Este documento presenta de manera general la lucha histórica por los derechos LGBTIQ+ que se enfrenta hoy a un auge global de discursos de odio y políticas conservadoras que amenazan los logros sociales y legales alcanzados.

Los derechos político-electorales son aquellos que la Constitución política otorga a las y los ciudadanos, siendo el más amplio votar y ser votada/o, así como la posibilidad de participar en los asuntos públicos del país, es decir, cualquier acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad de incidir en una u otra medida en las cuestiones públicas, que es relevante para el funcionamiento de un sistema político.

La orientación sexual y la identidad de género constituyen condiciones de vulnerabilidad debido a la discriminación y estigmatización que enfrentan las personas que se identifican fuera de los sistemas heteronormativos y cisnormativos predominantes.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25, contempla a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) estipula en su artículo 12. 1. que “los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, levantada del 23 de agosto del 2021 al 16 de enero del 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del total de la población de 15 años y más en México (97.2 millones de personas) cinco millones se identifican como personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, trasvestis, intersexuales, queer, asexuales y pansexuales.

La comunidad LGBTIQ+ integrada por personas que se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas enfrentan una serie de obstáculos en el acceso y ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, la dificultad de acceso a los derechos a la educación, al empleo, a la salud, “e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la personalidad”, generalmente ocasionadas por prejuicios sociales u omisiones

En los últimos años en buena parte del mundo se ha avanzado en materia legal y social en el respeto de los derechos humanos e inclusión de la comunidad LGBTI+. Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún incluía en su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Sin embargo, a pesar de los éxitos, las personas LGBTI+ aún enfrentan muchos desafíos.

Las personas trans “están invisibilizadas, estigmatizadas y son víctimas de violencia y discriminación, lo que las convierte en personas especialmente vulnerables sobre todo en el ámbito laboral, educativo, sanitario y social”, entre otros.

Aborda algunos efectos diferenciados de la pandemia provocada por el COVID-19 en la comunidad LGBTI+.

La población LGBTTTI+ es considerada como el conjunto de personas que no se identifican con la heterosexualidad y cuyos derechos no siempre han sido respetados cabalmente.

En la década 2000-2010, en México y América Latina se han dado grandes avances en términos de legislación pro- LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, trans e intersex) Sin embargo, un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta que aún existen acciones de discriminación y violencia en contra de personas pertenecientes a estos grupos en el hemisferio. El problema de la discriminación, exclusión, rechazo y penalización de las personas LGBTI continúa siendo relevante en la región y la mayoría de los países del mundo.