Las protestas sociales iniciadas el 12 de febrero en Venezuela han crecido exponencialmente y hasta el 23 de marzo, el saldo de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad era de 34 personas fallecidas, 400 heridos y más de 1,000 detenidos. Entre estos últimos destacan dos alcaldes opositores y el presidente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien convocó a las protestas y actualmente las apoya desde prisión.
La narrativa subyacente a las movilizaciones es simple: por un lado, los simpatizantes del chavismo proclaman que la oposición busca desestabilizar al régimen mediante la “violencia fascista”; y por otro lado, los opositores denuncian que el gobierno de Maduro es de “corte dictatorial”. En ese contexto, el pasado 21 de marzo, la diputada opositora, María Corina Machado, intentó participar en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, DC, para denunciar la “represión” contra manifestantes por parte del gobierno venezolano. Este hecho recibió una importante atención mediática debido a que algunos países le impidieron el uso de la palabra. Por ello, el objetivo de la presente nota de coyuntura es describir y analizar las implicaciones de este evento que derivó, por una parte, en la expulsión de Machado de la Asamblea Nacional (AN) y por otra parte, en un nuevo capítulo del conflicto en Venezuela: su internacionalización.
