Carta del Presidente de la Junta de Coordinación Política
Desde el Senado de la República, hemos dado un seguimiento puntual al desarrollo de los encuentros y las negociaciones que el Ejecutivo mexicano ha llevado a cabo con el gobierno de los Estados Unidos de América, relativos al tema migratorio. Estamos conscientes de que en los últimos años se ha reflejado un incremento en los números de ingresos irregulares a la Unión Americana a través de nuestra frontera compartida, compuestos, en su mayoría, por personas provenientes de Centroamérica.
Entendemos también la difícil situación que viven miles de personas en los países de los cuales proviene la mayor parte de la población migrante, incluyendo situaciones de inseguridad y crisis política prolongada, así como altos índices de violencia de género e inestabilidad económica. Para muchas personas, para muchas familias, la cotidianidad es imposible de afrontar, así que la única opción viable es la de migrar con la intención de solicitar asilo en un país vecino.
En México nos solidarizamos con la migración forzada, y hemos recibido históricamente a un gran número de solicitantes de asilo; la legislación nacional tipifica el asilo, y existen instituciones específicamente designadas para su atención. De igual manera, el país es firmante de distintos tratados internacionales que refrendan nuestro compromiso con la acogida de poblaciones vulnerables, así como con la protección de los derechos humanos de toda persona que ingrese a nuestro territorio.
Sin embargo, desde que, a finales de mayo, el gobierno de los Estados Unidos comunicó su interés por que nuestra nación suscribiera un acuerdo de “tercer país seguro”, las senadoras y los senadores que integramos la LXIV Legislatura nos hemos pronunciado en absoluto rechazo a tal medida. Primeramente, porque México no es un país que cumpla con las características necesarias para poder ser considerado en ese tipo de categorización.
El gobierno de México ha demostrado gran capacidad para colaborar en la materia con su similar de los Estados Unidos, por ejemplo, mediante el Programa “Quédate en México”, y por medio de un robustecimiento de controles fronterizos que, en los 45 días planteados como periodo de prueba, implicaron una reducción del 40 por ciento en los ingresos irregulares al país. No obstante, la posición de esta administración, que compartimos en el Senado, ha sido insistir y exigir reiteradamente que la migración se asuma como una responsabilidad compartida y un reto regional que se debe afrontar de manera conjunta. Compartimos también la visión que promueve la inversión y la cooperación para el desarrollo en Centroamérica, como la única respuesta real para detener la migración forzada.
Las senadoras y los senadores que conformamos esta LXIV Legislatura reiteramos nuestra solidaridad con la postura del Ejecutivo, en torno a no aceptar la propuesta estadounidense relativa a la designación de México como tercer país seguro. Para todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, tal acuerdo no es aceptable e implicaría para México una responsabilidad desmedida en la materia, simplemente por una realidad geográfica incambiable.
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, integrada por los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios, expresa su unidad en torno al rechazo absoluto de tal acuerdo, y quienes la conformamos aseguramos que ningún integrante de esta Legislatura emitirá un solo voto a favor de que México se convierta en tercer país seguro.
En este documento, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República expone las razones de esta decisión.
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