017 se implemente el sufragio universal. En consecuencia, el gobierno chino propuso implementar el sufragio directo, pero limitar el número de candidatos: no podrán ser más de 2 ó 3 y deberán contar con el visto bueno del gobierno chino. Sin embargo, los movimientos pro democracia como Occupy Central rechazaron la propuesta china y convocaron a la población a protestar contra Pekín, pues consideran improcedente que los candidatos sean avalados por el gobierno central.

Así, durante las últimas semanas el descontento popular se ha exacerbado, y las autoridades policiales han detenido a más de 500 manifestantes durante protestas masivas sin precedentes en la historia de Hong Kong. Por tanto, el objetivo de esta nota de coyuntura consiste en ofrecer un panorama histórico del país, así como contextualizar las demandas democráticas de la población en el marco de su vertiginoso desarrollo político y económico. Posteriormente, se analizarán los principales intereses y objetivos de los actores involucrados y se realizará un ejercicio de prospectiva sobre la posible evolución e implicaciones de este conflicto en el corto plazo. Finalmente, se ofrece un apéndice sobre el caso de Macao, cuyos residentes, inspirados por las protestas en Hong Kong, han salido a las calles para manifestarse a favor de reformas democráticas a propósito de un referéndum celebrado en agosto.