De manera simultánea a la evolución e intensificación del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se incrementan tanto las actividades delictivas en Internet como las amenazas y los ataques cibernéticos provenientes de actores estatales y no estatales, los cuales no solo imponen riesgos graves a la seguridad nacional, la competitividad y el desarrollo económico, sino que al mismo tiempo afectan a los individuos en su condición de usuarios de esta red. Frente a este escenario complejo y ante la falta de una solución infalible, los Estados han aprobado legislación, formulado estrategias de defensa e instaurado mecanismos dentro su arquitectura gubernamental con el objeto de coordinar las acciones y ejecutar medidas operativas en materia de ciberseguridad, contemplando aspectos como la detección, el análisis, la investigación, la respuesta rápida y la recuperación ante los ataques cibernéticos.
