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Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue fundada en 1945, Palestina era un territorio administrado por Reino Unido, en virtud de un mandato encomendado por la Sociedad de Naciones en 1922. Sin embargo, la creciente migración de judíos a Palestina y la oposición de los habitantes árabes propiciaron una escalada de violencia que obligó a Reino Unido a plantear la cuestión de Palestina ante la ONU. En consecuencia, en 1947 se construyó una Comisión Especial con 11 Estados miembros y se emitió la Resolución 181, en la que se aprobó: 1) la terminación del mandato británico; 2) la retirada progresiva de las tropas del Ejército británico; y, 3) la fijación de fronteras entre los Estados palestino y judío y Jerusalén, antes del 1 de octubre de 1948.

Como fue señalado en las notas de coyuntura “Recrudece la violencia en Gaza: la operación Margen Protector y sus implicaciones” y “Actualidad y perspectiva sobre el conflicto en Gaza: reacciones internacionales y escenarios futuros”, el conflicto se remonta a la partición de Palestina en noviembre de 1947 y a la creación del estado de Israel en mayo de 1948, luego del fin del mandato británico sobre el territorio. Al día siguiente de la independencia israelí, cinco países árabes (Líbano, Transjordania, Egipto, Siria e Irak) inconformes con el Plan de Partición de Palestina y sus consecuencias, le declararon la guerra. Desde entonces, el denominado conflicto árabe-israelí, intermitente y apenas acotado por débiles acuerdos de cese al fuego y reconciliación cuya implementación no ha sido uniforme, sigue constituyendo una de las amenazas más graves a la paz y la seguridad del planeta, siendo el episodio más reciente la incursión a territorio palestino de las Fuerzas de Defensa de Israel bajo la operación Margen Protector que dejó alrededor de 2,200 muertos y 11,500 heridos, entre el 8 de julio y el 26 de agosto, fecha en que se alcanzó una tregua indefinida.

El pasado viernes 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución para que el gobierno mexicano adopte medidas cautelares para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como para informar oportunamente sobre la investigación en curso sobre los ataques ocurridos durante la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia han determinado que algunos policías municipales de Iguala, en contubernio con integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fueron los autores materiales de los ataques que, además de la desaparición de los estudiantes, tuvieron un saldo de 6 personas muertas y por lo menos 17 lesionadas.

El sábado 4 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) localizaron en las faldas del Cerro Gordo, al norponiente de Iguala, varias fosas clandestinas de las que extrajeron 28 cadáveres, la mayoría calcinados. Sin embargo, el procurador estatal, Iñaky Blanco, afirmó que no es posible confirmar si esos cuerpos corresponden a los normalistas desaparecidos, pues es necesario compararlos con muestras de ADN de sus familiares. Adicionalmente, la PGJG giró una orden de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores, quienes se encuentran prófugos. 

Así, el 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto, manifestó su indignación por los ataques contra normalistas, e instruyó a su gabinete esclarecer los hechos, dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta. Por tanto, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en describir de forma sintética los hechos de este acontecimiento, así como analizar las implicaciones de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de conmemorar los 50 años de la devolución del territorio de El Chamizal. La controversia relativa al territorio ubicado actualmente entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas surgió desde mediados del siglo antepasado debido a cambios en el cauce del Río Bravo. Esto incentivó una activa labor diplomática por parte de México para encontrar una solución a la misma. El objetivo de esta nota consiste, en primer lugar, en ofrecer un panorama general sobre el origen de la controversia y de los primeros esfuerzos de México por encontrar una solución, a través de medios pacíficos como el arbitraje. Posteriormente, se presentan las principales disposiciones de la convención adoptada por México y Estados Unidos que pondría fin a la controversia, fruto de las negociaciones entre ambos países. Por último, se destacan los elementos a resaltar de la Ceremonia de Conmemoración del 30 de septiembre.

El 25 de septiembre de 2014, la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, y su contraparte mexicano, José Antonio Meade, firmaron un acuerdo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el marco del 69 Periodo de Sesiones de la Asamblea General, mediante el cual Colombia permitirá que diplomáticos mexicanos utilicen parte de las instalaciones de su Embajada en la República de Azerbaiyán. Esto, como uno de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza del Pacífico: el de contar con representaciones en el exterior bajo la modalidad de embajadas compartidas.

Esta nota de coyuntura tiene por objeto contextualizar las relaciones bilaterales entre México y Azerbaiyán así como examinar las posibles ventajas de un acercamiento mayor a partir de esta nueva legación diplomática

El medio ambiente y el cambio climático como temáticas de negociaciones multilaterales fueron incluidos en la agenda internacional a principios de la década de los noventa. Si bien existen varios instrumentos internacionales en la materia, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, a la fecha no se cuenta con un acuerdo que sea legalmente vinculante para todos los Estados. Ante la necesidad de fomentar la voluntad política y movilizar la acción para promover nuevos compromisos y objetivos ambiciosos, y con miras a propiciar el éxito de las negociaciones en 2015, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, convocó la Cumbre del Clima 2014. Así, el 23 de septiembre del año en curso, en el marco del inicio del 69° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 140 jefes de Estado y de gobierno, así como líderes empresariales, financieros y de la sociedad civil, se reunieron en la sede de Naciones Unidas.

Por consiguiente, el propósito de esta ficha consiste en proporcionar, en primer lugar, un panorama general sobre la forma en que estos temas han sido abordados dentro de Naciones Unidas durante las últimas décadas. Ahora bien, la Cumbre del Clima no forma parte de las negociaciones de la Convención Marco sobre Cambio Climático; no obstante, busca generar una dinámica que conlleve al éxito de las mismas.

El 2 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante 154 votos en pro, 23 abstenciones y tan sólo 3 en contra, un Tratado pionero para regular el comercio de armas convencionales a nivel multilateral: el denominado Tratado sobre el Comercio de Armas. El pasado 25 de septiembre, en el marco del 69° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, ocho Estados (Argentina, Bahamas, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Portugal, Santa Lucía, Senegal y Uruguay) depositaron ante el Secretario General de la ONU los instrumentos de ratificación. Con ello, se alcanzaron las 50 firmas necesarias para que el Tratado entre en vigor el próximo 24 de diciembre. Se trata de un instrumento internacional llamado a llenar un vacío jurídico importante, toda vez que las transferencias internacionales de armas pequeñas y convencionales no eran parte de ningún régimen de observancia obligatoria. 1 El objetivo de esta nota de coyuntura consiste en explicar los orígenes del Tratado sobre el Comercio de Armas, su objeto y ámbito de aplicación, los mecanismos a implementar una vez que haya entrado en vigor. Todo ello ante la próxima celebración de la Primera Conferencia de los Estados Partes que tendrá lugar en México en 2015.

La Alianza del Pacífico es probablemente el proyecto de integración económica, articulación política y cooperación entre países latinoamericanos más profunda y significativa en la historia reciente de América Latina. Desde la suscripción del Acuerdo Marco que le da origen el 6 de junio de 2012, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 15 de noviembre de 2012, ha quedado de manifiesto la naturaleza ambiciosa de este proyecto de regionalización para enfrentar la competencia global. En efecto, se trata no sólo de profundizar los recíprocos vínculos económicos entre México, Colombia, Chile y Perú sino de fortalecer la presencia de este nuevo y competitivo bloque comercial en los mercados mundiales y específicamente los de la región de Asia Pacífico.

Luego de la suscripción del Protocolo comercial de la Alianza durante la VIII Cumbre de Cartagena de Indias en febrero de 2014, queda claro que la iniciativa busca consolidarse como una zona de libre comercio que avance progresivamente hacia un modelo sui generis que incorpore libre circulación de bienes, servicios y capitales –mediante un proceso de desgravación que se completará en 17 años– pero también de personas.

En el marco de su participación en el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Enrique Peña Nieto anunció el miércoles 24 de septiembre en Nueva York la participación de nuestro país en las denominadas Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP). En su discurso, señaló que México apoya y valora las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y sus contribuciones en respaldo de países que viven o han salido de conflictos así como para crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. No obstante, advirtió que esta participación se daría de forma gradual, tanto en términos cuantitativos como en lo que hace al tipo de labores que se desplegarán, y que se sujetaría al cumplimiento de ciertas condiciones. Si bien no se detalló más al respecto, el anuncio constituye un cambio innegable en una política que, por décadas, se resistió a participar en este tipo de operaciones. El objetivo de esta nota de coyuntura, por tanto, será examinar a fondo el mensaje del Presidente en el contexto de su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU desde que inició su administración, la breve historia mexicana de participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU así como trazar una radiografía sucinta sobre la naturaleza, alcances y participantes actuales de las mismas.

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió en su resolución 65/198 la organización de una reunión plenaria de alto nivel denominada como la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas para el año 2014. El propósito de la conferencia sería compartir puntos de vista y buenas prácticas en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, así como en la consecución de los objetivos contemplados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas de 2007.1 De esta manera, los días 22 y 23 de septiembre del año en curso, en el marco del inicio del período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. Aunado a la importancia que reviste la celebración por primera vez de una conferencia de este nivel sobre las poblaciones indígenas, resulta importante plantear también el andamiaje institucional desplegado durante las últimas décadas en el seno de Naciones Unidas con respecto al tema. Por lo mismo, la presente nota plantea los elementos que comprende dicho andamiaje, un panorama general sobre la intervención de México y otros actores en la Conferencia Mundial, así como las principales cuestiones abordadas en el proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General en el marco de la conferencia.

En el marco del 69º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México y Francia celebraron una reunión ministerial presidida por los cancilleres José Antonio Meade y Laurent Fabius, con la finalidad de promover limitaciones al uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad. El antecedente directo de esta iniciativa franco-mexicana es una propuesta presentada en octubre de 2013 por el presidente francés, François Hollande, a fin de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan voluntariamente de recurrir al veto en aquellos casos donde pruebe la comisión de graves violaciones al derecho internacional humanitario y atrocidades masivas.

Tras la reunión, ambos cancilleres emitieron una declaración conjunta enfatizando que el veto no es un privilegio, sino una responsabilidad internacional y expresaron su preocupación porque, a su juicio, el Consejo de Seguridad no ha actuado adecuadamente ante graves crisis humanitarias que pudieron evitarse. Por tanto, el objetivo de la presente nota de coyuntura consiste en describir el contenido de la declaración conjunta, así como las posturas particulares de México y Francia respecto a la reforma del Consejo de Seguridad. Finalmente, se ofrecerá una conclusión crítica sobre las probables implicaciones y la evolución de la propuesta franco-mexicana en el mediano plazo.