El pasado 14 de marzo de 2017, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentó una actualización del primer informe sobre la crisis de Venezuela en la que enfatizó “la alteración del orden constitucional” y del “orden democrático” que sufre el país, solicitando a los miembros invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Así, los gobiernos de catorce Estados miembros, entre ellos México, emitieron una declaración en la que solicitaron la liberación de presos políticos, el reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional y el establecimiento de un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas. Tras diversas reacciones de los actores involucrados, el Consejo Permanente de la OEA celebró dos sesiones extraordinarias, el 27 y 28 de marzo, en la primera participó la Canciller venezolana Delcy Rodríguez, y la segunda abordó la situación actual de dicha nación. Además, se presentó una declaración de un grupo de 20 países, sin ser sometida a votación, que encomienda a la OEA alentar la participación de las partes involucradas en Venezuela y presentar opciones a favor del funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho dentro del marco constitucional venezolano, así como a identificar soluciones diplomáticas, en el menor plazo posible, dentro del sistema interamericano.
