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El pasado 2 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a partir de una propuesta de México y Nueva Zelanda, estableció la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La iniciativa, adoptada en Ginebra, Suiza y respaldada por más de 84 países de todas las regiones del mundo, responde a la necesidad de contar con un experto independiente que promueva los derechos humanos de personas con discapacidad en el mundo. Para lograr dicho objetivo se busca que trabaje en coordinación con los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas, los mecanismos regionales, la sociedad civil y las organizaciones de y para las personas con discapacidad.

A partir de lo anterior, la presente nota de coyuntura analiza la importancia que reviste la creación de este nuevo Mandato y sus implicaciones. Antes se ocupa de efectuar un somero recuento de las acciones realizadas por las Naciones Unidas a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Finalmente, se destaca el papel de México como impulsor de este tipo de iniciativas y se identifican algunos retos en la materia.

El pasado 1 de julio, el gobierno de Japón aprobó la reinterpretación del artículo 9º de su Constitución, con lo cual abrió la posibilidad de defender militarmente a sus aliados en caso de que sean atacados, situación que estaba limitada por las disposiciones anteriores que le impedían usar la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Cabe aclarar que la nueva interpretación deberá ser ratificada por el Parlamento, pero no requerirá modificar de manera expresa la Constitución.

La reinterpretación del artículo 9º había sido promovida desde la década de 1950 por miembros del Partido Demócrata Liberal (PDL), quienes consideraban desde entonces que la actual Carta Magna, avalada por Estados Unidos en 1947 tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, restringía las capacidades de defensa del país frente a un cambiante entorno internacional . En los últimos años, la idea adquirió mayor relevancia debido a que fue impulsada activamente por el actual primer ministro proveniente del PDL, Shinzo Abe, quien ha buscando mejorar el posicionamiento y las capacidades del país para hacer frente a posibles amenazas a su seguridad provenientes del exterior.

El 25 de junio pasado México suscribió en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, Suiza, el Tratado para Facilitar el Acceso a las obras publicadas a las personas invidentes, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (en adelante Tratado de Marrakech)1 . El Tratado reviste particular importancia dado que flexibiliza los derechos de autor con objeto de que las obras sean publicadas de forma accesible para personas con discapacidad visual, además de que plantea la eliminación de barreras para su intercambio transfronterizo. En virtud de la trascendencia que representa este instrumento internacional en materia de derechos humanos, mismo que corresponderá al Senado, en su momento, examinar y eventualmente aprobar, se presenta esta Nota de Coyuntura en la que se incluyen los contenidos más importantes del Tratado y se discuten las implicaciones más relevantes para México.

Del 23 al 27 de junio se celebró en Maputo, Mozambique, la tercera conferencia de revisión de la Convención sobre la prohibición de minas antipersona (también conocida como Convención de Ottawa). Durante esta conferencia, denominada Maputo +15, se abordaron los logros alcanzados a 15 años de que entrara en vigor la Convención de Ottawa, y se discutieron los retos actuales en la materia tales como la necesidad de fomentar asistencia a las víctimas, el uso de minas antipersona en conflictos bélicos recientes, y la adquisición y uso de este tipo de artefactos por actores no estatales.

La Alianza del Pacífico es probablemente el proyecto de integración económica, articulación política y cooperación entre países latinoamericanos más profunda y significativa en la historia reciente de América Latina. Desde la suscripción del Acuerdo Marco que le da origen el 6 de junio de 2012, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 15 de noviembre de 2012, ha quedado de manifiesto la naturaleza ambiciosa de este proyecto de regionalización para enfrentar la competencia global. En efecto, se trata no sólo de profundizar los recíprocos vínculos económicos entre México, Colombia, Chile y Perú sino de fortalecer la presencia de este nuevo y competitivo bloque comercial en los mercados mundiales y específicamente los de la región de Asia Pacífico.

Luego de la suscripción del Protocolo comercial de la Alianza durante la pasada VIII Cumbre de Cartagena de Indias en febrero de 2014, queda claro que la iniciativa busca consolidarse como una zona de libre comercio que avance progresivamente hacia un modelo sui generis que incorpore libre circulación de bienes, servicios y capitales –mediante un proceso de desgravación que se completará en 17 años– pero también de personas. Asimismo, la Alianza del Pacífico ha dado pasos sólidos hacia la conformación de una plataforma de diálogo político y cooperación que pretende alcanzar rubros poco convencionales en acuerdos de esta naturaleza como el intercambio científico y educativo, la integración bursátil y la cooperación en materia consular, diplomática y turística.

El 10 de junio pasado, el resultado de la elección primaria del Partido Republicano en el séptimo distrito electoral de Virginia acaparó los titulares de la prensa estadounidense e internacional. Y es que el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, perdió la posibilidad de postularse para la reelección por el citado distrito ante un aspirante sin experiencia política previa, el profesor universitario David Brat. Más allá de que Cantor fue el primer líder de mayoría en el Congreso en perder una elección primaria en la historia electoral de Estados Unidos,1 la noticia adquirió resonancia en vista del discurso radical y anti-inmigrante que enarboló su contrincante.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Refugiado, el pasado 20 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó un informe en el que concluyó que actualmente el número de desplazados forzosos es más alto que al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Según el informe Tendencias Globales 2013 se contabilizaron 51.2 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, lo cual refleja que esa cifra aumento 6 millones con respecto al año pasado.

Desde el informe Tendencias Globales 2012, ACNUR advertía que el número de refugiados y desplazados internos aumentaba vertiginosamente debido a que ese año contabilizó 45.2 millones, siendo la cifra más alta desde 1994. Este dramático aumento es atribuido en gran medida a la guerra civil en Siria iniciada hace tres años, y en menor medida a la Rebelión Tuareg en Malí (2012-2013) y al conflicto en Sudán del Sur iniciado en 2013.

El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, realizó la semana pasada una gira de trabajo por Brasil, Colombia y República Dominicana. En ese contexto, el 20 de junio sostuvo una reunión de alto nivel en Guatemala, donde abordó el tema del creciente número de menores sin compañía adulta que están ingresando ilegalmente a territorio estadounidense. En el encuentro participaron el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina; el mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; el coordinador general del gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro; y el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS), entre octubre de 2013 y mayo de este año, más de 47 mil menores de edad, provenientes de Centroamérica, han cruzado la frontera sur de Estados Unidos, casi duplicando la cantidad registrada durante los 12 meses anteriores. No obstante, el gobierno estadounidense ha manifestado que esos menores no calificarán para permanecer en el país, como parte de los intentos de reforma migratoria que se llevan a cabo en el Congreso y por lo tanto, serán deportados. Cabe recalcar que las autoridades migratorias de Texas y Arizona se han visto sobrepasadas para alojar y deportar a los menores; en consecuencia, el propósito de la visita de Biden fue desalentar a los padres a que dejen a sus hijos en manos de traficantes de personas y, en definitiva, permitirles el éxodo de sus lugares de origen

La guerra civil siria y el fortalecimiento reciente de la organización yihadista del Ejército Islámico de Irak y el Levante (EIIL o ISIS por sus siglas en inglés) han puesto de manifiesto que a más de 10 años de la Guerra de Irak (2003-2011), el país mantiene un alto grado de inestabilidad y continúa siendo uno de los principales focos de conflicto geopolítico a nivel mundial. Tras la caída del régimen de Sadam Husein el actual conflicto es quizá el peor de los vividos en un largo periodo, como consecuencia del resurgimiento de milicias sunitas encabezadas por el EIIL que buscan importar ciertos rasgos de la guerra civil siria, y al mismo tiempo combatir al gobierno del primer ministro de origen chiita, Nuri alMaliki, a quien acusan de monopolizar el poder y marginar a los sunitas

. El actual conflicto se remonta a diciembre de 2013, cuando militantes islamistas del EIIL, apoyados por algunas tribus sunitas, tomaron la ciudad de Faluya, además de algunas poblaciones cercanas a Ramadi. Seis meses después, lanzaron un asalto contra Mosul, la segunda ciudad más importante del país, donde alrededor de 30 mil soldados iraquíes depusieron las armas y huyeron, tras ser atacados por militantes del EIIL quienes, alentados por la victoria, continuaron su campaña hacia el sur . Aunque el gobierno iraquí asegura que tiene la situación bajo control, medios internacionales afirman que la ofensiva sunita está muy cerca de llegar a Bagdad, pues en días recientes tomó el control de la ciudad de Bakuba, situada a apenas 60 kilómetros de la capital.

El domingo 15 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia en la que el actual presidente, Juan Manuel Santos, derrotó al uribista, Óscar Iván Zuluaga, a pesar de que este último había triunfado en la primera vuelta. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, Santos obtuvo 7,816,986 sufragios (50.95%), mientras que Zuluaga alcanzó 6,905,001 (45%).

Como fue señalado en la nota de coyuntura Las elecciones presidenciales en Colombia: análisis del proceso electoral y perspectivas para la segunda vuelta publicada el 2 de junio por este Centro de Estudios Internacionales, tres factores tenían el potencial de convertirse en elementos decisivos para determinar el resultado electoral definitivo saber: 1) las alianzas que ambos candidatos lograran tejer, con los partidos políticos de los tres contendientes que fueron eliminados en la primera vuelta; 2) el enfoque que ambos candidatos proponían para tratar con los grupos insurgentes; y, 3) una mayor participación electoral que redujera la alta cifra de abstencionismo. El primer factor contribuyó a mantener las encuestas previas en empate técnico, pues las candidatas del Partido Conservador Colombiano (Martha Lucía Ramírez) y de la coalición Polo Democrático AlternativoUnión Patriótica (Clara López), que habían obtenido un porcentaje similar en la primera vuelta, apoyaron a Zuluaga y Santos, respectivamente, mientras que el candidato del Partido Alianza Verde (Enrique Peñalosa), no se pronunció al respecto. El segundo factor, en opinión de analistas internacionales, fue el que más incidió en las votaciones, pues Santos prometía continuar con las negociaciones de paz, mientras que Zuluaga se inclinaba por la confrontación directa con los grupos insurgentes. Finalmente, el tercer factor también fue decisivo, pues mientras que en la primera ronda el abstencionismo alcanzó el 60% y el voto en blanco 6%, para esta vuelta se redujeron a 52.13% y 3.9%, respectivamente.