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El pasado 18 de noviembre, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, disolvió la Cámara de Representantes o Shugi-in y convocó a elecciones anticipadas. Según los analistas internacionales, la medida responde a la entrada en recesión de la economía nacional y a la considerable reducción del consumo interno derivada del aumento del 5% al 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que entró en vigor durante el mes de abril. Cabe señalar que las elecciones se celebrarán dos años antes de lo previsto, pues la legislatura actual terminaría su periodo en 2016.

Abe afirmó que tomó la decisión con la finalidad de clarificar la estrategia de crecimiento económico que seguirá su gobierno. Sin embargo, una encuesta de la agencia Kyodo ha reportado que el 63% de los japoneses no entiende la medida. En respuesta, Abe afirmó que renunciaría en caso de que su coalición, liderada por el Partido Liberal Democrático, no obtuviera la mayoría simple en las elecciones anticipadas. No obstante, los analistas internacionales consideran poco probable que ocurra tal escenario, pues los partidos de oposición no parecen contar con suficiente apoyo.

 Este impasse puso a Japón en primer plano en la arena internacional, pues su recaída económica puso en duda la recuperación de la economía mundial. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura está encaminado a exponer las razones detrás de la polémica decisión de Abe, no sin antes contextualizar la peculiar situación política y económica por la que atraviesa el país. Posteriormente, se analizará el impacto de esta medida en las economías japonesa y mundial y, finalmente, se realizará un ejercicio de prospectiva explicando los posibles escenarios que podrían presentarse luego de las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 14 de diciembre.

El 24 de noviembre, un Gran Jurado absolvió al oficial de policía Darren Wilson del asesinato del joven afroamericano Michael Brown, ocurrido el pasado 9 de agosto en la ciudad de Ferguson, Missouri. Este hecho ha causado una fuerte indignación entre la población civil y reavivó las tensiones raciales en Estados Unidos, puesto que se han presentado actos vandálicos y disturbios en Ferguson, así como protestas masivas en por lo menos 170 ciudades de 37 estados.

Como fue planteado en la nota de coyuntura, “Disturbios en Missouri: Tensión racial y uso excesivo de la fuerza policial", la desigualdad racial continúa siendo un elemento sobresaliente de algunas regiones de los Estados Unidos, pues de acuerdo con diversos estudios, los afroamericanos tienen menores ingresos que las personas de raza blanca, más probabilidades de ser encarcelados y menos probabilidades de obtener un título universitario. La localidad de Ferguson no es ajena a esa realidad, ya que un informe de la Fiscalía de Missouri reveló que en 2013, los afroamericanos representaron el 93% de los arrestos por violaciones al reglamento de tránsito y 92% de los cateos. Huelga recalcar que en Ferguson, 63% de los 22,400 habitantes son personas de origen afroamericano, 20% de la población vive en condiciones de pobreza, y el ingreso familiar promedio es de $37,000 dólares anuales, cifra $10,000 dólares inferior al promedio estatal.

El Consejo de Ministros de Israel aprobó el pasado 23 de noviembre el proyecto de una nueva ley básica: “Israel como el Estado-nación del pueblo judío” que, entre otros elementos, cambia la definición del Estado de Israel al declararlo como el hogar del pueblo judío. El proyecto de ley ha desatado fuertes discusiones entre los partidos que integran la coalición de gobierno, enfrentando a los partidos de derecha y ultraderecha con los partidos centristas. Acusado de buscar imponer un “estado religioso” y una ley discriminatoria y racista, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en la necesidad de mantener vías abiertas al diálogo, frente a la posible ruptura en la coalición del gobierno. Esta ficha informativa se ocupa de describir los fundamentos e implicaciones del proyecto de ley impulsado por el primer ministro. Se incluyen las críticas y debates en torno a la propuesta de Ley, las acusaciones hechas al primer ministro en un contexto especialmente difícil en el conflicto con Palestina, y algunas breves consideraciones finales.

El pasado 20 de noviembre, el presidente Barack Obama anunció una acción ejecutiva sobre inmigración que evitaría la deportación de hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados. El anuncio, realizado por medio de un discurso dirigido a la nación estadounidense, cumple con la promesa del presidente Barack Obama de emitir órdenes ejecutivas en materia de inmigración, frente a la inacción del Congreso estadounidense de aprobar un proyecto de ley de reforma integral en la materia. Dicha acción ejecutiva plantea detener la deportación de un grupo amplio de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y garantiza, al menos por un periodo de tres años, que el grupo de personas beneficiarias puedan trabajar legalmente en el país. Ante dicha acción, diferentes organizaciones de ayuda a migrantes manifestaron su apoyo al mandatario estadounidense, sin embargo, la medida fue objeto de severas críticas por parte de la oposición republicana.

En virtud de la importancia que reviste este hecho, el objetivo de esta nota de coyuntura es presentar las principales características de la acción ejecutiva. Para ello, se hace alusión a las facultades del presidente en la materia y se analizan las diferentes posturas ante tal acción. Adquiere centralidad, sin lugar a dudas, el debate desarrollado en el Congreso estadounidense. Finalmente, se plantean algunas consecuencias y posibles perspectivas derivadas de la acción ejecutiva anunciada por el Presidente Barack Obama.

El pasado 24 de noviembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, presentó su renuncia, tras permanecer dos años en el cargo. Oficialmente, se dio a conocer que Hagel y el presidente, Barack Obama, acordaron que “era el momento adecuado para emprender un cambio de liderazgo en el Pentágono”. Sin embargo, las especulaciones en torno a los motivos que propiciaron la dimisión del único republicano en el gabinete de Obama, oscilan entre la derrota de los demócratas durante las elecciones de medio término del 4 de noviembre, y discrepancias con la Casa Blanca sobre las estrategias para combatir a la organización terrorista del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), y en relación con las tropas estadounidenses en Afganistán. Cabe recalcar que Hagel permanecerá en el cargo hasta que el Senado ratifique a su sucesor.

El objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en evaluar las principales acciones y logros de Chuck Hagel durante los cerca de dos años que encabezó el Pentágono. Posteriormente, se expondrán las distintas razones que podrían estar detrás de su renuncia, y se ofrecerá un perfil biográfico de los posibles sucesores. Finalmente, se discutirán las probabilidades de que este acontecimiento marque el inicio de una reformulación de la doctrina de defensa del presidente Obama, de cara a la recta final de su segundo periodo presidencial que culminará en 2017.

Este 24 de noviembre de 2014 venció el plazo de la segunda prórroga de las negociaciones nucleares entre los representantes del denominado P5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia – los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- más Alemania) e Irán, en relación con el programa nuclear de este último. De acuerdo con el Plan de Acción original acordado en Ginebra en noviembre de 2013, las negociaciones deberían haber concluido en julio pasado. En ausencia de resultados tangibles, los siete cancilleres determinaron prolongarlas por cuatro meses más. Luego de arduas negociaciones, y a pesar de que se advierten haber logrado “avances reales y sólidos” como los ha llamado el secretario de Estado estadounidense John Kerry, las conversaciones se prolongarán por siete meses más alrededor de un nuevo acuerdo preliminar. El objetivo de esta nota de coyuntura es explicar el proceso de negociación actual sobre el programa nuclear iraní, los pormenores del Plan de Acción alcanzado en enero de 2014 y, en definitiva, las implicaciones de este nuevo aplazamiento sobre la base de un acuerdo temporal. Aunque existe optimismo sobre lo que supone la continuación del diálogo, hay también pronósticos poco entusiastas sobre los obstáculos a vencer en el futuro inmediato de las negociaciones. Conviene tener presente que un acuerdo mutuamente satisfactorio podría suponer el fin de las sanciones contra Teherán y una mejoría significativa de las relaciones, aún tensas, con Occidente. En contraste, la ausencia de un acuerdo podría acarrear nuevas medidas punitivas y, eventualmente, una confrontación directa con Irán como la experimentada durante el gobierno encabezado por el expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013).

Los pasados 10 y 11 de noviembre del año en curso se celebró en Beijing la vigésima segunda Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) bajo los auspicios del Gobierno de China. Asimismo, uno de los principales resultados de la reunión que ha captado la atención internacional fue la presentación de una iniciativa que busca construir una zona de libre comercio en la región de Asia Pacífico que, debido a su composición y características, resulta necesario examinar en el contexto de otros proyectos de integración de la región. Aunado a lo anterior, los días 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo la Cumbre de Líderes del G20 en la ciudad de Brisbane en Australia. Entre los principales resultados de la misma se encuentran los compromisos por adoptar medidas estructurales a nivel interno que estimulen un mayor crecimiento económico.

La presente nota de coyuntura tiene por objeto presentar un análisis general sobre los elementos a destacar de ambos foros. En primer lugar, se plantean los principales elementos de la 22° Reunión de Líderes de APEC, las negociaciones y los acuerdos que se dieron de manera paralela a la misma, y los contenidos de la declaración resultante. Posteriormente, se realiza un breve examen de las diversas iniciativas que existen actualmente en la región Asia Pacífico para la integración de ésta, a saber: la Zona de Libre Comercio para Asia Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), y la Asociación Económica Comprehensiva Regional (RCEP, por sus siglas en inglés). Por último, se presentan algunos de los resultados de la Cumbre de Líderes del G20 en Brisbane, enfatizando aquéllos que se encuentran relacionados con otros temas de la agenda internacional.

El pasado 17 de noviembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que suspendería las negociaciones de paz que mantiene desde hace dos años en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debido al secuestro del general Rubén Darío Alzate y dos acompañantes en una zona selvática de la localidad de Las Mercedes en el departamento del Chocó, localizado en el noroeste del país en la región del Pacífico colombiano. Este incidente se produce en un momento crítico, pues a principios de este mes el presidente Santos realizó una gira de trabajo por países de la Unión Europea donde manifestó su optimismo para alcanzar un acuerdo de paz y solicitó apoyo financiero para terminar el conflicto que ha durado más de cinco décadas y ha causado más de 220,000 muertos y 6 millones de desplazados.

El pasado 4 de noviembre del año en curso, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia mediante la cual se decretó la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) depositado en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999. Dicha decisión se emitió poco tiempo después del rechazo por parte del Gobierno dominicano a la sentencia de la Corte Interamericana relativa al caso de 26 haitianos y dominicanos de origen haitiano que fueron expulsados del país entre 1999 y 2000. Por su parte, aún está por determinarse si la República Dominicana buscará retirarse definitivamente de la jurisdicción de la Corte en tanto que se requiere de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) para tal efecto.

Con base en lo anterior, la presente ficha tiene por objeto, en primer lugar, esbozar un panorama general en torno a los antecedentes de la actual situación, presentando los elementos centrales a considerar con relación al fallo de la Corte Interamericana y el rechazo del Gobierno dominicano al mismo. Posteriormente, se plantea la argumentación del Tribunal Constitucional dominicano con base en la cual se declara la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación previamente mencionado. Por último, se presentan las reacciones que ha suscitado la decisión en el nivel internacional, así como la postura de la Cancillería de la República Dominicana.

El pasado 6 de noviembre, la Corte Suprema de Libia invalidó el Parlamento surgido tras las elecciones del pasado 25 de junio, que había avalado el actual gobierno del primer ministro, Abdullah al-Thani, y que además es el único reconocido por la comunidad internacional. La decisión de la Corte responde al hecho de que este órgano sesiona en la ciudad de Tobruk, en lugar de hacerlo en Bengasi, donde la Constitución estipula que debe ubicarse la sede del poder legislativo. Cabe recalcar que la Carta Magna también establece que la ceremonia de transferencia de poder debe celebrarse en la capital, Trípoli, y el nuevo Parlamento tampoco llevó a cabo ese acto protocolario en el lugar establecido, pues inauguró su periodo de sesiones directamente en Tobruk, el 4 de agosto.

A pesar de que Bengasi, al igual que otras ciudades importantes como Trípoli se encuentra sitiada por milicias islamistas, la Corte Suprema decidió disolver el Parlamento porque, a su juicio, el hecho de sesionar en un lugar ajeno al establecido en la Carta Magna representa un acto de inconstitucionalidad. La consecuencia de esta polémica resolución acentuó de inmediato la preocupación de la comunidad internacional y la inestabilidad política en el país, pues coexisten dos Ejecutivos y dos Parlamentos disputándose el poder, se carece de un Ejército o fuerzas de seguridad fiables, y varias ciudades e instalaciones estratégicas como pozos petroleros y aeropuertos, están tomadas por milicianos fuertemente armados.